El único policía que había en Átil, Sonora, renunció a finales de noviembre. La alcaldesa Yolanda Castañeda denunció hace dos semanas el estado crítico que está viviendo aquel municipio sonorense de solo 600 habitantes, ubicado a 30 kilómetros de Altar:
El médico y la enfermera que atendían el centro de salud, ya no se presentaron más. Las clases presenciales se suspendieron por la inseguridad. En las tiendas se agotaban los productos porque los retenes instalados a las afueras del poblado por los grupos criminales no les permiten el paso. Nadie se puede surtir de gasolina ni de diésel. La delincuencia organizada corta con frecuencia el suministro de energía eléctrica: Átil se ha quedado varias veces aislado, y sin acceso a internet.
“De noche nadie sale”, denunció la alcaldesa. “La Guardia Nacional entra y se va”. La misma Castañeda ha sido detenida en los retenes instalados por los delincuentes. No hay siquiera quién conduzca la única ambulancia que existe en Átil.
El poblado vivió una amarga Navidad. Este año no hubo posadas. Se canceló incluso el baile de Año Nuevo.
En las redes, vecinos hicieron circular videos donde se escuchan detonaciones de armas de fuego. La muerte ronda las brechas y las carreteras. Hace medio año desapareció ahí, en un tramo del camino Átil-Tubutama, el empresario ganadero Arcadio Pesqueira, quien había huido a Tucson para escapar de la violencia. Regresó en mayo a cobrar unas rentas. Iba de regreso a su domicilio cuando su rastro se perdió.
La alcaldesa viajó a Hermosillo para contar lo que se estaba viviendo y solicitar apoyo. Hasta el momento no hay respuesta.
Mientras Castañeda hacía su denuncia, a 1,900 kilómetros de Átil, en una posada que se celebraba en la ex hacienda de San José del Carmen, 50 jóvenes se tomaban la última foto de su vida. Minutos más tarde la mitad de ellos yacían en el suelo con el cuerpo atravesado por las balas: 11 murieron, otros 14 quedaron heridos.
Habían corrido de la fiesta a unos colados que volvieron más tarde con armas largas y barrieron al grupo. La policía recogió en el lugar 195 casquillos percutidos. El asesinato de los jóvenes levantó indignación, pero no bastó para terminar con la impunidad de los asesinos, que siguen en control total de esa región.
Ese mes se cometieron 236 homicidios en Guanajuato, un estado que apenas unos días antes acababa de sacudirse con el asesinato de seis jóvenes, estudiantes de medicina, que apenas sobrepasaban los 25 años, y que fueron sacados de un balneario y asesinados con tiros en la cabeza en un camino de terracería cercano al balneario donde se divertían.
Fue el mes en que Andrés Manuel López Obrador cumplió cinco años de su llegada al poder. El mes en que hubo 164 homicidios en el Estado de México, 143 en Baja California, 146 en Michoacán, 140 en Jalisco, 132 en Nuevo León.
El mes en que se contabilizaron 116 homicidios en Sonora, 115 en Chihuahua, 99 en Morelos, 84 en Guerrero, 83 en la Ciudad de México, 60 en Oaxaca, 56 en Veracruz, 49 en Zacatecas, 49 en Colima, 45 en Tamaulipas.
El mes en el que el gobierno de AMLO superó los 170,800 homicidios y se erigió de manera indiscutible como el sexenio más violento y más sangriento de la Historia. Un sexenio que deja una de las tasas de homicidio más altas del mundo: 22 por cada 100 mil habitantes.
En los días en que todo esto ocurría, el 22 de diciembre, en la misma tierra natal de López Obrador, la violencia criminal hundió a Villahermosa, Tabasco, en una inédita crisis de terror y de pánico.
Un tiroteo que comenzó en el fraccionamiento Campestre, y que se creyó que estaba dirigido a atentar contra la vida del secretario de seguridad pública, Hernán Bermúdez Requena, terminó con la quema de decenas de vehículos de carga y autos particulares en cinco puntos de la capital del estado, así como en los municipios de Cárdenas, Paraíso y Teapa: terminó, al mismo tiempo, con incendios y motines en los reclusorios de Comalcalco, Huimanguillo y Villahermosa, que provocaron el cierre de carreteras, dejaron una ciudad paralizada y en crisis, y sirvieron a dos cárteles en pugna, el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, para decir “Aquí estamos”: enseñar los colmillos y mostrar lo que son capaces de realizar en apenas unas cuantas horas.
Unos cuantos días separaron los sucesos ocurridos en lugares repartidos a lo largo de tres mil kilómetros.
Con un avance criminal brutal e incontenible, con la expectativa de dejar el poder con una cifra cercana a los 200 mil muertos, y con un territorio tomado en pueblos y ciudades por los grupos del crimen organizado, México entra bañado de sangre al último año de Andrés Manuel López Obrador.