Robaron un taxi para trasladar un cadáver. Agentes ministeriales intentaron detenerlos. Eran dos los tripulantes. Se enfrentaron a tiros en la avenida Constituyentes, del puerto de Acapulco. Los dos tripulantes murieron.
Esa misma noche tres hombres más fueron hallados en una calle de Las Plazuelas. Tenían signos de tortura y estaban atados de pies y manos.
Una noche más en Acapulco, el municipio al que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acaba de ubicar esta semana como el cuarto más violento de México, en una lista de 50 municipios conflictivos.
Hace apenas una semana los cuerpos de cuatro hombres aparecieron en el puente peatonal de la colonia La Laja. Uno había sido colgado. Los otros tres tenían cuerdas amarradas en el cuello.
Son imágenes con las que los ciudadanos se han habituado a vivir. Desde hace tres lustros la violencia va y viene. Durante la administración pasada –la de Adela Román–, el municipio ocupaba el octavo lugar entre los municipios más violentos de México. Con la llegada al poder de la morenista Abelina López –involucrada en la desaparición de dos marinos que ella asignó como escoltas del senador José Narro Céspedes, y de cuyo paradero no se volvió a saber– la violencia se volvió a disparar.
La alcaldesa declaró en octubre pasado que le habían pedido “que ya no hablara” de la creciente ola de homicidios. “La indicación es no hablar de lo que no me corresponde”, dijo.
Habían ocurrido diez asesinatos en distintos puntos del puerto en menos de 48 horas.
Era la misma alcaldesa que había declarado que en Acapulco no había violencia, que la violencia la ponían los medios. Era la misma alcaldesa que meses antes había afirmado que los actos de violencia eran producto del calor.
Acapulco es epicentro de una narcoguerra entre la célula criminal de Los Rusos, ligada a la facción que dirige El Mayo Zambada, y el Cártel Independiente de Acapulco.
En ese municipio 2023 arrancó del peor modo posible: con el hallazgo de cinco cuerpos desmembrados y embolsados en el interior de un auto calcinado, bajo un puente de la autopista México-Acapulco.
En dos semanas había ya 35 muertos.
No para desde entonces la marea de cuerpos embolsados, de cadáveres atados de pies y manos, de hallazgos macabros que los medios locales reportan diariamente: la cabeza de una mujer encontrada dentro de una caja de cartón; el cadáver de un hombre degollado dentro de la cajuela de un auto.
Hace unos meses el jefe operativo de la policía auxiliar fue asesinado. Recibió decenas de tiros. No hubo detenidos, pero el gobierno de Abelina López lanzó un comunicado que informaba que la motocicleta empleada por los asesinos había sido localizada en una calle del puerto.
En la última Semana Santa regresó la ola de ejecuciones. Mataron gente en las playas repletas de turistas. Aparecieron más embolsados y más desmembrados y más degollados.
Se anunció la llegada de un refuerzo formado por 500 elementos de la Guardia Nacional. Pero nada cambió.
De junio de 2021 a mayo de 2022, se registraron en el municipio 420 homicidios.
De junio de 2022 a mayo 2023 los asesinatos sumaron 465, según las cifras presentadas en la “mañanera” por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Cientos de negocios y locales ubicados en la Costera se han visto obligados a cerrar a consecuencia de la inseguridad, el cobro de piso, la caída de las ventas. Los criminales han quemado más de un centenar de negocios en cuestión de meses. Las extorsiones caen sin freno sobre transportistas, empresarios, comerciantes y prestadores de servicios. La vida del puerto está destruida.
Hoy, sin embargo, hasta la última barda de la colonia o el poblado más humilde está pintada de blanco, y luce el nombre de la “corcholata” a la que la alcaldesa ha decidido apoyar.
En medio de esa distorsión, quien manda en Acapulco es el crimen organizado.
