Gran disyuntiva, para muchos, representa el regreso a clases presenciales en las diferentes escuelas de todos los niveles que, a lo largo y ancho de nuestra república, ofrecen ese servicio esencial a la población.
Durante más de un año, los planteles educativos, tanto públicos como privados, suspendieron las clases presenciales como parte de los protocolos y medidas implementadas para evitar los contagios del terrible SARS-Cov-2 entre la población. Esta determinación fue una de las tantas medidas que el responsable de la salud pública que atiende la pandemia implementó para evitar un mayor número de resultados fatales como consecuencia de este mal que aqueja a la humanidad.
Aunque muchas universidades, en algunos estados de la república, ya toman clases presenciales observando protocolos que las autoridades educativas de esos planteles han instrumentado, hoy la determinación por parte de la Secretaría de Educación respecto a que los educandos regresen a las aulas de forma masiva ha generado ya, innegablemente, un efecto político con diferentes posiciones respecto a este tema, manifestadas por partidos y actores políticos de nuestro país.
Importa destacar el hecho de que el volver a clases, como lo subrayó la propia secretaria de Educación Delfina Gómez, requiere de un plan debidamente implementado y ejecutado para generar certidumbre entre los alumnos y padres de familia que atiendan el llamado de la responsable de la educación pública de nuestro país.
El jefe del Ejecutivo federal ha sido enfático en sostener que esta decisión empezará a generar un clima que se adecue a la nueva normalidad de la que todos hablamos, y de la que debemos estar conscientes, hoy, aplica para la humanidad; pues está claro que la llamada nueva normalidad es muy probable se quede como la normalidad futura de las generaciones por venir.
Entonces, es importante que las autoridades, en todos los ámbitos, decidan si es tiempo ya para enfrentar esta nueva y terrible realidad.
La decisión de la secretaria de Educación está y estará supeditada a cualquier determinación, recomendación o sugerencia que manifieste el responsable en materia de salud pública respecto a la pandemia, el polémico Hugo López-Gatell. Él es el experto, él es quien decide los protocolos a seguir con base en su capacidad profesional e inherente a su función pública, él es el único responsable de las buenas o malas decisiones que, respecto a la atención de la pandemia, se generen en todo el contexto del ámbito gubernamental, no solo en el ámbito federal, también su injerencia toca el ámbito local.
Si la decisión de ir a clases presenciales coloca en riesgo la salud de millones de educandos, López-Gatell es el obligado institucional y moral para decirlo, ya que su deber es anteponer la salud y la integridad física ante cualquier otra condición de la población.
Es decir, si ya es tiempo de vivir y asumir la nueva normalidad, López-Gatell tiene que manifestarse de cara a la opinión pública con la responsabilidad que aceptó tener durante todo este tiempo, como responsable de evitar contagios y muertes en nuestro país.
