¿Será que autoridades con mayor jerarquía permitan que gobiernos estatales o municipales, aprovechando el poder que ejercen, criminalicen a sus adversarios y se aprovechen de su posición para frenar las legítimas aspiraciones de aquellos que han decidido dedicarse a la vida pública y política?
¿Será que la procuración de justicia se utilice para complacer componendas políticas y voluntades de poderosos gobernantes que no creen en la democracia, y que solo atienden con perversidad sus aspiraciones políticas y personales?
¿Será que no habrá diferencia con regímenes anteriores, calificados de represores que fabricaban culpables por pedido o por el simple hecho de allanar el camino electoral para sus aliados?
¿Será que las víctimas, a través de campañas mediáticas, se conviertan en victimarios?
¿Será que el poder del dinero y los poderes político y gubernamental puedan más que la voluntad de aquellos que se comprometieron y juraron ser justos y democráticos?
Me niego siquiera a pensarlo, y muchos, como yo, nos negamos a creerlo.
La izquierda mexicana que hoy gobierna debe ser distinta a los gobiernos anteriores emanados de una creencia ideológica que reprimió, persiguió, encarceló y provocó el sufrimiento injusto de miles de familias, solo por atender a su soberbia y al efímero poder gubernamental que ejercieron.
La izquierda mexicana, hoy, tiene la gran oportunidad de erguirse como defensora de los derechos fundamentales de las personas, defensora de la libertad, de la democracia y de todos aquellos preceptos con los que formamos nuestra vida pública y que le dan origen a nuestra forma de pensar.
Hoy, es la oportunidad de que la izquierda acredite que somos distintos, que somos diferentes, que podemos promover la reconciliación a través de una justicia estrictamente apegada a la legalidad, con certeza y veracidad, con evidencia contundente para acusar y nunca fabricada, cumpliendo de forma cabal con las leyes que nos rigen y permiten el equilibrio social.
Todos aquellos que creemos en la izquierda estamos obligados a respaldar y confiar en la palabra y las acciones del primer gobierno que emana de nuestras creencias. Por eso, la denuncia pública y la evidencia en torno a las acusaciones hoy deben ser contundentes para evitar, siquiera, la sospecha de que la actuación responde a revanchas o venganzas guardadas.
Este es el reto, esta es la oportunidad histórica, las actuaciones denostables, injustas, represoras, donde el abuso del poder era la práctica cotidiana, deben quedar en el olvido, y ser solo adjudicables a los gobiernos anteriores a la 4T.
Nos aproximamos a un proceso electoral que estará plasmado de denostación, de descalificación, de campañas negras promovidas por el rencor, la venganza o incluso el temor y, posiblemente, esa perversidad se genere en actores que no han comprendido el mensaje del primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, que pugna por el perdón, el amor, el bienestar y todo aquello que enaltece la vida humana. La Guía ética para la transformación de México es la filosofía que acompaña las acciones a realizar, que compromete a propios y extraños, al pueblo y al gobierno.
Somos muchos quienes confiamos y creemos en esa ideología, basada en un justo ejercicio gubernamental, que jamás se disocia del sentimiento humano que permite sentir en carne propia el sufrimiento ajeno; a todas aquellas víctimas que hoy ejercen el poder, jamás deben repetir en su actuación los vergonzosos actos denostables basados en la calumnia y el rencor. El Estado mexicano y la justicia no pueden, ni deben estar al servicio de los gobiernos en turno. Todos estaremos atentos de lo que suceda en San Luis Potosí y otros estados de la República.
