Después de los sucesos ocurridos el viernes pasado en Texcaltitlán, Estado de México, en donde diez sicarios de la Familia Michoacana fueron asesinados por pobladores que llevaban una década pagando extorsión a este grupo criminal, algunos pobladores finalmente se decidieron a hablar.
Narraron que la Familia Michoacana les cobraba cuotas por “el agua, la madera, el combustible, por tener animales, por comprar comida, por las cosechas y hasta por hacer fiestas”.
“Ya no eres libre ni de ir al monte a cortar una rama porque te la cobran, el azúcar, huevo, la carne… si teníamos una fiesta, teníamos que avisar”, relataron.
Hace apenas unos meses, otro municipio del Estado de México, Valle de Bravo, se quedó sin gas. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas y Empresas Conexas reveló que el desabasto se había desatado a causa de las cuotas impuestas a los distribuidores por la Familia Michoacana.
Se denunció entonces que expendios de pollo, mercados, vendedores de materiales de construcción, propietarios de camiones de carga, conductores del transporte público, parapentistas, lancheros, gasolineros, restauranteros, panificadores y hoteleros se hallaban en la misma situación.
En muchos casos, La Familia Michoacana obligaba a los propietarios a surtirse con un mismo proveedor.
Un cuartel de la Guardia Nacional se instaló en la zona, pero no ocurrió nada. La extorsión sigue vigente.
Hace unos meses, también, empresarios de Tamaulipas denunciaron que en el estado prácticamente todas las actividades productivas se encuentran bajo renta por parte del crimen organizado. Zetas, Ciclones, Escorpiones, Metros, Cártel del Noreste y Cártel del Golfo azotan las 43 alcaldías que componen la entidad. Ahí nadie se salva: desde taxistas hasta locatarios, desde propietarios de talleres hasta dueños de hoteles, desde vendedores de llantas y de carne, hasta dueños de bares, hospitales y restaurantes.
Matamoros, Reynosa, San Fernando, El Mante, Victoria, Río Bravo, Miguel Alemán, Abasolo, Aldama, Camargo, Díaz Ordaz, Padilla, Güemez, Burgos, Cruillas, San Nicolás y Jiménez son solo algunos de los municipios en donde la extorsión forma parte de la vida diaria, y en donde las cuotas se pagan a tiempo y en silencio.
En Cuautla, Morelos, hasta los salones de fiesta son víctimas de extorsión. En los últimos meses, toda clase de comercios han sido incendiados o atacados por los grupos criminales que dominan la zona. Solo en el mes de noviembre, nueve negocios fueron presa de las llamas. En la lista había carnicerías, fruterías, fondas, bares, lotes de venta de autos y locales del mercado Hermenegildo Galeana. Incluso organizaciones de taxistas y representantes de los recolectores de basura denunciaron que el crimen organizado les había impuesto el pago de cuotas.
Los afectados intentaron hacer una marcha de protesta, para exigir la protección de las autoridades. Pero solo asistieron 25 personas, pues nadie quiso ponerse en evidencia frente a los tres grupos criminales que hoy dominan la extorsión en la segunda ciudad más importante del estado: Los Acapulco, El Comando Rex y Gente Nueva.
El obispo de Cuernavaca ha declarado que el 50% de los negocios de Cuautla se hallan bajo extorsión.
El titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, acaba de declarar que este delito ha crecido 20 por ciento en el estado durante el último año.
Los agremiados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Morelos denunciaron que al menos 30 por ciento de sus agremiados se encuentran bajo amenaza de algún grupo del crimen organizado.
El Consejo de la Masa y la Tortilla en Morelos reveló que el delito se ha disparado en la zona sur y oriente del estado, y que las víctimas no solo son los propietarios de los establecimientos, sino también los proveedores del maíz, lo que “ha forzado el incremento en el precio del producto”.
En Chilpancingo, Guerrero, 14 negocios fueron quemados en una semana a principios de año: marisquerías, locales del mercado, pequeños negocios de venta de ropa, así como ferreterías… Al mismo tiempo, propietarios de distintos negocios fueron asesinados: eran dueños de funerarias, talleres de motocicletas y tiendas de telefonía celular.
Miembros de la Canaco revelaron que los grupos del crimen organizado exigían hasta 100 mil pesos anuales “para dejarlos trabajar”.
En Chilpancingo es célebre la extorsión a los distribuidores de pollo: en una granja situada a solo 300 metros del retén de la Guardia Nacional fueron asesinadas seis personas entre las que se encontraba una niña de 12 años. En esa ciudad son extorsionados también los vendedores de carne de res y de cerdo.
En Acapulco, antes de la llegada de Otis, 14 negocios ardieron en un sola noche y 50 locales del Tianguis Campesino fueron incendiados. Varios locales de la Central de Abastos quedaron calcinados. Denunciaron empresarios: “La gente de trabajo pierde todo y es asesinada: Acapulco se desangra”.
Desde la Tierra Caliente hasta la Costa Grande, empresarios de la construcción, de negocios gaseros y de la industria de la tortilla han denunciado la extorsión de los grupos criminales, sobre todo en Zihuatanejo, Tecpan y Petatlán.
En Sonora se ha denunciado el cobro de cuotas a los mineros, los empacadores de fruta, los distritos de riego y los campos pesqueros.
La extorsión a aguacateros y limoneros de Michoacán provocó este año desabasto y encarecimiento de los productos.
Según datos presentados por Integralia, en cinco años del gobierno de López Obrador el delito que más creció fue la extorsión, que registró un incremento de 56 por ciento a nivel nacional.
Los hechos de Texcaltitlán son solo la punta más visible del iceberg: la constatación de un avance criminal que no se había visto en la historia de México: el legado de un gobierno que prefirió cerrar los ojos a una realidad que ahoga a cientos de miles de mexicanos.
