El 16 de octubre pasado, 140 internos fueron extraídos de centros varoniles de readaptación —Oriente, Norte y Santa Martha Acatitla—, y trasladados bajo fuertes medidas de seguridad a penales federales de Chiapas y Oaxaca.
Todos ellos poseen un perfil altamente violento. Habían convertido los reclusorios en verdaderas ollas de presión. En sus expedientes figuraban agresiones, amenazas, posesión de solventes, de pastillas, de marihuana y cocaína.
Muchos de ellos habían amenazado a personal de seguridad, se habían metido en riñas, habían formado parte de grupos que armaron disturbios o fueron sorprendidos en posesión de teléfonos celulares y chips telefónicos. Algunos hicieron circular dentro de los centros dinero falso. Otros habían amenazado, robado, extorsionado y golpeado a otros internos.
Los sacaron de noche, en medio de un operativo impresionante que incluyó 580 elementos de seguridad pública: 89 camionetas, 12 camiones (seis de ellos blindados) y cuatro helicópteros.
Los internos fueron conducidos al hangar de la Policía Federal en el aeropuerto capitalino: 35 de ellos venían del Oriente, 17 del Norte, 34 de la Penitenciaría, 18 del llamado Módulo Diamante, y 26 de las Torres I y II.
18 de ellos fueron considerados “líderes encubiertos”: manejaban segmentos de la prisión a través de tercera personas; a otros 12 se les consideró líderes, y entre los otros hubo una larga procesión de “manipuladores”, “controladores”, “seguidores”, “manipuladores sumisos”, e incluso de “imitadores”.
De los 140 internos, 33 estaban identificados como gente de Eusebio Reyes Duque, alias El Duque, El Duke o La Voz: un ex mando policiaco —fue jefe del grupo Álamo de la secretaría de seguridad pública capitalina— encarcelado por secuestro a mediados del año 2000, quien armó en poco tiempo una red de negocios ilícitos dentro del reclusorio Oriente, e incluso dentro de los penales de Neza Bordo y Chiconautla.
El Duke desató una guerra por el control del reclusorio que muy pronto dejó racimos de muertos en calles de la Ciudad de México y Edomex (fue liberado en 2017 y según los últimos reportes volvió a las andadas operando en nombre del Cártel Jalisco, entre bandas de Ixtapaluca, Chalco y Chimalhuacán.
15 de los internos más peligrosos formaban parte de la Fuerza Anti Unión, y otros siete. de la Unión Tepito, las dos organizaciones cuya pugna ha llenado de sangre, en los últimos años, la Ciudad de México.
En la lista de traslados no figuraban, sin embargo, “los generadores de violencia” de mayor impacto desde el interior de un reclusorio capitalino.
Desde el reclusorio Oriente, Roberto Moyado Esparza, El Betito, líder de la Unión Tepito, detenido el 13 de agosto de 2018, obtuvo un amparo para no ser transferido a ningún otro centro de readaptación. Lo mismo hicieron sus lugartenientes, David García Ramírez, El Pistache, y Daniel Eduardo León Cifuentes, El Tiger, detenidos ambos el 29 de octubre de 2018.
En la misma circunstancia se encuentra Juan Carlos Maldonado Amador, alias El Balta, principal distribuidor de droga en Venustiano Carranza e Iztacalco e involucrado en una guerra por el control del narcomenudeo que dejó a su paso incontables ejecuciones: una de ellas, la ocurrida en el interior de un gimnasio, en abril de 2018, la noche en que un hombre apodado El Checo fue acribillado mientras ejercitaba los músculos.
Estos personajes, con alto nivel de violencia y un gran poder económico, siguen controlando lo que ocurre en el reclusorio Oriente y siguen coordinando cuanto sucede en las calles. Rodeados y empoderados por decenas de miembros de su organización criminal, intimidan, amenazan, extorsionan: corrompen autoridades.
Estos personajes, sin embargo, son solo la mitad del problema. La otra la conforman los negocios millonarios del sistema penitenciario, que no terminaron, ni siquiera se modificaron, tras el nuevo cambio de gobierno (en el primer año de este, según las propias autoridades capitalinas, al menos dos mil celulares lograron entrar a los reclusorios: en los últimos días otros 69 fueron retirados).
De la extorsión telefónica a la venta de preliberaciones, del pago de cuotas por cambio de penal al cobro de cuotas para que los familiares de los internos introduzcan alimentos, e incluso bebidas y sustancias prohibidas; del cobro a los reos para no ser agredidos, a los privilegios de quienes tienen celdas con televisión.
Existe un negocio de millones de pesos que ningún gobierno ha querido detener.
