El martes en la noche hombres armados atacaron el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos, Veracruz. Los agresores colocaron en los rincones cantimploras con gasolina y les prendieron fuego. Murieron 28 personas por asfixia, según el gobernador morenista Cuitláhuac García.
Los atacantes, dijo el gobernador, querían obligar al propietario a convertir el bar en un punto de venta de droga. El dueño, según la versión del mandatario estatal, fue secuestrado.
El hecho, uno de los más atroces en la historia de un estado sacudido desde hace más de una década por una violencia indecible, vino acompañado por un video que muestra la decapitación de dos hombres vivos. Uno de los verdugos señala la causa de la ejecución: haber vendido droga que carecía del sello que imprime a sus envoltorios uno de los grupos criminales que operan en el estado.
Lo que siguió fue el delirio. El gobernador García “reveló” que el responsable del ataque era un sujeto apodado La Loca, quien había provocado ya otros incendios, “motivo por el que fue detenido”, y al que la fiscalía estatal había liberado en menos de 48 horas. “Fue puesto a disposición de la fiscalía, pero esta lo liberó… nosotros actuamos, defendemos a las personas, los ponemos ante la fiscalía y ahí ya se descomponen un poco las cosas”, dijo el gobernador.
Cuitláhuac García agregó que el fiscal Jorge Winckler le oculta información, y le “descompone” el trabajo que lleva a cabo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio por buena la información y en su conferencia mañanera se lanzó en pos del fiscal. Aseguró que uno de los posibles responsables del ataque había sido detenido por la Marina en julio, y que la fiscalía de Veracruz lo había dejado en libertad. “Aquí hay un problema que tiene que investigarse sobre la actuación de la fiscalía”, dijo López Obrador, y pidió “una investigación a fondo” para castigar, no solo a los que cometieron el crimen, sino también a la autoridad responsable.
Para cerrar, anunció que su administración iba a proceder legalmente por este caso.
El fiscal Winckler no tardó en responder que es “absolutamente falso” que La Loca hubiera estado en algún momento a su disposición, y presentó un documento que probaba que el presunto responsable había estado en manos, en realidad, de la Fiscalía General de la República.
El gobernador había mentido o manejado información imprecisa, que el presidente, sin ningún tipo de verificación, usó para arremeter en contra de Winckler, con quien Cuitláhuac García sostiene una pugna política desde hace meses.
Apenas en abril pasado una masacre cometida en tierras veracruzanas cimbró al país. Varios encapuchados ingresaron en un salón de fiestas donde se celebraba un cumpleaños, y abrieron fuego contra los invitados. Fue una masacre atroz. Los atacantes exigían a los comensales que los voltearan a ver. Asesinaron a 13 personas, entre ellas, varias adultas mayores y un bebé de un año.
El gobernador de Morena culpó también de este crimen al fiscal del estado, al que acusó de no dar resultados y “hacer investigaciones eternas”.
El presidente, por su parte, responsabilizó de la masacre al neoliberalismo —le atribuyó “todo este fruto podrido”—, y se quejó de que le habían dejado un cochinero, “aunque lo estamos limpiando”.
En los primeros 70 días del gobierno de García hubo en Veracruz 300 homicidiois y 70 secuestros. A los 140 días los homicidios sumaron 700. En junio pasado iban ya mil 118.
La decapitación en febrero de una empresaria que fue secuestrada por un grupo criminal, habló descarnadamente del clima de violencia que se vive en Coatzacoalcos, la segunda ciudad con mayor percepción de violencia que hay en el país. Cuitláhuac García culpó del secuestro y decapitación de la empresaria a las administraciones pasadas.
En la suya, mientras tanto, las clases escolares se suspendieron. Hubo un éxodo de habitantes tras el secuestro de la empresaria. Subieron las ejecuciones. Aumentaron las extorsiones. Un centenar de empresas y comercios cerraron sus puertas. Varios ganaderos huyeron de la región.
450 elementos de la llamada Guardia Nacional fueron enviados al estado. No lograron evitar este horror.
Hace una semana fueron hallados en Coatzacoalcos los cuerpos de otros dos degollados y, para completar el horror, hace poco trascendió el descubrimiento de más de 40 cadáveres de comerciantes y profesionistas que habían sido secuestrados e inhumados en una fosa clandestina ubicada en el Cereso del lugar.
El gobernador García, mientras tanto, sigue buscando a quién culpar de su fracaso.
