El flagelo de la inseguridad que se observa de forma significativa en diferentes estados de la república, así como la violencia extrema que se plasma en la comisión de los delitos, muestra el avanzado deterioro social que durante décadas ha permeado en el territorio nacional.
La lucha entre cárteles que se da en las calles de los diferentes estados de la república deja una estela de terror que muestra la gran vulnerabilidad a la que está expuesto cualquier ciudadano ordinario, ante la comisión de estos actos delictivos.
Nunca se podrá erradicar las conductas que, fuera de la ley, algunas personas decidieron realizar. Desde tiempos inmemoriales, ha estado presente la conducta antisocial y delictiva, es decir, siempre han existido delincuentes; sin embargo, lo que sí es una obligación innegable es el combate frontal y decidido a estas prácticas por parte de las autoridades responsables de la seguridad pública en los diferentes estados del país.
San Luis Potosí, como cualquier otro estado, es víctima de esta muestra del deterioro social; por décadas, los gobiernos anteriores a la administración de Ricardo Gallardo Cardona abandonaron la entidad y trataron a los potosinos con indiferencia.
En los primeros cien días de gobierno, Gallardo Cardona acreditó su compromiso ante la sociedad, al ser San Luis Potosí el primer estado que destinó, durante este lapso, recursos públicos para la adquisición de equipo táctico para hacer frente a los grupos delincuenciales que han cruzado las fronteras colindantes con estados aledaños y han pretendido también sentar sus bases en la entidad potosina.
Vehículos Rino blindados, tipo SWAT, son vistos circular en los diferentes municipios de este estado y, en fechas recientes, lograron asestar, con ellos, golpes a la delincuencia organizada.
El reto del actual gobierno no solo es el combate a esos grupos, que viven del secuestro, el narcotráfico y la extorsión, la lucha del actual gobierno es también contra las viejas prácticas enquistadas en los órganos gubernamentales.
La contención del avance delictivo de alto impacto en San Luis Potosí está relacionada con la gobernabilidad que se requiere para generar un estado de felicidad en la población. El secretario de Gobierno de esta entidad, J. Guadalupe Torres, ha logrado de forma significativa la tan anhelada gobernabilidad, requerida para que todo ciudadano observe paz social.
Tanto grupos delincuenciales como malos servidores públicos de anteriores administraciones se resisten a lo que hoy es inevitable: el combate frontal y decidido demostrado por el actual gobierno, emanado del propio pueblo.
La maldita herencia a la que el actual gobernador se refiere incluye esas viejas prácticas y malas mañas, acumuladas, en el caso del estado, durante más de 90 años de abusos e indiferencia de los gobiernos, en los que solo algunas familias lograron un alto crecimiento económico, incluso, desmedido crecimiento económico. Esa indiferencia desestimó el avance en la descomposición social, que se generó ante el evidente abandono de gobiernos emanados del PAN y el PRI.
Ricardo Gallardo, quien se ganó la confianza del pueblo potosino, todos los días acredita el compromiso que en la campaña electoral adquirió, con su presencia en las diferentes comunidades a las que ofreció volver. Además, para sorpresa de muchos, en 100 días Gallardo ha visitado más municipios de los que, durante 6 años, su antecesor visitó. La única forma de conocer la necesidad del pueblo es el contacto con el mismo.
