Duro revés, por donde quiera que se le vea, recibió la derecha potosina en la semana que concluyó. Quedó claro que en San Luis Potosí están más que agrupadas las fuerzas conservadoras que durante más de 90 años gobernaron en esta entidad. Supuestos panistas y priistas se conformaron en un grupo político que durante 9 décadas ostentó el poder y, simplemente, utilizaron los partidos políticos como vehículos para lograr sus objetivos, sin importar la condición ideológica.
La consejera Carla Humphrey, en la pasada Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), informó sobre presuntas irregularidades respecto a los recursos públicos que el candidato perdedor de Acción Nacional, Octavio Pedroza, utilizó, provenientes del propio gobierno potosino, así como del actual gobierno tamaulipeco que conduce Francisco García Cabeza de Vaca.
Durante todo el proceso electoral, el PAN y el PRI, que conforman la alianza “Sí por San Luis Potosí”, señalaban a su opositor de recibir recursos ilegales y, hoy, resulta que todo indica que acusaban de lo que ellos eran culpables. El señalamiento sobre presuntos rebases en el tope de campaña de Ricardo Gallardo Cardona no prosperó y una vez más fue exonerado de esas imputaciones.
Pero, por si eso fuera poco, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador reconoció el triunfo, y manifestó que Gallardo Cardona es gobernador electo como consecuencia de la voluntad del pueblo potosino que el pasado 6 de junio así lo manifestó en las urnas.
Esto, ante la pregunta de un periodista identificado con el grupo político perdedor en esta entidad, quien, seguramente, no esperaba esa respuesta del primer mandatario.
La versión que tiene él de por qué lo encarcelaron “es que iba a participar y había otro candidato que era el predilecto, y entonces antes de esa elección, lo detuvieron personajes que ahora son famosos, que eran los que operaban en la Procuraduría General de la República, y se lo llevaron y lo encarcelaron y ya no se registró (como candidato ante las autoridades electorales) y una vez que ya había candidato, lo sacaron”, respondió el primer mandatario al periodista Omar Niño.
Y añadió: “Antes se usaba que si no era un candidato del agrado de quienes estaban en el poder, pues se les fabricaban delitos, eso yo lo padecí”.
Un importante número de miembros de la sociedad potosina considera que el embate político contra Gallardo, a través de algunos medios locales, ha sido la estrategia de los conservadores para tratar de incidir en las decisiones tomadas y que habrán de tomar instancias legales vinculadas con la vida electoral.
Es una estrategia simple, denostar y descalificar con acusaciones falsas a Gallardo Cardona para tratar de incidir en el criterio de quienes habrían o habrán de atender las impugnaciones presentadas en su contra, esa es la ruta que ha trazado el candidato perdedor Octavio Pedroza, quien pretende anular la elección.
Incluso, se notó la participación de un grupo autodenominado Frente Ciudadano Anticorrupción que, sin pruebas, acusa al candidato triunfador de quién sabe cuántos delitos; algunos comunicadores han hecho alarde del número de firmas presentadas, que por cierto no rebasan las 400, recabadas en casi dos meses.
Sin embargo, habría que recordar que el reconocimiento y la confianza a la actuación de Ricardo Gallardo quedó acreditada ya por 439 mil 343 firmas que los ciudadanos potosinos suscribieron al votar por él en el pasado proceso electoral.
Es tanta la soberbia de grupos de poder en esta entidad de nuestra república mexicana, que siguen sin entender que lo mismo vale la opinión y la elección del más modesto trabajador potosino, que del más encumbrado empresario de esta entidad.
En San Luis Potosí ha iniciado un proceso de cambio, que busca la igualdad social; para algunos resultará molesto, sobre todo porque habrán de terminarse privilegios obtenidos mediante el abuso del poder.
