El flagelo de la inseguridad que proviene del crimen organizado ha causado grandes estragos en la sociedad del centro del país. Hoy, en Zacatecas se registran hasta 20 homicidios en un día, los cuales provienen de la actividad de los cárteles que prácticamente han llevado al terror a los habitantes de esa región.
El gobernador zacatecano David Monreal ha sido puntual en manifestar que la obligación de combatir este lamentable mal pasa por la participación de los órganos de gobierno responsables de la seguridad pública y también de la sociedad, que debe constituirse en actuante y repudiar, de todas las formas posibles, los crímenes cometidos por estas organizaciones.
Los homicidios han alcanzado un nivel de saña y de evidente odio y desprecio hacia la vida humana. No solo no se respeta la vida, los criminales promueven el miedo y el terror entre los habitantes a través de la difusión de imágenes de restos humanos.
Hace algunos días, el Ejecutivo federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo acto de presencia en la zona en conflicto para manifestarle al gobierno del estado que no está solo, que el gobierno federal, de forma irrestricta, habría de actuar en contra de estos criminales y a favor del pueblo zacatecano.
Esa entidad, sin lugar a dudas, se convirtió en el espacio en donde se han registrado en los últimos meses los más altos índices de homicidios, con tintes y sello del crimen organizado dedicado al tráfico de narcóticos, secuestro y extorsión.
Y por eso, otros estados colindantes con Zacatecas han iniciado contundentes operativos, y han aplicado todos los recursos a su alcance para evitar el desplazamiento de estos grupos delincuenciales a sus zonas limítrofes.
El gobernador potosino Ricardo Gallardo Cardona logró la implementación de grupos de reacción ex profeso para combatir a estos delincuentes, y logró ampliar el equipo táctico necesario para este fin; lo más relevante es que lo ha hecho sin los suficientes recursos públicos, ante el evidente saqueo que hicieran los pasados gobiernos, los cuales, en el rubro de seguridad pública, fueron omisos en atender con la determinación y el valor con que, hoy, Gallardo Cardona lo hace.
El interés del gobierno federal y la actuación de los diferentes niveles de gobierno se plasmaron el día de ayer cuando la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se reunió para perfeccionar acciones y blindar al estado potosino, junto con los alcaldes que también tienen obligación en esta materia. Es de destacar la coordinación y el trabajo conjunto de los gobiernos federal, del estado y de los alcaldes de San Luis Potosí, Enrique Galindo, y de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola.
El acompañamiento de la sociedad en su conjunto es obligado y necesario, así como de los medios informativos locales que, en muchos de los casos, realizan apologías delictivas, más que sumar esfuerzos para combatir a esta ilícita actividad.
La autoridad responsable de la seguridad pública tiene la obligación institucional de combatir cualquier acto delincuencial; sin embargo, la única forma de evitar la comisión delictiva es cuando exista un estado de conciencia social en plenitud. Y a ello se ha referido el jefe del Ejecutivo, quien ha insistido en atender el problema desde su origen.
Hoy, en materia de seguridad la mejor forma de blindarse es a través del esfuerzo conjunto entre autoridades y los diferentes sectores de la sociedad; cuando esto se logra, no hay cabida para delincuentes que lastimen el bienestar de los pueblos que pretenden dominar.
