Como lo comentamos en la columna pasada, era jurídicamente elemental que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) se pronunciara a favor de la aplicación de la consulta a la que se someterá el jefe del Ejecutivo federal, como consecuencia de que la Revocación de Mandato se elevó a rango constitucional.
La consulta se llevará a cabo en los tiempos legales establecidos, y el pretexto de la falta de recursos económicos no será argumento para frenar el ejercicio al derecho constitucional que, hoy, tiene la sociedad mexicana. Aun y cuando los opositores al gobierno de la 4T pretendan crear la idea de que este derecho responde a una actitud caprichosa del jefe del Ejecutivo, esto queda sin efecto, ya que es elemental que, ante la falta de recursos que reclama el INE , seguro este habrá de reducir el número de casillas que se instalarán para instrumentar este ejercicio democrático; lo que, de forma elemental, restringe el número de participantes.
El porcentaje de participación avalará la importancia que tiene este tipo de actos democráticos ; es decir, de entrada, ya existe desventaja para la 4T, por lo que es improcedente cualquier argumento que pretenda desvirtuar el objetivo por el que debe llevarse a cabo la consulta popular.
La participación de los ciudadanos es fundamental y las instituciones y organismos pertenecientes al Estado deben acreditar tangiblemente su voluntad politica, promoviendo estos actos de ejercicio democrático. La democracia no puede ni debe constreñirse a los recursos económicos que existan.
La división al interior del Consejo General del INE, que motivó la resolución de posponer la consulta, acreditan la falta de contundencia en la argumentación para pretender aletargar el cumplimiento de esa disposición legal; ojalá y esa división se dé como consecuencia de una interpretación legal, y no así, por asuntos de orden ideológico o moral.
La ley está por encima de las ideas, por muy respetables que estas sean, por ello es plausible la decisión de la Corte, que recuerda a todos los servidores públicos su deber de constreñirse y sujetarse a la ley aplicable.
La democracia en el mundo ha tenido un proceso evolutivo que, cada vez en mayor medida, se perfecciona y garantiza la voluntad popular; por ello, esta resolución a favor de la consulta coloca en el espacio que le corresponde, y en su justa dimensión, a todos y cada uno de los actores que habrán de participar en ella, incluyendo, por supuesto, el derecho del pueblo de México a realizar cualquier acto democrático.
De refilón
También, como lo comentamos en este espacio, diciembre sería el mes en que habría de avizorarse a los abanderados de las diferentes fuerzas políticas partidistas que habrán de participar en la renovación de las seis gubernaturas en 2022. Aguascalientes , Durango , Hidalgo , Oaxaca , Quintana Roo y Tamaulipas son los seis estados de la república mexicana que habrán de vivir en el año entrante el proceso democrático de votación para elegir a sus gobernantes.
La efervescencia se mitigó un poco como consecuencia de los festejos de Navidad y Año Nuevo; sin embargo, estos habrán de recrudecerse a partir de la primera semana de enero, cuando inicien las precampañas para definir a los abanderados de cada instituto político, procesos que, como hemos mencionado, pueden, incluso, ser más cruentos que las propias campañas constitucionales.
El partido Morena ya definió quiénes serán los hombres y mujeres que encabezarán la elección por venir:
Nora Ruvalcaba Gámez en Aguascalientes, Marina Vitela Rodríguez en Durango, Julio Menchaca Salazar en Hidalgo, Salomón Jara Cruz en Oaxaca, Mara Lezama Espinosa en Quintana Roo y Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas, fueron elegidos, el pasado 22 de diciembre, como Coordinadores de Comités de Defensa de la 4T; para muchos, la interpretación es que serán los candidatos formales para el próximo proceso, sin embargo, Morena está obligado a cumplir con los tiempos electorales y la formalidad necesaria para la elección de candidatos.
