La resolución acordada por parte del Instituto Nacional Electoral ( INE ), en voz de sus consejeros, que difiere sin fecha determinada la consulta de la revocación de mandato, en la que habría de preguntarse sobre la continuidad del jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno, se puede centrar en aspectos del orden financiero, como así lo argumentó el propio Instituto, pero sin desestimar los argumentos de carácter político; pero en el fondo, esta resolución, aún y con la autonomía que es de reconocerse para esa institución, aletarga todo un proceso social y político al que tiene derecho cualquier sociedad del mundo.
La implementación y la legalización de este proceso se generó en otro poder distinto al Ejecutivo, el poder Legislativo, el cual, hace más de dos años, aprobó este procedimiento democrático; este poder, en voz de los representantes del pueblo de México, decidió aprobar la reforma constitucional que prevé lo que hoy el INE manifiesta está impedido a realizar, como consecuencia de falta de presupuesto.
No se notó, por parte de su presidente, ningún esfuerzo para obtener recursos para este fin, como sí se ha observado lo ha hecho en otros años para sostener la lonja administrativa y burócrata de esa institución.
El INE es la instancia donde la democracia sienta sus reales. Es el espacio donde el derecho a votar y ser votado se consolida. Siempre habrá de reconocerse a una institución comprometida con independencia en las facultades que la ley le concede, en donde la legalidad prevalece como eje central y como el faro que guía nuestra vida democrática . Es una instancia que merece el respeto de los poderes que conforman nuestra república y el reconocimiento de la sociedad mexicana; sin embargo, en los últimos años, este Instituto ha excedido en muchas ocasiones la interpretación de sus facultades, se ha erigido como corte suprema y han tomado decisiones que han sido un flagrante atentado en contra de ese derecho, que la democracia requiere para perfeccionar la sociedad de una nación.
La voluntad política no es potestad de una sola instancia y, mucho menos, de un actor político; la voluntad para facilitar los procesos democráticos es una obligación de cualquiera que se llame democrático; entonces, qué aberración más grande que la instancia encargada de fomentar y cristalizar con legalidad la democracia en México, a destiempo, anteponga complicaciones administrativas o económicas para garantizar a los mexicanos este proceso democrático.
La sospecha de la intención de por qué se hace tiene variantes naturales. Tanto esta resolución, como el porqué existe el impulso de fuerzas políticas para que se realice la consulta. Cada uno puede tener un cúmulo de razones y exposiciones políticas, así como argumentos de carácter legal, para fomentarlo o para impedirlo.
La sospecha de uno u otro lado, en política, es hasta cierto punto justificable; pero, ese sospechosismo no opera en las instituciones a la hora de cumplir con su obligación institucional.
La alineación de fuerzas políticas opositoras al gobierno del primer mandatario Andrés Manuel López Obrador, que vitorean esta resolución, pareciera indicar que la motivación para postergar el ejercicio ciudadano es totalmente política. La forma en que se dividió la votación de los consejeros electorales es muestra clara de que, al no existir unanimidad, la sospecha de la motivación se justifica.
Sería muy lamentable que al interior de la suprema instancia democrática de México se encuentren posiciones ideológicas que se sobreponen a la legalidad, a la voluntad del poder Legislativo que, simple y llanamente, representa los intereses del pueblo mexicano.
Sería muy lamentable pues, que los hombres y mujeres en quienes está depositada la confianza, hoy no actúen con la verticalidad y el compromiso que la nación mexicana demanda.
