El sábado 25 de enero, tres meses después de que fallara estruendosa y violentamente el operativo para detener a Ovidio Guzmán, se casó en la Catedral de Culiacán la hija del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido mundialmente como El Chapo.
Como se sabe, se trató de una boda opulenta. Se cerraron avenidas principales, se tendió una cinta amarilla alrededor del templo (contenía la leyenda: “Prohibido el paso”), hubo valet parkings encargados de recibir las camionetas blindadas y los autos lujosos que se aproximaban a las escalinatas del templo. La presencia de escoltas armados llamó poderosamente la atención de ciudadanos que de inmediato echaron mano a sus teléfonos celulares.
La noticia corrió por Culiacán. Alejandrina Guzmán , hija del Chapo y hermana de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, herederos del cártel de Sinaloa, había contraído matrimonio con Edgar Cázares , sobrino de la llamada Emperatriz del Narco, encargada de la red de lavado de dinero de esa organización criminal.
La fiesta duró más de 12 horas y se llevó a cabo en el lujoso salón de fiestas Álamo Grande. Julión Álvarez y la banda Calibre 50 impusieron la temperatura anímica del festejo. El gobierno local dijo a los medios que desconocía que esa boda hubiese tenido lugar. El presidente de la República dijo más o menos lo mismo: que él no tenía información.
Todo se supo por las “benditas redes sociales”: fotografías y videos que los invitados a la boda, así como gente que estuvo en los alrededores de la Catedral aquel sábado, pusieron en circulación. Todo esto, como dije al principio, a solo tres meses de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fuera humillado y puesto de rodillas por un cártel que se creía debilitado tras la extradición de Joaquín Guzmán, y que el 17 de octubre de 2019 mostró su verdadera fuerza y dejó claro ante el mundo quién manda verdaderamente en Culiacán.
A principios de 2018 la Policía Federal comenzó el seguimiento de un número telefónico que se creyó asociado al círculo más cercano de otro de los jefes del cártel, Ismael El Mayo Zambada . Aquel número se activaba en Culiacán, se apagaba durante semanas, volvía a “brincar” en algún lugar de la sierra, y aparecía más tarde en los alrededores de cualquier ciudad. El número tuvo gran actividad en Badiraguato, por ejemplo, en momentos en que ocurrió una ejecución importante.
Los federales supieron que se trataba del número de un “mensajero”: alguien que se movía en el primer nivel del grupo. Según un reporte consultado por el columnista, un grupo de agentes fue comisionado para infiltrarse en los lugares donde el teléfono había mostrado actividad.
Los policías dicen que Culiacán es uno de los lugares más difíciles de México para hacer una cobertura. La red de halcones comienza en el aeropuerto y en las casetas, se extiende a los hoteles, los restaurantes y los taxis. Cada charla que se entabla con un forastero suele tener como fin la búsqueda de información.
Prácticamente cada calle de la ciudad es monitoreada las 24 horas del día por los ojos invisibles del Cártel.
Un agente que andaba tras la pista del “mensajero” detectó de pronto un movimiento importante de vehículos. Alguien, en sus desplazamientos por Culiacán, era escoltado por un convoy integrado por camionetas blindadas, e incluso por motocicletas. El agente creyó que había dado con El Mayo.
En el tiempo que siguió, el personaje se movió en domicilios en los que el gobierno federal sabía que alguna vez había estado El Chapo.
En el último trimestre de 2018, los trabajos de inteligencia llevaron a los federales hasta un inmueble ubicado en las afueras de Culiacán, en el camino al aeropuerto. Al hacer el seguimiento, los agentes constataron que el personaje principal de aquel convoy gozaba del apoyo total de policías estatales y municipales.
Se adoptó la decisión de entrar por el personaje y llevarlo al aeropuerto a bordo de un helicóptero artillado. Un día antes del operativo, planeado para el último domingo de octubre, personal de la zona militar y policías estatales irrumpieron en este, a fin de realizar su propio cateo. Informaron que el domicilio se hallaba vacío.
Quedaban restos de comida, alguna ropa y algunas armas. Había también “medicamentos, jeringas, aparatos para dializar”. Según el reporte que presentaron los federales, la evidencia indicaba que quien había ocupado aquel inmueble no era El Mayo Zambada, sino Rafael Caro Quintero.
Caro Quintero había sido excarcelado en 2013, gracias a una argucia legal, luego de cumplir 28 años —de una condena de 40— por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Sus propiedades y sus negocios crecieron significativamente en ese tiempo.
En abril de 2018 el FBI lo incluyó entre los 10 fugitivos más buscados. Se sabía que andaba en chozas de la sierra, enfermo y viviendo a salto de mata.
Caro, sin embargo, bajaba de la sierra y se movía con impunidad total en la misma ciudad en la que un año más tarde fue liberado Ovidio Guzmán. La misma donde se celebró esa boda rumbosa que no registró ninguno de los cuerpos de seguridad del gobierno de AMLO.
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