El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentra próximo a resolver los procesos abiertos de las elecciones que el pasado 6 de junio tuvieron verificativo en nuestro país. Los magistrados de esa institución están a punto de hacer valer el derecho de millones de ciudadanos que ejercieron su voto y que, hoy, dependen de siete magistrados responsables de determinar la legalidad en los procesos electorales que fueron recurridos o impugnados.
Lo importante será que las resoluciones, respecto a las conclusiones finales, estén sostenidas con estricto apego a la legalidad; la técnica jurídica aplicada a cada resolución no debe ni puede atender a valores y factores del orden moral, creencias personales, simpatías partidistas y, mucho menos, a compromisos grupales.
El principio de derecho exige a cada autoridad el cumplimiento estricto de la legalidad y a la interpretación técnica que obliga a todo proceso de orden legal.
La voluntad del pueblo de México se hizo saber el pasado 6 de junio, y es obligación de todo mexicano, incluidos los magistrados, respetar la voluntad del pueblo.
El máximo ejercicio democrático es el que se expresó en las urnas el pasado 6 de junio, y nuestro pueblo no puede ni debe admitir un retroceso en el derecho primordial de las personas que, en este caso, se constriñe a la elección de quien habrá de representarnos o gobernarnos.
En recientes fechas, la polémica en torno a las resoluciones de orden electoral ha tenido gran efervescencia política y social; sin embargo, es y debe ser inamovible el peso jurídico a la hora de determinar cualquier tipo de resolución.
La verdad jurídica se impone sobre cualquier versión histórica, ya que ésta, la verdad histórica, muchas veces presenta diversos puntos de vista. El que promueve y el que defiende, cada uno se hace de su verdad; sin embargo, la ley se aplica con interpretación y con el antecedente de cada caso similar, es decir: jurisprudencia.
La verdad histórica, sin el acompañamiento de elementos probatorios de la misma, se desvanece sin certeza jurídica.
José Luis Vargas Valdez, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Felipe de la Mata Pizaña, Janine M. Otálora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón y Mónica Aralí Soto Fregoso están a punto de hacerle un servicio a la nación imponiendo la legalidad y la voluntad del pueblo de México, de lo contrario atentarán contra la democracia que se expresó el pasado 6 de junio.
El peso de los votos es el que debe erigirse en cualquier resolución que cuide nuestra vida democrática.
