El respeto a la voluntad popular expresada por los ciudadanos en las urnas se ve rebasado cuando, de forma por demás inductiva, las autoridades electorales estatales, que tienen como obligación garantizar el acto democrático, sucumben ante el poder gubernamental y los compromisos del orden político que los motivan a actuar al margen de la legalidad y a responder a los intereses de un grupo político o de quien eventualmente los colocó en esa encomienda.
Muchos de los órganos estatales electorales se han corrompido de forma evidente y, simple y de manera llana, atienden al interés que electoralmente importa al gobernante en turno. Transgreden la legalidad y, sin importar, rompen cualquier principio que busca enaltecer el sublime proceso democrático de elegir a quien nos gobierna o representa en los órganos legislativos.
Hay un principio inalterable: todo aquel que vota puede ser votado; sin embargo, las autoridades electorales estatales, excediendo sus facultades, interpretan a modo la ley y la acomodan para atender la instrucción de “sus jefes” que, por supuesto, no son el pueblo de México y, de esta forma, cancelan el derecho inherente que tiene cada ciudadano mexicano de participar libremente en cualquier proceso democrático al que legítimamente tenga acceso. La autoridad electoral que se excede en la interpretación o aplicación de la ley incurre, simple y llanamente, en corrupción.
Hoy, no solo basta garantizar el respeto a la voluntad que se expresa en las urnas, es necesario que se respete la voluntad de los partidos políticos que, mediante sus procesos internos, deciden cuál es la propuesta que define a sus candidatos, aunque esto parezca o no democrático ante los ojos de quien sea. La vida interna de los partidos se rige por sus propios estatutos, y los órganos jurisdiccionales en cada ámbito y en cada espacio jurídico atienden y deben interpretar cabalmente lo que de forma normativa se expresa para cada fin electoral.
Recurrir a las instancias jurisdiccionales es un derecho y una obligación cuando el abuso por parte de cualquier tipo de autoridad, ya sea gubernamental o del propio partido al que se pertenece, es evidente.
Por ello, nadie debe permitir el abuso y los actos que emanan de la discriminación para cerrar el paso a un actor político en ninguna parte de la república mexicana. El falso sentimiento de pertenencia se expresa cuando este se antepone para cumplir el capricho de aquel que circunstancial y transitoriamente ostenta el poder.
México es y debe seguir siendo un país de garantías. Las decisiones que se toman solo aplicando “la voluntad de dios en los bueyes del compadre”, no solo deben, tendrán una repercusión jurídica. Aunque sea para pocos, la memoria histórica queda para juzgar la actuación de aquellos que hoy tienen en su mano la defensa y la responsabilidad de atender con transparencia y cabalidad el proceso democrático que, el próximo 6 de junio, permitirá que en las urnas se vuelquen la voluntad popular y la decisión ciudadana de quiénes habrán de representarnos.
En el próximo proceso electoral, el papel de organizaciones civiles y de observadores electorales será crucial para evitar la intromisión del poder económico y político en cada entidad de la república mexicana. En estos momentos hay elecciones que por su propia naturaleza son focos rojos que motivan a algunas organizaciones, incluso internacionales, a centrar su trabajo en ellas. Este próximo 6 de junio, la denuncia es el instrumento que de forma oportuna impedirá que alguna elección interrumpa su curso cuando el que gobierna sienta que los números no le favorecen.
