¿Quién se hará cargo a partir de ahora de la seguridad del expresidente López Obrador, sobre todo si persiste en la decisión de retirarse a su finca de Palenque, en una zona incendiada por la inseguridad, la extorsión y la presencia tanto de grupos armados como de violentas células del crimen organizado?
En diciembre de 2018, siguiendo una de sus banderas de campaña, el entonces flamante presidente López Obrador retiró la seguridad a los exmandatarios Vicente Fox y Felipe Calderón.
Los doce elementos que brindaban protección a este último se retiraron a principios de ese mes, “con todo y vehículos”. Lo mismo sucedió con los 30 integrantes del Estado Mayor Presidencial que daban protección a su familia y que en la misma fecha fue desaparecido.
Al mismo tiempo, salieron del rancho San Cristóbal, en Guanajuato, los encargados de garantizar la seguridad de Vicente Fox.
Dos meses antes se había aprobado la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que eliminaba las pensiones vitalicias de los expresidentes (202 mil pesos mensuales).
Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo habían renunciado a sus pensiones desde hacía años.
Felipe Calderón donaba la suya, también desde tiempo atrás, a una fundación encargada de combatir el cáncer infantil.
Vicente Fox protestó: dijo que sí necesitaba dinero para vivir, y que tendría que buscar cómo reponerlo.
“No es venganza, es justicia y austeridad republicana”, diría AMLO, quien anunció que las “jugosas” pensiones del periodo neoliberal “ahora son para adultos mayores”.
Desde tiempos de Echeverría se había rodeado a los expresidentes de personal a su servicio, en cantidades excesivas y escandalosas: 45 elementos del Ejército, 22 de la Armada, 11 de la Fuerza Aérea, así como 25 empleados administrativos.
Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se modificó el reglamento del Estado Mayor, al que se le ordenó proporcionar “los requerimientos mínimos de seguridad y apoyo logístico a aquellos ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidente de la República”.
Antes de dejar el gobierno, Felipe Calderón publicó un decreto que ordenaba extender la seguridad, “de acuerdo a los análisis correspondientes”, a la familia de estos. “Los expresidentes de la República mantendrán el mismo número de elementos del Estado Mayor Presidencial que tuvieron asignados para su seguridad y la de su familia con antelación a la entrada del presente decreto”.
La decisión de AMLO recibió un amplio respaldo social. Fue una de las primeras señales de que el nuevo gobierno “no era igual”.
A los cuatro meses de la llegada del nuevo gobierno, Vicente Fox denunció que un comando había pretendido ingresar a su rancho. Aunque dijo que “no era para darlo a conocer”, López Obrador dio a conocer más tarde una carta que le había enviado Felipe Calderón, en la que le solicitaba el restablecimiento del equipo de seguridad, ante los riesgos que enfrentaban él y su familia a consecuencia de la lucha contra el narcotráfico que se había emprendido durante su administración. Calderón aseguró:
“En diversas ocasiones fui objeto de distintas amenazas, algunas públicas, otras directas, y tuve conocimiento, a través de labores de inteligencia del Estado, de acciones que se encaminarían a atentar contra un servidor o a costa de la vida o la libertad de algún miembro de mi familia”.
En enero de 2012, el general José de Jesús Castillo le había avisado a Calderón una amenaza de atentar contra el avión presidencial. “Súbitamente mi familia ha quedado desprotegida ꟷescribió el ex presidenteꟷ y en consecuencia vulnerable a potenciales actos retaliatorios por parte de quienes atentan contra la seguridad de las familias y a quienes mi gobierno combatió, tal y como era mi deber”. Calderón solicitó, en consecuencia, “un nivel mínimo de protección”.
López Obrador decidió destinarle ocho elementos a cada quien, aunque advirtió que “ojalá ellos también busquen la forma de resolver su seguridad”.
Ambos tuvieron que hacerse cargo de los gastos de la escolta: desde gasolina y alimentos, hasta vehículos y, llegado el caso, boletos de avión y habitaciones en hoteles.
López Obrador llega ahora al mismo punto. ¿Quién lo cuidará en su finca de Palenque, si es que algún día llega a irse? ¿Quién lo protegerá durante sus anunciados traslados entre Chiapas y la Ciudad de México? ¿Él también buscará la forma “de resolver su seguridad”? ¿Cómo la pagará? ¿Con aportaciones del pueblo? ¿O acaso gozará de los antiguos privilegios del periodo neoliberal, con vehículos y militares bajo sus órdenes, todo con cargo a los contribuyentes?
Ya lo veremos.
