Minutos antes de su desaparición, Luis Alonso García Corrales, candidato a regidor y secretario de Organización del Partido Sinaloense, PAS, marcó el número telefónico de la candidata a la alcaldía de Culiacán por la coalición Fuerza y Corazón por México, Erika Sánchez Martínez.

Eran las 7:55 del pasado 13 de abril.

Sánchez Martínez no pudo tomar la llamada. La devolvió, sin embargo, minutos más tarde, a las 8:10. A esa hora, el candidato a regidor no contestó. Su teléfono permanece apagado desde entonces.

En compañía de un colaborador, Juan Francisco Cerón Beltrán, García Corrales acababa de salir de su casa y se dirigía a un parque cercano para grabar al lado de la candidata a la alcaldía un video promocional de cara al arranque de las campañas políticas en el estado.

Horas más tarde, cuando el líder moral del PAS, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, reportó en X que se había perdido todo contacto con el candidato, un conocido informó que a esas mismas horas lo había visto, detenido por una patrulla de la Policía Estatal, en la Calzada de las Torres.

En un negocio cercano se localizó un video en el que García Corrales aparecía, en efecto, al lado de una patrulla, pero no de la estatal, sino de la policía municipal.

Desde esa tarde el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, admitió que García Corrales y Cerón Beltrán estaban ilocalizables: “Dado que no se han podido contactar ni ubicar, se teme que hayan sido privados ilegalmente de su libertad”, escribió.

Como secretario de Organización, relatan miembros de la coalición opositora, Luis Alfonso García Corrales era la columna vertebral del PAS: en sus manos se hallaba la nómina entera de dicho instituto político: las listas de promotores, activistas, movilizadores. “Poseía los domicilios, sus teléfonos, todo”, relatan.

Cuando horas antes de las elecciones de 2021 el Cártel de Sinaloa privó de la libertad a más de un centenar de operadores políticos del PRI, a fin de limpiar de obstáculos el triunfo del morenista Rubén Rocha Moya, el primero en ser secuestrado fue precisamente el secretario de Organización de ese partido, Alberto Salas.

Salas fue despojado de toda la información relacionada con los operadores y con esos datos sicarios del cártel recorrieron Culiacán secuestrando de manera quirúrgica a la gente.

Por medio de las redes del exrector Héctor Melesio Cuén, el Partido Sinaloense se halla estrechamente ligado a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y de hecho se nutre de esta (64% de los miembros del Consejo Universitario están afiliados al PAS). En 2021 este partido aportó cerca de 100 mil votos a la candidatura del hoy gobernador, y también exrector de la UAS, Rubén Rocha Moya.

Estos personajes se declararon la guerra más tarde, cuando se recrudeció entre ellos la pugna por el control político de la Universidad y el gobernador lanzó una Ley General de Educación Superior que fue calificada como una transgresión a la autonomía universitaria.

En medio de una lluvia de denuncias y procesos penales por supuestos actos de corrupción y negocios ilícitos cometidos por Cuén, sus familiares y funcionarios universitarios, que en la UAS fue leída como una cargada del gobernador y su grupo político “para quedarse ellos solos con el botín”, se desataron marchas y movilizaciones que fueron creciendo en intensidad y que hallaron su punto culminante la noche en que, en una de sus tantas visitas a Sinaloa, el vehículo del presidente López Obrador fue cercado por estudiantes y trabajadores que lanzaron “¡fueras!” y exigieron a gritos la salida de Rocha Moya, así como el fin de la persecución a la UAS.

A López Obrador nunca le habían gritado en Sinaloa hasta que Héctor Melesio Cuén se peleó con Rocha Moya. La molestia del presidente fue tal (los medios nacionales le dieron vuelo a la gritoniza), que en su siguiente visita, para destantear una inminente movilización universitaria, el gobernador anunció que la agenda del presidente se mantendría privada.

En esos días trascendió (cito una nota de El Sol de Sinaloa) que, según documentos hackeados por el colectivo Guacamaya, durante las visitas de AMLO a Sinaloa los servicios de inteligencia militar lo cuidaban de las movilizaciones sociales de los narcos: la Sedena monitoreaba a los grupos sociales, identificaba a los líderes de los movimientos, revisaba su capacidad de convocatoria y desplegaba células de comunicación para llevar a cabo un seguimiento puntual de los recorridos del presidente.

Fuentes cercanas a la UAS aseguran que Luis Alonso García Corrales, el candidato a regidor desaparecido, operó la protesta llevada a cabo en Mazatlán el día en que el convoy del presidente fue cercado por trabajadores y estudiantes universitarios: el día en que en Sinaloa le gritaron por primera vez a AMLO.

En los círculos políticos de Culiacán llama la atención que la desaparición de García Corrales haya ocurrido precisamente un día antes de la llegada de Claudia Sheinbaum a Culiacán, donde la candidata oficialista encabezó un mitin en el centro de la ciudad.

Esa extraña coincidencia, en medio de una guerra sorda entre los dos grandes grupos de poder, que en los últimos días se han intercambiado graves acusaciones, y que ayer llevaron al PAS a suspender todas sus campañas, corre fuerte en medios políticos y periodísticos de Sinaloa.

A ese clima político, enrarecido por la inseguridad y la reciente privación de la libertad de 66 personas en Culiacán, se suma la abominable declaración del gobernador Rocha Moya, quien en su conferencia semanal acaba de deslizar la posibilidad de que la desaparición del candidato del PAS pudiera tratarse de un autosecuestro.

Hasta el momento, lo único firme es que a García Corrales lo detuvo una patrulla de la municipal en la Calzada de las Torres, y que desde entonces no aparece y su teléfono está apagado.