Con los recientes resultados electorales federales y locales, la fuerza política mayoritaria en el país ha decidido trasladar de inmediato su abrumador triunfo al ámbito legislativo, anunciando que la reforma del Poder Judicial Federal será una de las primeras en aprobarse una vez comenzados los trabajos en ambas cámaras federales.
Para ello, consecuencia de la turbulencia cambiaria provocada por los grupos de presión, se ha prometido una encuesta y una ronda más del llamado parlamento abierto, con la intención de escuchar las opiniones diversas sobre un tema central en el futuro del país.
Debe advertirse, que abrir un foro “para todos” es asegurarse el estancamiento del asunto y su alargamiento indefinido, es un llamado a misa donde va quien quiere. Cuando lo que en realidad se necesita es que sean expertos los que opinen, huelga decir, que la única manera de cerciorarse de que se cuente con ellos, es que los órganos técnicos de los legisladores, propongan un portafolio para invitar a los más versados en el tema, por sus obras publicadas.
Para nadie es un secreto la insatisfacción que genera desde hace mucho tiempo la integración y conducción de los jueces, sean estos del fuero federal o local, al que se le suma la máxima instancia, la SCJN, envuelta en escándalos y polémicas resoluciones en los últimos lustros.
Siendo un despropósito salir en defensa de esquemas de reclutamiento y selección opacos, plagados de influyentísimo, nepotismo, sin descartar la compra velada del cargo, maquillados por supuestos concursos o procedimientos abiertos (“invitación a tres aspirantes”), amañados en su origen debido al conflicto de intereses entre los aspirantes y los miembros de los jurados. Pues si efectivamente se ha tomado la decisión de llevar a cabo una reforma a fondo, se debe poner énfasis en el mérito antes que la experiencia en el rubro (esta última, invocada recurrentemente para cerrar el paso a nuevos cuadros). Al final del día, son escasos los juzgadores que se involucran materialmente en la elaboración de las resoluciones, dejando en el personal técnico a su cargo -proyectistas- la formulación luego de que se ha determinado la orientación del fallo.
Concursos, cuyos criterios deben ser tener un perfil idóneo (licenciado, maestro o doctor en derecho), seguido de experiencia en la especialidad en que pretende incorporar (civil, mercantil, administrativo, penal, etc.), pudiéndose comprobar con la propia trayectoria como juzgadores, o con publicaciones de libros y/o artículos especializados. Con objeto, de incorporar nuevos talentos, por cada tres concursos, al menos uno debe recaer en un postulante proveniente de la academia o por la producción de sus obras publicadas. La composición de los comités de evaluación y selección deben estar constituidos de forma paritaria por jueces e integrantes de centros académicos, con voto de calidad del que los presida.
Por mucho que sea injustificable la continuación del sistema de hermandades y cofradías de jueces, incompatible con el Estado de Derecho, se debe descartar la elección por sufragio universal de los juzgadores en los tres niveles en que se desarrolla la impartición de justicia, en que, por cierto, no hay ningún antecedente a nivel mundial.
La discusión que debe centrar el debate es la forma de garantizar cuerpos de jueces y juezas, aptos para desempeñar el cargo, tratándose de un poder (el judicial) no político, alejado de los vaivenes de las preferencias de los votantes. Hoy a los que se desgarran las vestiduras en defensa de la autonomía judicial, se les olvida que casualmente la connivencia entre los impartidores de justicia y cada gobierno en turno, federal o estatal, fue lo que propició el estado actual de descomposición.
Por descargo de prueba, hay que decir que muchos de los que forman parte del actual y próximo gobierno federal, tuvieron la oportunidad de intentar tales cambios cuando llegaron al poder en la capital del país en 1997, sin embargo, con pragmatismo optaron por acomodarse al ancien régime y mirar para otro lado.
La emergencia que vive la República, en términos de inseguridad, requiere voluntad política, mesura y eficacia. Si no se tiene alguna de las tres, es mejor no dar el paso siguiente, pues los recursos humanos y materiales (incluyendo lo mediáticos, nacionales e internacionales) con que cuentan los que se oponen a esta y demás reformas son inmensos. En la memoria debe quedar el ridículo que se tuvo en 2019 cuando se anunció una reforma electoral y que se estancó en los foros de consulta pública, con el consiguiente reforzamiento de la estrategia para denostar cualquier intento de modificación.
Un año antes, en 2018 escribimos el artículo Libro blanco: por una legal transformación en donde insistíamos en que un verdadero cambio de las instituciones debía transitar por reformas legales bien fundamentadas y no hechas sobre las rodillas. Que, para ello, la trasformación debía empezar con recuperar el carácter técnico de las comisiones legislativas, que desde una óptica política representan “un espejo” de cada una de las secretarías de Estado, dejando de ser un reducto de pago de cuotas y favores a personas que contribuyeron en la etapa de las campañas políticas. Pues de esto depende, llevar a puerto seguro cada etapa del proceso legislativo.
Ahora, es esencial que el Poder Legislativo Federal cuente en todo momento del acompañamiento de un grupo de expertos que provengan de países exitosos en reformas al poder judicial, como son España, Argentina y Brasil.
Solo así se puede augurar un éxito a una reforma que cambiará el rostro de un país corrupto a un país de leyes, en que la autonomía de un poder no signifique impunidad, que los cargos públicos -en su naturaleza y financiamiento- no puedan estar secuestrados por ningún grupo social, ni por trabajadores alegando supuestos derechos adquiridos.
Que la soberanía parlamentaria, se hace en representación de la voluntad depositada en las urnas, y que debe ejercerse convenciendo y no venciendo.
Autor de las obras Derecho a la Identidad Personal y Cédula de Identidad en México, editorial Civitas&Universitas, 2022,
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