El gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se reunió recientemente con 6 de siete diputados federales electos en el pasado proceso electoral, que tuvo verificativo el 6 de junio. De las siete diputaciones federales que se renovaron, seis se consolidaron dentro del grupo de Ricardo Gallardo, y una más para el partido Morena.
Aunque las candidaturas estuvieron arropadas por la coalición conformada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, la integración de los seis diputados al grupo parlamentario del PVEM se dio de forma natural colocando al grupo de San Luis Potosí, que lidera el gobernador electo, como el grupo político más fuerte al interior de la Fracción Parlamentaria del Verde Ecologista.
Habría que recordar lo importante que resultan seis diputados federales en el acompañamiento y definición del rumbo de las propuestas e iniciativas que provengan del Ejecutivo federal.
En la pasada legislatura, seis votos fueron los que permitieron que iniciativas como la creación de la Guardia Nacional fueran efectivas, al lograr el número de votos necesarios para su aprobación. Ricardo Gallardo y un grupo de legisladores emanados del PRD fueron fundamentales para lograr el número de votos requeridos para la aprobación de las iniciativas del Ejecutivo.
Nuevamente la historia se repite, y esta toma mayor relevancia cuando, en días pasados, en el encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador electo Ricardo Gallardo manifestó su acompañamiento al Ejecutivo federal y se declaró simpatizante de la Cuarta Transformación.
Hoy, su opositor de la derecha extrema, Octavio Pedroza, impugnó la elección, a pesar de que es imposible revertir el efecto político que de forma clara se da en el estado, y que refleja el desdén de los electores hacia la derecha potosina, al no otorgarles ni una sola posición en el Congreso federal.
Sin embargo, parece que este hecho no es lo suficientemente evidente para que quede claro que el PAN dejó de ser una opción electoral en el terreno gubernamental, y pretende violentar la contundente decisión de los potosinos que el 6 de junio decidieron que Ricardo Gallardo Cardona encabezara la nueva opción gubernamental.
Hemos reiterado que la estrategia que el candidato perdedor implementó se ha basado solo en la especulación y la guerra sucia, pretendiendo incidir en el criterio de los magistrados; y basó dicha impugnación en supuestos rebases de topes de campaña, lo que hoy sabemos no sucedió, es decir, el supuesto sustento legal con que se impugnó el proceso quedó sin soporte, ante la resolución que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE), en el sentido de que Ricardo Gallardo Cardona no excedió en ningún momento el tope de gastos de campaña, incluso, casi un margen del 25 por ciento quedó en reserva, y este no se utilizó.
Aún está pendiente por conocer la fecha en que habrá de resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
