El viernes pasado, una fuente que varias veces me ha compartido información sensible, sin que esta haya sido puesta en entredicho jamás, me hizo llegar una carpeta que contenía un conjunto de supuestos cables confidenciales que presuntamente provenían de la embajada de Estados Unidos, e iban dirigidos a diversos organismos de aquel país.
La DEA, el Departamento de Justicia, el Homeland Security y el Departamento del Tesoro, entre otros.
La carpeta contenía también un mazo de estados de cuenta que registraban movimientos millonarios en un paraíso fiscal. En esos estados aparecía el nombre de un operador financiero del Cártel del Noreste cuyo rastro es hoy un enigma.
Pregunté a la fuente de dónde venían los documentos y si había certeza absoluta de que eran auténticos. Respondió que sí, y añadió que procedían de uno de los organismos arriba mencionados.
Pregunté si había manera de verificar su autenticidad con el propio autor de la filtración. Estuvo de acuerdo y ofreció ponerme en contacto con él. Ese contacto me explicó cómo habían llegado esos papeles a sus manos y aseguró que formaban parte de un expediente abierto en contra de políticos mexicanos financiados por el huachicol y los cárteles de la droga.
El embajador Ken Salazar declaró ayer que los documentos que publiqué el lunes no provienen del gobierno de los Estados Unidos. Pero mi fuente y el funcionario que los entregó se sostienen en lo dicho. Son buenos y prueban que hay dinero ilícito financiando la política.
Creo que de momento eso ya no importa. Frente a la postura del embajador (expresada, no a través de un documento oficial, sino de una monosilábica declaración de banqueta), no me queda sino disculparme con los lectores, y con los personajes que aparecen en los documentos que publiqué en esta columna: el senador José Narro Céspedes, y el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. ¿Me equivoqué? ¿Me engañaron? Ya se verá.
Creo, sin embargo, que nada de esto retira las sospechas sobre financiamiento ilícito, ni mueve un centímetro el laberinto de contradicciones en que ambos políticos han incurrido con respecto al tema de los marinos desaparecidos y su reunión, documentada fotográficamente, en un restaurante del centro comercial Oasis Coyoacán, con Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, El Gerry, detenido alguna vez por delitos contra salud y ubicado como operador financiero del Cártel del Noreste.
En una carta publicada en EL UNIVERSAL, Américo Villarreal negó haberse reunido con El Gerry y con “dos marinos que posteriormente desaparecieron”. “Nunca me reuní con ellos —escribió—. Esa fotografía donde aparecen fue ocasional”.
Sin embargo, antes de que el embajador Salazar negara que los cables habían salido de su gobierno, el senador Narro intentó justificar su encuentro con El Gerry. En una conferencia de prensa dijo, textualmente, que ese “empresario de Guerrero” había sido liberado por “los órganos de justicia de México” y “no tenía orden de aprehensión, no tenía proceso penal pendiente”. “Hoy dicen que es un delincuente, pero bueno… los órganos de justicia lo absolvieron de todas sus penalidades…”.
Además de lanzar dicha declaración, Narro borró de sus redes sociales la fotografía del encuentro con El Gerry (¿para qué, si él no tiene deudas pendientes con la justicia?), así como el tuit en el que había escrito que al lado de Américo Villarreal estaba “construyendo el proyecto de la #4aTransformación”.
De modo que no fue una fotografía ocasional: fue una reunión con un personaje del que Narro sabía, según dijo él mismo, que “no tenía orden de aprehensión ni proceso penal pendiente”, y que según declaró el propio senador después (a mí me lo dijo) llegó acompañado por dos marinos que a partir de ese día no volvieron a ser vistos. Ni ellos, ni El Gerry.
Narro me dijo que conoció al Gerry en la campaña de Abelina López.
A partir de investigaciones de la Marina, el periódico Eje Central reveló hace unos días que El Gerry es uno de los principales financistas de Narro y de la alcaldesa López; reveló también que el rastro de este personaje “lleva a las elecciones tamaulipecas, en las que se ha identificado que inyectó dinero”.
El laberinto de contradicciones comienza con un documento en el que el exsecretario de Seguridad de Acapulco afirma que por petición de la alcaldesa López envió a dos elementos como escoltas del senador Narro: ¿dos marinos como escoltas de un civil?
En una entrevista con Fernando del Collado, Narro dijo que pidió la escolta el 2 de marzo, aunque firmó la solicitud para que se la concedieran “a destiempo”, seis días más tarde (cuando los marinos ya habían desaparecido). Dijo también que los escoltas “parece que sí vinieron” a la ciudad: “los vimos, pero nunca estuvieron con nosotros, o sea, no estuvieron conmigo”.
“Una última cuestión”, le preguntaron en otra conferencia de prensa. “¿Solicitó o no a la alcaldesa dos elementos de custodia para su seguridad?”.
“No, no los solicité –dijo Narro”.
“¿No los solicitó?”.
“No”.
Las pesquisas, en las que ha participado la Marina, han apuntado a que el día de su desaparición, El Gerry, así como los marinos Óscar González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, llevaban millones rumbo a Acapulco. Según Eje Central, el operador financiero tenía una cita en Cuernavaca con personajes del Cártel del Noreste, a la que ya no llegó.
Se ha querido ocultar bajo el ruido levantado por los “cables confidenciales” –en cuya validez, repito, mis fuentes se sostienen—, la oscura trama de la reunión en Oasis Coyoacán y el paradero de dos marinos sobre cuyo destino el senador Narro da una versión distinta cada que abre la boca.
Pasará el ruido de los “cables” y los marinos seguirán sin aparecer. Y entonces nos estarán esperando las evidencias, recopiladas por la DEA y la Marina, sobre el flujo de dinero sucio a la política.
