Mientras el presidente López Obrador celebraba en el Zócalo el quinto año de lo que ha llamado “el triunfo del pueblo”, en Taxco, Guerrero, la noche caía y cerraban en cascada tortillerías, pollerías, carnicerías, ferreterías.
El 29 de junio, un comando había atacado a tiros la tortillería “Grupo Misión”, ubicada en la avenida principal de esa ciudad. Dos personas cayeron bajo las balas y otras cuatro resultaron heridas. En medio de una explosión de pánico, comenzó el cierre masivo de negocios.
Los comerciantes lo atribuyeron al asfixiante hostigamiento de La Familia Michoacana, el cártel que es dueño y señor del municipio, cuyas células aprietan los negocios hasta extenuarlos, con el aumento de cuotas relativas al “derecho de piso”.
No hay negocio en el centro de Taxco que no se encuentre bajo renta. Solo la extorsión a los artesanos plateros deja al crimen organizado ganancias de más de un millón 200 mil pesos cada sábado. Unos 60 millones al año.
En los últimos meses se ha reportado la huida de decenas de comerciantes. La Familia Michoacana controla la venta de los principales productos: desde la cerveza y los refrescos, hasta las tortillas, la carne, el pan, el pollo, las frutas, las verduras, el agua de garrafón.
Son ellos quienes los distribuyen y ellos quienes le ponen precio.
El clima de inseguridad ha alcanzado niveles que nadie había vivido. Ocho días antes del ataque a la tortillería “Grupo Misión”, el edificio del Ayuntamiento, en pleno centro de la ciudad, fue desalojado. Había llegado una amenaza de bomba.
Militares acordonaron la zona y finalmente detectaron la existencia de cuatro granadas, tres de tipo artesanal y una más de fragmentación. El alcalde Mario Figueroa Mundo, del cuestionado Fuerza por México, intentó ocultar los hechos y sostuvo que el edificio estaba siendo fumigado a consecuencia de “una plaguita de animalitos”.
Según El Sur, los militares sacaron los artefactos en cajas herméticas, para detonarlas a las afueras de la población.
En los dos días siguientes, ocho policías municipales fueron privados de la libertad por integrantes del crimen organizado. Aparecieron varios días después atados de manos y torturados. Fuentes locales afirmaron que habían sido llamados a cuentas por el jefe de plaza “por no saber explicar cómo fue que aparecieron los explosivos en el Ayuntamiento”.
Desde el 6 de junio había ocurrido la desaparición del director de Protección de Civil de Taxco, Jaime Clemente Quiroz. Extrañamente, su ficha de búsqueda no fue publicada sino hasta el 30 de ese mes.
El presidente municipal Mario Figueroa había afirmado, apenas en abril, que Taxco era seguro: “el mejor municipio de Guerrero”. El alcalde dio como prueba que “tuvimos una Semana Santa como en ningún pueblo”. Participantes de esa celebración, los llamados “encruzados”, habían denunciado, sin embargo, que La Familia Michoacana los había obligado a comprarles a ellos las cruces, y exigía cuotas para permitirles tomar parte en la festividad.
Incluso el obispo emérito Salvador Rangel aseguró que había tenido que “pactar” con los criminales para que permitieran que la celebración transcurriera en calma.
Con absoluto cinismo, cuando la versión del obispo fue presentada a Figueroa, este respondió: “La verdad yo no estuve presente. Si hubiera estado presente, yo le dijera: ‘Sí, es cierto, él pactó’; pero como no estuve presente… no puedo hablar por él”.
A principios de junio de 2021, el jefe de La Familia Michoacana en Taxco, Roberto Carlos Zagal Jacobo, alias El Pelón (hijo de Ranulfo Zagal Maldonado, líder de ese grupo criminal en Taxco durante varios años y quien fue aprehendido en noviembre de 2020), mandó “levantar” a todos los líderes de organizaciones de Taxco –de transporte público, tianguistas de plata, empresarios de la masa, tablajeros, carniceros, panaderos y de camiones materialistas, entre otros–.
Los “levantados” fueron conducidos a Tectipac, en donde les giraron instrucciones para que sus agremiados votaran por Figueroa Mundo (ligado a Morena) y en donde se les ordenó que el día de la elección enviaran a determinados números telefónicos fotografías de la boleta electoral “debidamente marcada”.
De acuerdo con fuentes de inteligencia, Figueroa había llegado a un acuerdo con la Familia Michoacana luego de que el grupo criminal hubiera atentado en contra suya en diciembre de 2020. El cierre de campaña del candidato fue arrollador. Su triunfo electoral, también.
En los primeros meses de su administración fue acusado de haber “vendido” el municipio a La Familia Michoacana: el Cártel Jalisco anunció incluso que tenía un video en el que Figueroa se reunía con El Pelón.
Con su estilo tradicional, el alcalde ha declarado que se trata de acusaciones de “adoloridos”, porque “los dolores no se curan tan fácilmente”.
Se ha señalado que sicarios de La Familia circulan a bordo de patrullas de la municipal para secuestrar gente “y entregársela al Pelón”. Mientras tanto, en el municipio siguen los asesinatos, las desapariciones, los ataques a policías y funcionarios.
Cuando Figueroa llegó al poder, el Cártel Jalisco lo acusó de vender “la plaza” y advirtió: “Ahora Taxco será un infierno”.
Otra organización, Fuerza Guerrerense, formada por varios grupos, ha ingresado en el municipio a fin de disputárselo a La Familia Michoacana. La amenaza se cumplió: Taxco es un infierno cuyos fuegos no han logrado apagar la presencia visible del Ejército: hoy solo hay miedo, negocios cerrados, comerciantes que huyen.
Un fracaso más, un territorio entregado más, a cinco años del “triunfo del pueblo”.
