La “Ley Magno” también conocida como la “Ley Manlio” por su impulsor Manlio Magno López Contreras, que será presentada en el Senado para su discusión este 14 de febrero, supuestamente busca defender la “presunción de inocencia de los hombres” en México acusados de violencia machista.
Hablamos de una propuesta que ignora la realidad social y jurídica del país en la que el 95% de los casos de violencia machista en México quedan sin condena. La presunción de inocencia es una garantía presente en cada fase del proceso penal mexicano; los acusados en un procedimiento penal no pueden ser condenados sin pruebas y sin el debido proceso.
De hecho, quienes lidiamos con casos criminales por violencia machista en México observamos que el Código Nacional de Procedimientos Penales en México peca de generosidad con las oportunidades que ofrece a los acusados de escapar de la condena; por no hablar de la Ley de Amparo que viene a multiplicar las posibilidades de impunidad. Cabe mencionar que esta circunstancia, junto con los plazos de prescripción y caducidad (plazo máximo para perseguir un delito) y la ineficacia con la que trabajan muchas -la mayoría- de Fiscalías, explica que miles de delincuentes machistas no enfrenten jamás una condena en México.
La propuesta de “Ley Magno” es absurda desde un punto de vista legal y su finalidad real es obstaculizar todavía más la justicia para las mujeres. De contar con el apoyo del Senado se trataría de un incumplimiento flagrante, entre otros, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, creando un conflicto jurídico importante; y es que la “Ley Magno” resultaría también contraria al Protocolo de la Suprema Corte de Justicia para Juzgar con Perspectiva de Género.
Por otro lado, no podemos perder de vista que lo que también pretende la iniciativa es censurar a los medios de comunicación, para que no puedan hablar de los casos de violencia machista. Quienes la proponen, hablan sin reparos de “prohibir” la libertad de prensa por las supuestas “injurias” que han vivido ellos. Esto es, quieren amordazar a las víctimas, a la prensa, a las familias y a las colectivas. Cada vez que un acusado de violencia machista (en cualquiera de sus grados y tipos) sale a exclamar “injurias” ante investigaciones periodísticas y buscar venganza contra las y los periodistas, víctimas y colectivas, hay un eco que me recuerda a Lydia Cacho y lo que supone dejar que la represión campe a sus anchas contra el periodismo.
En resumen, es una propuesta fantasiosa, como lo es su principal promotor, quien va diciendo que mi hermana, Cecilia Monzón, lo acusó falsamente y que ese es el origen de la propuesta. Lo anterior lo manifiesta sin ningún pudor, a pesar de que existe, por ejemplo, una resolución judicial que declara probados los hechos denunciados por mi hermana y confirma la violencia política de género ejercida por el ciudadano en cuestión, condenándolo en el año 2018. En cualquier otro país esto sería suficiente para que el individuo se retirase de la vida pública e, incluso, que tuviese algo de vergüenza y dejara de pronunciar el nombre de una mujer que luchó hasta el último día de su vida contra la violencia machista.
No es el caso. De hecho, dado lo fácil que es rebatir la premisa con la que buscan justificar la “Ley Magno” y las graves deficiencias jurídicas de la propuesta, que caen por su propio peso, es evidente que lo que busca el principal promotor no es una ley sino un foco mediático para erigirse como representante del machismo más atroz.
Abogada
