México dispara contra las armas

El 3 de agosto de 2019, un supremacista blanco llamado Patrick Wood Crusius publicó un manifiesto en el sitio 8chan, en el que se alojaban grupos de extrema derecha, y en donde denunció “la invasión hispana de Texas”. 

“Los hispanos tomarán el control del gobierno local y estatal de mi amada Texas”, escribió. 

Minutos más tarde entró en un Walmart ubicado en Cielo Vista Mall, en El Paso. Llevaba protectores auditivos y un rifle AK-47 en las manos. 

Comenzó a caminar por los pasillos de la tienda, abriendo fuego contra la gente que se encontraba ahí. Era sábado, cientos de familias recorrían la tienda. Entre éstas, varias formadas por residentes de Ciudad Juárez que habían acudido a aprovechar las ofertas ante el inminente regreso a clases. 

 “Mi objetivo era matar a tantos mexicanos como fuera posible”, declaró el agresor. 

En unos minutos 23 personas murieron. 9 eran mexicanos. Hubo 26 heridos. La matanza de El Paso figuró entre las diez peores masacres cometidas en aquel país, en el que en solo ocho meses de 2019 habían sucedido 50 tiroteos. 

Walmart es una de las tiendas donde los adolescentes de más de 21 años pueden adquirir armamento.

El canciller Marcelo Ebrard anunció que buscaría imputar cargos al responsable, detenido mientras intentaba huir a bordo de un auto, y buscaría su extradición por “terrorismo contra ciudadanos mexicanos”. 

La masacre desató un profuso debate sobre el acceso a las armas en Estados Unidos, en medio de la polarización desatada por Donald Trump y la proliferación de grupos de extrema derecha ligados al supremacismo blanco. 

Al desarrollar la investigación del caso, el gobierno mexicano constató que con la misma facilidad con que Crusius adquirió el arma homicida para llevar a cabo el ataque en El Paso, los cárteles del narcotráfico y otras organizaciones delictivas adquieren las armas, incluso de alto poder –en supermercados, ferias y por internet— que luego son empleadas en todo tipo de crímenes. 
Solo entre 2007 y 2020, más de 160 mil mexicanos fueron asesinados con armas de este tipo. 

Según cifras del propio gobierno mexicano, cada año ingresan al país, atravesando la frontera de manera ilegal, entre 230 y 250 mil armas adquiridas en algunas de las 50 mil tiendas que las ponen a la venta en Estados Unidos. 

Se afirma que cada 15 días los cárteles resurten su armamento por medio de diversas vías: desde el tráfico hormiga hasta los grandes movimientos en buques y tráileres. 

Según la consultoría jurídica de México, “las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas en contra de la población civil y autoridades de México. Sin embargo, siguen priorizando el beneficio económico y utilizan estrategias de la mercadotecnia para promover armas cada vez más letales sin dispositivos de seguridad o trazabilidad”. 

De ese modo se han detectado armas dirigidas expresamente para el consumo de narcotraficantes: existe en el mercado, por ejemplo, una pistola de cachas nacaradas conocida como “El Jefe”, y hay registro de armas cuyo diseño original puede ser modificado para aumentar su poder destructivo. 
La demanda va dirigida contra Smith &Wesson, Barret Firearms, Colt Manufacturing Company; Glock Inc y Sturm y Ruger & Co. Inc., entre otras. 

Leyes expedidas en 2004 por el gobierno de George Bush otorgan inmunidad a productores y distribuidores de armas. “México reconoce el derecho de los Estados Unidos de mantener ese marco normativo. No obstante, reclama el derecho de establecer su propia relación con los productores y distribuidores de armas cuando el daño se está produciendo en nuestro país. La demanda exige una compensación económica por los daños que el país ha sufrido y acciones concretas para lograr un comercio responsable”. 

El 14 de diciembre de 2012, joven de 20 años, Adam Lanza, asesinó a su madre de cuatro tiros en la cabeza. Con un fusil AR-15 que le había pertenecido a ella, así como con dos pistolas, un Glock y una SIG Sauer,  se dirigió a la escuela primaria de Sandy Hook, en Connecticut, en donde más de 450 niños recibían clases. 

Ese día iba a ocurrir el tiroteo más mortífero ejecutado por una sola persona en la historia de Estados Unidos. 

Lanza caminó por los pasillos, recorrió las aulas. Mató a 20 niños y a seis adultos, y luego se pegó un tiro. 

Nueve familias iniciaron una demanda en contra de Remington, la empresa fabricante del fusil, por la manera en que lo había ofrecido al público (a través de un videojuego violento). Hace apenas unos días, después de un largo litigio, Remington propuso a la familia de las víctimas una reparación por 33 millones de dólares. 

Dice el gobierno mexicano que cuenta con argumentos para ganar este litigio, al que “una cuestión de principio y una obligación moral” que contribuya “a la restauración social y económica de innumerables comunidades de México”.