El uso faccioso de la procuración de justicia o de instancias judiciales, es el clamor de algunos grupos, vinculados con la derecha, los cuales, a través de construir supuestos actos delictivos y armar todo un compendio de falsas noticias o notas a modo, pretenden hacer eco en los diferentes sectores que conforman nuestra sociedad.
Lo anterior resulta mucho más reprobable cuando, además, piden que el trabajo sucio lo realicen instancias gubernamentales ajenas a esos grupos, como es, en este caso, el gobierno federal y, a partir de ahí, generar una venganza política o frenar las aspiraciones de aquellos que son sus adversarios o enemigos, sin tener siquiera que ensuciarse las manos.
Hay un caso muy representativo, en el que por más y más que se pretende explicar jurídicamente, resulta innecesario, porque hay quienes no atienden explicación, ya que el objeto es insistir sobre la guerra sucia y ver hasta qué grado sus calumnias e infamias generan dividendos.
Por más que el gobernador electo de San Luis Potosí, quien triunfó en el pasado proceso electoral por un amplio margen como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, Ricardo Gallardo Cardona, ha tratado de explicar el proceso judicial del que resultó absuelto, algunos insisten en construir nuevas historias de forma dolosa, sin el menor de los sustentos y deformando los hechos o haciendo interpretaciones carentes del mínimo conocimiento legal.
Muchos se atreven a abordar temas jurídicos o a hacer reflexiones legales erigiéndose como expertos en la materia, sin el mínimo conocimiento de lo que hablan; y al hacerlo, denotan no solo su ignorancia jurídica que confirma su actuación dolosa y su exacta motivación. Esos actores no buscan justicia en la aplicación de la ley, lo que pretenden hacer es simple y llanamente obtener dividendos políticos.
Así pues, el proceso es sencillo: inician con una acusación de un peso legal específico como puede ser la colusión entre servidores públicos, que alguien, después, convierte en asociación delictuosa, para que otro, posteriormente, le llame crimen organizado, alguien más relaciona el crimen organizado con la delincuencia organizada y eso los lleva a pensar en narcotráfico y entonces, como receta culinaria, ¡listo! ya tenemos a alguien que podemos vincular con el narcotráfico, y si a esto le sumamos que la cereza al pastel es el terrorismo, pues de una vez hagámoslo terrorista.
Pues toda esta sarta de mentiras tuvo cabida en el pasado proceso electoral, pero este ya concluyó, por lo que la pregunta para algunos sería: ¿por qué continúa una campaña orquestada contra Ricardo Gallardo? La respuesta es muy sencilla: su adversario Octavio Pedroza impugnó la elección, con lo que algunos actores políticos, contrarios al actual gobernador electo, pretenden aprovechar esta condición legal a través de notas periodísticas o encabezados.
De esa forma, se tiene la posibilidad de repetir miles de veces la misma mentira para ver en cuántos que la leen y escuchan se convierte en verdad y así incidir en la opinión de quien habría de tomar una resolución. Este tipo de embates pretende redireccionar la imparcialidad en la situación de la justicia e incidir mediante la presión mediática en la voluntad en la opinión y en la decisión de autoridades tanto electorales, judiciales y/o de procuración de justicia.
Hace unos días se dirigió una carta al primer mandatario Andrés Manuel López Obrador, en la cual se pide que prácticamente se linche a Ricardo Gallardo. En el remitente, se incluyen nombres de personas vinculadas con actores locales que, ante su desesperación por la derrota obtenida, ahora se hacen pasar por organizaciones sociales que luchan contra la corrupción.
Dicha carta está respaldada por 108 firmas; sólo habría que recordar que el pasado 6 de junio cerca de 460 mil ciudadanos dieron su voto y su confianza a Ricardo El Pollo Gallardo, para que dirija los destinos de San Luis Potosí los próximos 6 años.
Habría que entender que la igualdad social empieza por atender la voluntad individual de cada ciudadano.
