En los primeros meses de 2024, la extorsión en Cuautla creció 280 por ciento en comparación con los primeros meses de 2023. Lo mismo ocurrió en la zona oriente del estado: cientos de negocios cerraron de manera definitiva; muchos de ellos fueron rafagueados por grupos criminales que exigían el llamado “cobro de piso”, y decenas fueron quemados.
“Llegan dos o tres personas con amenazas, te dejan un papelito con un número telefónico, y al llamar comienza la extorsión”.
Tortillerías, tiendas de abarrotes, bares, restaurantes, fruterías, carnicerías, pollerías, misceláneas, camiones recolectores de basura.
El crimen cayó sobre estos como una plaga.
En Acapulco, en julio pasado, más de 500 locales del centro habían cerrado o tenían letreros que anunciaban su venta. Al mismo tiempo, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero denunciaban que la extorsión estaba arrasando empresas pequeñas, medianas, grandes e incluso transnacionales. Centros nocturnos, restaurantes, bares, hoteles, marisquerías, negocios de artesanías y hasta de telefonía…
“La instrucción es: O pagas, o te mato y te incendio y acabo con tu familia”, denunció la Cámara Nacional de Comercio.
También en Chilpancingo se desató la quema de negocios, acompañada del asesinato de comerciantes. Cobros de hasta 100 mil pesos mensuales provocaron que organizaciones empresariales denunciaran ante los medios la tragedia que estaban viviendo.
Los grupos criminales que se repartieron la ciudad arreciaron su guerra por el control del rastro y del transporte. Ahí, este delito se disparó más de 80 por ciento durante el sexenio.
Hace unos semanas, empresarios y productores de Michoacán alertaron sobre “el emporio de extorsión” que afecta a limoneros, aguacateros y productores de mango, y que se ha extendido también al sector porcino, los abarrotes y la construcción. Pagos de hasta 2,500 pesos por hectárea y cobros a los empacadores, lo cual encarece los productos hasta en 140 por ciento.
En algunas regiones michoacanas, como en Apatzingán, desde los hoteleros hasta los vendedores de aguas frescas se ven obligados a pagar cuotas a los grupos criminales: Viagras y Caballeros Templarios, entre ellos. En la entidad, este delito se ha incrementado en más de 220 por ciento.
En Guanajuato, cada día un promedio de tres ciudadanos reportaron ser víctimas de extorsión. La cifra negra de este delito es, sin embargo, de 97.4 por ciento. En ciudades como León, el crecimiento en el último año ha sido de 178.19 por ciento
En el Estado de México, se cometen 1.3 extorsiones cada hora.
Nadie se salva. Hay focos rojos en Zacatecas, Sinaloa, Baja California Sur, Tamaulipas, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo y Colima.
Todo esto llegó acompañado de ejecuciones, desmembramientos y cadáveres abandonados en pueblos y ciudades.
Fue solo una expresión del poder que los grupos del crimen organizado alcanzaron durante un sexenio que pasará a la historia por la frase: “Abrazos, no balazos”.
Eduardo Guerrero y Eunises Rosillo, en su corte de caja del sexenio de AMLO en material de seguridad (“Violencia: tercera derrota”, Nexos, septiembre de 2024), sostienen que esta frase causó el daño mayor a la política de seguridad:
“Sirvió de apotegma para justificar el despliegue de elementos militares y policiales que solo custodian ‘perímetros’ de zonas de alta criminalidad. No iban a enfrentarse o a perseguir bandas criminales para erradicar o, al menos, disminuir el daño social que infligen a las comunidades donde operan. La orden de no confrontarlos directamente ocasionó que los grupos delincuenciales se animaran a colonizar nuevos sitios en los que establecieron diversos negocios criminales, sobre todo la extorsión presencial (“cobro de piso”)… Por todo esto, México ha perdido soberanía territorial en varias regiones”, escriben.
A lo largo de seis años nada detuvo el apetito de los cárteles, las bandas, los grupos, las organizaciones criminales. Es la explicación de los 200 mil muertos que López Obrador deja tras de sí -y que con justicia pueden ser llamados “los muertos de AMLO”. Es la explicación de las 50 mil desapariciones ocurridas en el sexenio y de la intervención del narco en las elecciones.
Es la explicación de la presencia del crimen organizado en 81 por ciento de los municipios de México. Y la explicación, también, de la epidemia de extorsiones y “cobros de piso” que arrasa 22 estados y que hoy nos está heredando el Presidente.
Seis años de abrazos y complicidades políticas y criminales explican las cuentas que entrega AMLO. El país con que tendrá que arreglárselas su sucesora.
