Estando a menos de dos semanas de que se lleve a cabo el relevo en el Poder Ejecutivo Federal es necesario subrayar que con ello se abre la oportunidad nuevamente para poner en marcha profundas transformaciones en la sociedad mexicana, cambios que para su efectividad requieren de un respaldo constitucional y legal; coordinación con el Congreso de la Unión posible, dada su composición en ambas cámaras, y que es indispensable acompañar con una fundamentación jurídica y una justificación social sólida.
Uno de los temas que deben ocupar la centralidad de la agenda, es el Registro Nacional de Población (RENAPO) creado en 1980, con el propósito de materializar el mandato de la Ley General de Población en la creación de una base de datos de todos los mexicanos (y de los extranjeros residentes), información básica para expedir el documento oficial de identificación exclusivamente para los nacionales. Decir, que esto es práctica común en todos los países desarrollados, aparejado de la protección de los datos personales por demás sensibles.
No obstante, su construcción ha sido lenta, cobrando un verdadero impulso en 1996 con el inicio de la inscripción de toda la población para asignar individualmente la CURP, etapa que continúa no solo por tratarse de una actividad permanente, sino debido a un proceso de depuración, dando de baja las claves de personas que han fallecido, o aquellas que fueron generadas por error.
Esfuerzo que no se puede entender sin el trabajo sistematizado entre el RENAPO y los 32 Registros Civiles del país (más el aporte de la SRE en el servicio de naturalización y funciones consulares de inscripción de hechos civiles).
En un artículo anterior, habíamos enfatizado en la profesionalización de la institución del Registro Civil para llevar a buen puerto el monumental esfuerzo que significa que su personal capture y escanee todas las actas bajo su resguardo en la base de datos diseñada y supervisada por el RENAPO.
Ha llegado el momento de que ocurra lo mismo con el RENAPO, pues no se trata de una base de datos más a cargo del gobierno federal, sino la más importante en el Estado mexicano, sin que exista algún precedente similar, pues se constituye a partir de la información primigenia de la identidad personal certificada a través del acta de nacimiento. Información legal, que será complementada con la captura de los rasgos biométricos de cada mexicano y mexicana, que garantizará que cada documento de identificación corresponda con una persona física (real).
Círculo virtuoso, cuyos frutos podrán constatarse en los ámbitos de la seguridad, la salud, la educación, en los programas sociales, etc.
Esta base de datos en construcción, de conformidad con la normatividad poblacional (que no solo es federal, sino general, aplicable a los tres órdenes de gobierno), se convertirá en la única con esas características, la que podrán consultar las instituciones públicas y privadas con objeto de verificar la identidad personal, evitando con ello, la irracional medida de que cada una capture los datos biométricos de las personas, con el riesgo de un mal uso de dicha información.
Una muestra de ello, es que la información capturada (huellas dactilares, iris de los ojos, rostro y firma) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe pasar a custodia del RENAPO, esperando que suceda lo mismo con la información recabada por la SRE para expedir el pasaporte y por las instituciones bancarias y de valores, que estas últimas lo hacen, con fundamento en una norma emitida por la SHCP. Cuestión aparte es la información biométrica en poder del INE, que abordaremos en una siguiente entrega.
Por todo lo anterior, es impostergable que en la primera mitad de sexenio 2024-2030 se hagan las adecuaciones constitucionales y legales para transformar al RENAPO –hoy adscrito a la SEGOB- en un organismo público autónomo, con la intención de desterrar cualquier viso de sospecha en el manejo de la información personal. Con la advertencia de que es viable conciliar autonomía de gestión administrativa (que es la verdadera naturaleza de tales órganos estatales) con austeridad presupuestaria. Utilizando la misma estructura operativa con la que hoy cuenta, sumando la del Consejo Nacional de Población (CONAPO). En la segunda obra de nuestra autoría, se analiza en detalle los pasos específicos para tal cometido.
Que incluya, una reestructuración total de su personal de mando, que han podido sortear diferentes administraciones, y en los cuales existen sobradas dudas sobre su proceder, pues accedieron –contrariamente a lo ordenado por la ley- a que en el gobierno peñista se trabajara en un discurso por sustituir la CURP y las cédulas de identidad por la llamada “Clave Única de Identidad” que no prosperó, en un contexto de tres directores en el RENAPO en solo ese sexenio (sin contar que por todo un año estuvo acéfala la dirección general).
Si no fuera suficiente, en la administración federal que termina, el mismo personal del RENAPO logró que se aprobara en la Cámara de Diputados tal disparate en 2020 en medio de la pandemia (ahora con el nombre de “Cédula Única de Identidad”) que comprimía el asunto a una cédula digital, y que por fortuna no fue aprobada en la Cámara de Senadores; en 2023, se insiste con presentar una iniciativa de ley en esta última soberanía parlamentaria, conteniendo las mismas propuestas absurdas, bajo la figura de una CURP con fotografía, misma que fue rechazada. Huelga decir que esta permisividad fue posible, gracias a la presencia de un director general al frente del RENAPO, sin la menor idea de sus responsabilidades (egresado en ciencias computacionales).
En 44 años el RENAPO ha podido resistir tales embates, su permanencia y adversidades reflejan la bipolaridad de un México, en que conviven esfuerzos por institucionalizar la función pública y al mismo tiempo, las amenazas de ocurrencias devastadoras. Hagamos votos para que la futura Presidenta de la República comprenda que en el Estado hay demasiadas cosas importantes para dejárselas solo a los políticos, que está en juego el derecho fundamental a la identidad personal.
*Autor de las obras Derecho a la Identidad Personal y Cédula de Identidad en México, editorial Civitas&Universitas, 2022, hfernandezp@comunidad.unam.mx