Tras el 2 de junio, el país atraviesa una fase extremadamente violenta. Solo el viernes hubo 71 homicidios. El sábado se registraron 78. El domingo, 101. Otros 92 el lunes.
Cerca de 350 asesinatos se han cometido en México en los últimos cuatro días. 1,895 entre las elecciones y el 24 de junio.
La violencia desatada no solo arrecia en los municipios considerados tradicionalmente los más peligrosos —Tijuana, Juárez, León, Cajeme, Acapulco, Fresnillo, Guadalajara, Celaya, Chihuahua, Zamora, Culiacán, Morelia, Tlajomulco, Cuernavaca—. También se ha hecho presente en muchos que en el radar de las autoridades no eran considerados “calientes”.
Dos ejemplos: Copala y Malinaltepec, en donde dos alcaldes, uno de ellos electo, fueron asesinados en menos de una semana.
En las listas de la muerte publicadas en estos días han desfilado municipios situados en Guanajuato, Morelos, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Sonora, Tamaulipas, Guerrero y el Estado de México.
En muchos de ellos han comenzado los meses más peligrosos para la población. Esos meses en los que todo queda en el limbo: las autoridades salientes, especialmente en los municipios donde hubo transición, se dedican a levantar la casa, y en los que los policías saben que sus jefes inevitablemente serán remplazados.
Esos meses en que, a lo largo y ancho del país, de acuerdo con expertos consultados, comienza un “mini año de Hidalgo” –una etapa, marcadamente visible en las policías, marcada por la corrupción y el desentendimiento, en tanto llega el cambio de gobierno y las nuevas autoridades nombran o instalan a quienes quedarán encargados de la seguridad durante el trienio siguiente.
Es frecuente que, en medio de ese vacío, que proviene de la politización de la seguridad, las policías municipales y estatales se dediquen a extraer rentas tanto de ciudadanos como de delincuentes: un limbo que la delincuencia organizada aprovecha para extender su control, su dominio, y dar el paso siguiente.
Sin que se conozcan las razones, cuatro días después de las elecciones, el comisario municipal de Naucalpan, en el Edomex, Pablo Francisco Rosas Olmos, presentó su renuncia al cargo.
En un municipio afectado notablemente por la inseguridad, Rosas Olmos había logrado entregar números más o menos razonables. Durante los casi tres años de su gestión, la confianza de los naucalpenses en la policía municipal pasó de 26.3 a 43.5
En ese lapso, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el desempeño efectivo de la policía municipal pasó de 21.8 a 39.7.
De 1,274 puestas a disposición en 2021, Rosas consiguió 1,375 en 2023. El número de detenidos aumentó 35.4% con relación a 2021.
El robo de vehículos logró contenerse en Naucalpan: el número de autos recuperados creció 94.2% entre 2021 y 2023.
El decomiso de armas creció en ese tiempo alrededor de 20%. El robo a negocios cayó en poco más de 20%.
Se redujo uno de los delitos más dolorosos y con mayor impacto mediático: el robo en transporte público. El número de detenidos por homicidio creció 200% en esos tres años.
Según las cifras oficiales, 12 delitos fueron contenidos o tuvieron reducciones significativas.
Naucalpan, sin embargo, es uno de esos municipios que entró en el limbo. Luego de las elecciones del 2 de junio (en las que triunfó un partido distinto al que gobernaba), en las 26 colonias consideradas prioritarias a consecuencia de la incidencia delictiva y de una percepción inseguridad de 89.6%, regresaron las noticias sobre asaltos cometidos con violencia a plena luz del día, sobre robos a casa habitación, robo de autopartes, robos en transporte y robo de vehículos.
De acuerdo con los analistas, Naucalpan es un ejemplo entre mil: una consecuencia cíclica de la politización de la seguridad en México, de la falta de continuidad en los proyectos, del vacío que se abre en el país cada tres años, mientras surge el nuevo sol y la tierra se cubre de violencia y de sangre.
