El pasado 5 de diciembre, Amabel López, alcaldesa interina de Amanalco, Estado de México, fue extraída de su domicilio por diez hombres armados que se hallaban bajo las órdenes del jefe de plaza de La Familia Michoacana Pablo Hernández Hernández, alias El Mini o El Pelón.
Era la respuesta de La Familia Michoacana al Operativo Enjambre llevado a cabo en dicho municipio apenas el 22 de noviembre. Ese día, la entonces alcaldesa morenista en funciones, María Elena Martínez Robles, fue aprehendida por permitir, facilitar y colaborar con las actividades del grupo criminal que dirigen los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga.
Al lado de su director de seguridad pública, la alcaldesa había entregado información personal de los habitantes de Amanalco que se hallaba en posesión del Ayuntamiento.
Según fuentes de seguridad, no solo en Amanalco sino en los otros municipios mexiquenses que se encuentran bajo su influencia, La Familia Michoacana se vale de esta información para tener acceso a los padrones de los programas del bienestar, a cuyos beneficiarios cobra una cuota; al padrón catastral, que le permite saber quiénes son los propietarios de los terrenos de cultivo, a los que cobra también por metro cuadrado, y para conocer los nombres de familiares de trabajadores migrantes, a los que se les exige también una cuota por las remesas.
En conversaciones cruzadas con el jefe de plaza apodado El Pelón, y obtenidas por personal de inteligencia de la fiscalía estatal, la alcaldesa María Elena Martínez Robles había pedido: “Denle cuello en Zacazonapan, ahí se los mando”. Se refería al síndico Guillermo Jerónimo Roque, quien fue ejecutado el 25 de enero de 2023 precisamente en ese lugar, al lado de otro funcionario municipal, Miguel Ángel Lara Cruz. “Si vamos a seguir trabajando lo tenemos que quitar del camino, ya para que lo maten”, había dicho la funcionaria.
Tras su captura a través del Operativo Enjambre, su lugar fue ocupado, por ministerio de ley, por la interina Amabel López. A solo unos días de tomar el cargo, López comenzó a recibir por teléfono amenazas en contra de ella y de su familia. Según una tarjeta de información de la fiscalía, se le exigió “que propusiera a otra de las integrantes del cuerpo edilicio para ocupar su lugar” y “que dejara el cargo”.
Desde su llegada a la presidencia municipal, la alcaldesa había realizado gestiones para que la seguridad del municipio quedara a cargo de fuerzas federales. La mañana del 5 de diciembre se la llevaron.
Esa noche fue liberada. Logró llegar a una gasolinera de Donato Guerra y declaró al ministerio público que el jefe de plaza le había dicho: “Te dijimos varias veces que dejaras tu cargo y no nos creíste… soy el dueño de Amanalco y el encargado de que obedezcas… Estás aquí por órdenes de Rey y Eulalia, ya los conoces… Ellos jalan con nosotros… vas a bajar a Amanalco y vas a renunciar”.
Eulalia “N” era una regidora que, según la versión de las autoridades estatales, había sido elegida por la Familia Michoacana para sustituir a María Elena Martínez Robles, la alcaldesa detenida.
López declaró que El Pelón recibió una llamada en la cabaña, en la que le dieron la instrucción de que la soltara “con la condición de que renunciara al cargo”.
La fiscalía asegura que, al mismo tiempo, a los teléfonos de varios integrantes del Cabildo llegaron mensajes con la instrucción de que nombraran presidenta “a otra integrante del cabildo”.
Eulalia “N” y otro servidor público del municipio, Rey Francisco “N” fueron detenidos el 17 de diciembre y quedaron a disposición de las autoridades en el penal de Santiaguito.
Trabajos de inteligencia indican que, tras el secuestro con fines de extorsión de la alcaldesa interina, Pablo Hernández Hernández, El Pelón, salió del municipio. De acuerdo con los reportes, fue llamado a cuentas por sus jefes, quienes consideran que el control sobre Amanalco ha quedado comprometido. Los hermanos Hurtado, según las fuentes consultadas, ordenaron a sus hombres que busquen la manera de recuperar el control de los municipios afectados por el Operativo Enjambre. No solo para volver a gozar de la protección gubernamental, sino para seguir jalando los billetes a carretadas que arrojan las extorsiones.