Ha comenzado una nueva administración federal, y en consecuencia empieza la curva de aprendizaje de las áreas que son competencia de los titulares de cada secretaría de Estado y demás organismos centralizados y descentralizados.
La responsable de la política interior del país, de la SEGOB, tiene entre sus atribuciones dirigir la política de identificación, depositada en el RENAPO. Teniendo una función cualificada, consistente en identificar individualmente a cada uno de los mexicanos y de las mexicanas, con el objetivo de formular e implementar políticas públicas eficaces y justas.
Como hemos escrito en otros artículos, al RENAPO lo acompaña una especie de claro-oscuros, resultado de un trabajo institucionalizado a partir del decreto presidencial de 1996 que pone en marcha la CURP, pero que en las últimas 2 administraciones (2012-2024) ha sido amenazado por fuerzas centrífugas (auspiciadas y toleradas desde la alta burocracia del RENAPO) para descarrilar uno de los mayores éxitos del Estado mexicano como ha sido dicha clave, así como pretender desvirtuar la emisión de las cédulas de identidad, que por mandato de la Ley General de Población se deben expedir, una para las personas adultas (Cédula de Identidad Ciudadana) y otra para los menores de edad (Cédula de Identidad Personal).
Nos enfocaremos en este artículo a describir esta última, sin ignorar la pertinencia de que se discuta una reforma constitucional-legal que determine una sola cédula para toda la población.
Lo cierto, es que si acaso hay un sector de la sociedad que merece toda nuestra atención dada su vulnerabilidad, y por lo que representa para el futuro del tejido social, es la niñez. De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, son todos aquellos menores de 18 años, mientras que para la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, considera a la niñez hasta los doce años y a los adolescentes entre esta edad y antes de cumplir los 18 años. De acuerdo con el último censo poblacional de 2020, los menores de edad representan poco más del 30% del total de habitantes en territorio nacional.
Lo que también es indudable, es que mientras no se alcance la mayoría de edad y no se puedan ejercer directamente cada uno de los derechos -y las obligaciones- es deber del Estado y de la familia tutelar el buen desarrollo de los menores de edad.
Empezando con proveerles -desde la esfera pública- de un documento de identificación que proteja su vida y su integridad física, conteniendo su nombre legal (nombre de pila y apellidos), imagen del rostro, nombre y firma de los padres o tutores, y todos los rasgos biométricos codificados (huellas dactilares, imagen del iris de los ojos) por los cuales se pueda verificar en tiempo real por autoridad competente, que se trata de la misma persona que porta el documento o los presuntos familiares.
Para ello es esencial, que previamente el Registro Civil haya cumplido con la encomienda de inscribir a cada nacido y nacida, medio por el cual se concreta el derecho humano a la identidad personal.
Precisamente, el RENAPO está diseñado -independientemente de la edad- para acreditar a través del acta de nacimiento a los mexicanos y mexicanas y expedirles el principal documento de identificación que ordena la Constitución y la ley en la materia.
En 2011, en medio de un conflicto generado por algunos consejeros del IFE -incluyendo el consejero presidente- contra la decisión del gobierno federal en turno de cumplir con la normatividad en la materia, no solo se impidió comenzar los trabajos para expedir la cédula para los adultos (ciudadanos), sino que se frenó -desde el Poder Legislativo Federal- los avances (de más de 5 millones y medio de registros) para expedir el documento de identificación a los menores de edad (solo se entregó un poco más de 1 millón y medio de cédulas frente a un universo de 25 millones de este sector poblacional). Se hizo a costa de las recomendaciones a favor de la UNICEF México, de la OEA y de la sociedad civil organizada en momentos que se incrementaba la inseguridad, pues a diferencia de las personas mayores de edad, los niños, niñas y adolescentes, no cuentan por obvias razones con una identificación medianamente certera como es la credencial electoral.
En efecto, debido a que la educación básica (primaria y secundaria) es competencia de cada entidad federativa, no existe un documento unificado por el cual se pueda garantizar plenamente la identificación del menor, no obstante, de algunos esfuerzos de instituciones educativas, pero en el nivel medio superior.
Se privó a los menores de edad de un documento que contendría los avances tecnológicos más importantes de entonces, avalados por la Organización Internacional de Estandarización (ISO). El argumento fue -promovido por el IFE y por las fuerzas políticas opositoras- en la desconfianza de que la SEGOB se hiciera cargo de los datos personales más sensibles de los menores de edad. Desde aquel fallido intento, no se han vuelto a alzar las voces de que es impostergable de que cuenten con un documento de identificación, blindándolo de cualquier mal uso por las autoridades; pues ahora existe la posibilidad de que al documento de identificación se le pueden agregar los avances de última generación, como es el chip electrónico que permita alertar la sustracción de un menor en cualquier parte del país, como en los puntos fronterizos, puertos aéreos y/o marítimos.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) al 15 de octubre de 2024 hay 105 mil 820 desaparecidas en el país, de las cuales 14 mil 374 oscilan entre 1 y 17 años, motivo suficiente para colocar en la agenda nacional el tema de la Cédula de Identidad dirigida a los menores de edad. En esa dirección se pronunció el Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU luego de su visita en 2021.
Si no fuera suficiente el nivel de alarma, en ese último año la SEGOB advirtió que el 24.70% de las personas desaparecidas eran mujeres, de las cuales el 55.30% eran niñas y adolescentes, cuyo porcentaje rebasaba el 60% en las entidades federativas del sureste, que a su vez colindan, con una de las zonas señaladas por la ONU (Centroamérica y el Caribe) como uno de los mayores focos de tráfico de personas con fines de explotación sexual o laboral.
Es tiempo ya que la clase política mexicana tome cartas en el asunto, se trata del futuro de la nación.
Autor de las obras Derecho a la Identidad Personal y Cédula de Identidad en México, editorial Civitas&Universitas, 2022, hfernandezp@comunidad.unam.mx
