En la semana pasada, en la vorágine de acontecimientos que marcan la actual etapa del país, dos noticias han escapado a una discusión seria e indispensable dadas sus repercusiones en aspectos centrales como es la moral y la ética, sin pasar por alto el nulo impacto que tienen las mismas en las personas de a pie.
Entendiendo por moralidad, no el lugar donde crecen los árboles que dan moras como tradicionalmente ha ironizado la clase política, sino por aquello que modula lo permisivo y lo prohibido en una comunidad humana, fuente a su vez de las normas jurídicas que la regulan.
En efecto, el viernes 3 de mayo la Presidencia de la República da a conocer que una activista política, ex funcionaria de uno de los gobiernos que se dijeron una alternancia frente al autoritarismo, ha defraudado a la hacienda pública por casi dos décadas al cobrar un seguro de vida y varias pensiones por la muerte de su ex marido en el área de trabajo, puesto que solo desempeñó por cuatro meses y que pericialmente fue dictaminado, por ministerio de ley, como suicidio; cuyo monto del daño patrimonial a Pemex ascienden a más de 31 millones de pesos.
La forma en que se ha filtrado el expediente de la investigación, el escaneo de los documentos oficiales que prueban los dichos de las autoridades federales, han generado una oleada de indignación de grupos afines, concentrándose en condenar la exposición de la información confidencial, sin que hasta el día de hoy salga nadie a criticar –al menos de manera tibia- de que los presuntos delitos fueron realizados por alguien que encabeza una asociación privada dedicada a denunciar casos de corrupción en el ámbito público.
Hay que señalar, que la colisión entre privacidad e interés público ha sido abordada desde hace tiempo en diferentes latitudes civilizatorias como Alemania, Reino Unido o España, en que invariablemente se concluye que cada caso concreto es distinto, y que por lo tanto, no hay reglas únicas en la forma de resolver, incluyendo que la defensa de los derechos fundamentales no es absoluta.
En efecto, en casos de la comisión de conductas criminales, los tribunales han señalado que la prueba ilícita no puede ser desechada por completo, cuando se considere que de otra forma no hubiera sido posible conocer las conductas que deben ser penalizadas; un ejemplo, es la intercepción -sin orden judicial- de las telecomunicaciones, mismas que pueden servir para comenzar una investigación.
En el caso que nos ocupa, detrás de la prisa, se encuentra la desesperación de un gobierno a punto de finalizar, y el temor de que se declare consumado e irreparable el daño, favorecido por la lentitud y abierta hostilidad de poder judicial hacia el gobierno federal. Las pruebas irrefutables, filtradas por la autoridad, han desarmado tal estrategia.
La actuación del gobierno federal fue proporcional ante la flagrancia de corrupción y de que esta quede ocultada, pues se atiende a un bien jurídico superior como es la transparencia vinculada al derecho a la información en el destino de los recursos públicos. Lo único que se le puede reprochar, es no haber testado (invisibilizado) la información correspondiente a las imágenes del rostro, direcciones de residencia, correos electrónicos, etc., más no los nombres completos y los hechos certificados por autoridad competente que son esenciales para acreditar la afectación patrimonial a los recursos de todos.
Otro hecho no menos preocupante, ocurre días antes cuando se afirma que desde el fin de semana uno de los obispos de la iglesia católica en el Estado de Morelos, protagonista de reuniones–al margen de las autoridades- con grupos criminales para reducir la violencia en la región, estaba reportado como desaparecido, víctima de un secuestro exprés (extracción no del todo claro de dinero con su tarjeta bancaria); el día 2 de mayo las autoridades de seguridad pública de la entidad rechazan dicha versión alegando de que fue encontrado por personal de la Cruz Roja en una habitación de un motel, inconsciente y desnudo, a donde fueron requeridos para trasladarlo a un hospital privado, existiendo videos que demuestran su llegada al lugar de paso acompañado por otro hombre, registros que incluye el momento en que este último se retira del sitio. Si no fuera suficiente, se señala que de los exámenes de laboratorio practicados, se encontraron rastros de cocaína y de medicamentos para evitar la disfunción eréctil.
A más de semana y media de lo ocurrido, la fiscalía estatal sigue sin llevar a cabo las diligencias para que el religioso rinda sus declaraciones, deliberadamente postergadas por los jerarcas de la iglesia que lejos de pronunciarse sobre los indicios que presumen vergonzosos acontecimientos contrarios a la ética que dicen profesar y que en cualquier otro país ya hubieran causado un cisma en la propia iglesia, se encaminan a acusar a las autoridades de orquestar una campaña contra el prelado.
Es imperativo, por salud moral, como de la propia iglesia, que por interés público se den a conocer los videos -tomados en zonas abiertas- donde se demuestre su paso voluntario por el lugar, contrarrestando la intentona de presentarlo como víctima de persecución, incluso pidiendo el acompañamiento de toda la investigación de la representación del Vaticano, que contemple además nuevos e inmediatos exámenes de laboratorio.
Se puede estar a favor o en contra del gobierno en turno, lo que no se puede es operar ética y moralmente en sentido inverso a la lógica y a la razón ante las evidencias en ambos casos, apostando a linchar al mensajero olvidándonos del mensaje. Creer, desde una óptica opositora partidista, que los enemigos de sus enemigos (más no adversarios) son sus amigos, es la mayor muestra de la degradación de las instituciones públicas y sociales.
La sustitución de los principios de la honradez y la transparencia por el chantaje del victimismo, la pertenencia a un grupo social, ya sea de género o religiosa, es la antesala del precipicio como sociedad.
Autor de las obras Derecho a la Identidad Personal y Cédula de Identidad en México, editorial Civitas&Universitas, 2022,
