El 29 de octubre de 2014 fue encontrada una bolsa en el río San Juan, de la cual se extrajeron algunos restos óseos. Dos de estos mostraron coincidencias con Alexander Mora Venancio y Joshivani Guerrero , dos de los normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron hace seis años, la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero .
El Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF, que se hallaba realizando peritajes en el lugar, cuestionó la procedencia de la bolsa de la que se extrajeron los restos. La antropóloga Mercedes Doretti, integrante del EAAF, relató que cuando su equipo llegó al río, personal de la PGR había abierto una bolsa “que supuestamente acababa de encontrar”, y ya tenía distribuidos los restos sobre una lona.
Doretti dijo desconocer el origen de aquella bolsa. Dijo también que le extrañaba que uno de los fragmentos fuera más grande que el resto, incluso que los otros fragmentos hallados en el basurero de Cocula —donde según la PGR habían sido incinerados los 43 estudiantes desaparecidos.
A pesar de esto, la propia Doretti seleccionó un grupo de restos óseos que más tarde fueron enviados a la Universidad de Innsbruck para su análisis. La universidad informó que los restos correspondían con total certeza al alumno Alexander Mora Venancio . Del otro estudiante se dijo que la correspondencia no podía ser calificada de manera cien por ciento concluyente.
De cualquier modo, la duda sembrada por Doretti respecto a la bolsa —aunada a diversas irregularidades cometidas por la PGR al practicar la diligencia en el río— clavó la estaca de la sospecha sobre lo que luego se conoció como “la verdad histórica”: la versión que postulaba que los alumnos habían sido secuestrados, asesinados y calcinados por un grupo criminal en el basurero de Cocula. La versión que indicaba que más tarde las cenizas habían sido tiradas en bolsas en las aguas del río San Juan.
Vino todo lo que ya sabemos. La investigación incompleta de la PGR, que en su prisa por cerrar el caso dejó fuera líneas de investigación cruciales.
La llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI , que a partir de lo dicho por Doretti, y después de una visita al basurero de 20 minutos, realizada por un supuesto experto, determinó que ahí no había ocurrido nunca un evento de fuego (el EAAF admitió más tarde que ahí habían sido incinerados al menos 19 cuerpos; la CNDH que al menos 21).
La insistencia del propio GIEI en que fueran descartadas declaraciones de criminales confesos —a pesar de ser consistentes entre sí, y de que entre estas existían confesiones “limpias”, como la de los hermanos Sotelo Salinas— bajo el argumento de que se habían obtenido bajo tortura (la tortura se probó solo en dos casos, según el informe de la CNDH).
La resolución absurda de un juez de Reynosa, Tamaulipas, que tuvo como consecuencia la liberación de más de 70 delincuentes, algunos de los cuales ahora son testigos colaboradores de quienes pretenden construir la “verdad alterna” de aquella noche.
La creación de una bandera de campaña que llevó al poder al actual gobierno. La versión delirante de que los alumnos habían sido cremados en hornos del Ejército. La explotación de las víctimas, y del dolor de los padres, a manos de un grupo de organizaciones sin escrúpulos que seis años después siguen percibiendo recursos a cambio de venderles la idea de que sus hijos están vivos.
La negativa sistemática, primero del gobierno de Enrique Peña, y luego del gobierno de AMLO, a enviar a la Universidad de Innsbruck los 114 restos óseos propuestos por la CNDH, que fueron hallados en el basurero entre otros 60 mil fragmentos, como detalla la recomendación emitida por este organismo en noviembre de 2018, y que ayudarían a determinar de una vez por todas si corresponden a entre 21 y 41 estudiantes, o si no corresponden a ninguno de ellos —lo que demolería por completo la “verdad histórica”.
En resumen, una investigación enturbiada a lo largo de seis años: un sexenio entero de simulacros, de lucro político y financiero.
A pesar de que durante seis años se cuestionaron los hallazgos iniciales, a la fecha no se ha logrado modificar de manera sustancial los hallazgos iniciales, no de la PGR, sino de quien realizó las primeras detenciones y obtuvo las primeras versiones de lo ocurrido: la Fiscalía de Guerrero.
Todo se construyó a partir de una bolsa. En el expediente oficial del caso Iguala existe, sin embargo, un documento en el que la CNDH informa que “el resto óseo recuperado en el río San Juan, que a la postre, según su correspondencia genética con las muestras de sus familiares, fue útil para identificar a Alexander Mora Venancio, no fue hallado dentro de la bolsa recuperada en el propio río, sino incrustada en las paredes de la ribera del río”.
Esta precisión se encuentra en un documento que da respuesta al “Posicionamiento de la PGR Respecto al Cumplimiento de las Observaciones y Propuestas Planteadas en los Reportes Preliminares de la CNDH en el caso Iguala”, el cual fue incorporado al expediente del caso desde octubre de 2016.
¿Es probable que ese documento, que cambia todo, no haya sido visto ni por el GIEI, ni por el EAAF, ni por el Centro Pro, ni por Tlachinollan, ni por los padres, ni por sus abogados, ni por el gobierno todo? ¿O es probable que lo hayan visto y hayan decidido dejarlo sepultado entre las decenas de miles de páginas del expediente?
Es una buena pregunta, ahora que se cumple un año más de la tragedia.
