Información en poder de la fiscalía general del estado de Guerrero apuntaba a que un miembro de su propio equipo habría sido el encargado de entregar al alcalde priista de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, a Los Ardillos, el grupo criminal que lo decapitó.
Un nuevo escándalo estalló ayer en Guerrero, cuando la propia fiscalía aprehendió por el asesinato del edil al capitán retirado Germán Reyes Reyes.
El pasado 6 de octubre, a solo seis días de haber tomado posesión del cargo, Arcos Catalán inició una gira por distintas localidades para revisar los daños provocados por el huracán John. En Tepechicotlán se despidió de su equipo. Sus escoltas se quedaron esperándolo en ese sitio, mientras él se internó con rumbo a Petaquillas, un territorio totalmente controlado por Los Ardillos.
El nuevo alcalde atravesaba una situación infernal. El 27 de septiembre habían asesinado de diez tiros el capitán Ulises Hernández, quien iba a tomar posesión como secretario de Seguridad Pública de su gobierno.
El capitán había anunciado que llegarían con él a la corporación diez nuevos mandos. El aviso no gustó. Se dijo que esos mandos procedían de municipios que se hallaban bajo el control de Los Ardillos. Para impedirlo, según las investigaciones, Los Tlacos, que controlan la zona urbana de Chilpancingo, ordenaron la muerte del militar.
Sin que aún estén totalmente claros los motivos, el alcalde Arcos Catalán viajó solo a Petaquillas para sostener una reunión, presuntamente con el líder de Los Ardillos: su cabeza fue encontrada horas más tarde en una avenida de Chilpancingo.
A Arcos lo sustituyó, en medio del torbellino provocado por el asesinato, el médico Gustavo Alarcón Herrera, quien anunció, diez después del homicidio, que la secretaría de Seguridad quedaría “bajo la dirección de un encargado de despacho, por un convenio entre el gobierno municipal y estatal”. El nuevo alcalde se negó a proporcionar detalles sobre dicho arreglo, pero aseguró que era “para garantizar que el municipio no quedara desprotegido”.
A resultas de ese convenio, y sin que se hiciera público, el capitán Germán Reyes Reyes quedó como responsable del despacho.
Reyes Reyes venía de la fiscalía general del estado, donde había ocupado el cargo de fiscal de delitos graves, bajo la gestión de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, la controvertida fiscal de Guerrero que acusó a la gobernadora Evelyn Salgado de haberla amenazado de muerte y de “ordenar a terceros privarla de la vida, incomunicarla o desaparecerla forzadamente por no haber querido renunciar al cargo”.
Valdovinos Salmerón fue separada del cargo luego del asesinato a sangre fría del estudiante normalista Yanqui Kothan por parte de policías estatales, y de que la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero apoyaran la versión de que el alumno había perdido la vida en un enfrentamiento, en “un hecho netamente delictivo”.
La funcionaria no admitió su remoción y respondió que acudiría a las instancias correspondientes: “Informo que haré valer mi derecho de audiencia ante el Congreso para transparentar las acciones que esta fiscalía realizó por los lamentables hechos que derivaron en la muerte de Yanqui Kothan”. Sin embargo, la fiscal fue removida en marzo pasado.
Desde dos años antes, organizaciones sociales y de derechos humanos la acusaban de haber establecido acuerdos “para meter a Guerrero grupos criminales de Sinaloa” y de solicitar renuncias o abrir carpetas de investigación a comandantes y policías ministeriales vinculados con organizaciones locales. Se le responsabilizaba de no haber contenido el severo repunte en los homicidios que sacudían Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
La primera acusación nunca se probó. Pero se había desatado en todo caso una guerra por el control de la fiscalía, que finalmente quedó bajo el control de Evelyn Salgado.
Desde esa fiscalía se decidió, en virtud con un acuerdo con el nuevo presidente municipal de Chilpancingo, que el capitán Gerardo Reyes Reyes quedara como encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública.
Fuentes locales de seguridad indican que, como fiscal de delitos graves, Reyes Reyes fue señalado de extorsionar y vender protección a diversos grupos criminales. Se afirma también que desde ese puesto llevó una investigación sobre el escandaloso video en el que la alcaldesa Norma Otilia Hernández apareció reunida con el líder de Los Ardillos, Celso Ortega.
Hoy, los mismos que lo llevaron a encargarse del despacho lo acusan de haberse involucrado con Los Ardillos y de haber “puesto” al alcalde Alejandro Arcos: otra historia turbia en un estado infiltrado totalmente, desde la cúpula, por los acuerdos con el crimen organizado.