Tres semanas de narcoviolencia sin freno en Aquila, Chinicuila y Coahuayana, en el estado de Michoacán, han provocado el desplazamiento forzado de más de 500 personas, según reportes de organismos defensores de derechos humanos.
Las comunidades de El Coire, Chacalapa, Zicapa, El Diezmo y El Salitre hoy están prácticamente despobladas.
Aquila sufrió durante años el asedio de los Caballeros Templarios. Hace 15 años se formó una Guardia Comunal que logró expulsar a los integrantes de esta organización, pero a continuación vino otra pesadilla: la Familia Michoacana.
Hoy reportan que el asedio proviene de parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, que inició su expansión desde Chinicuila y que, a través de su guerra con grupos como Cárteles Unidos, ha hecho de Aquila y poblaciones vecinas un verdadero infierno.
A mediados de agosto, células del Cártel Jalisco lanzaron un ataque sobre la comunidad indígena de El Coire: se reportaron detonaciones de rifles de alto poder y la explosión de diversos artefactos con sustancias químicas. Cuando el ataque terminó había tres comuneros asesinados y al menos otros nueve desaparecidos.
Unos días más tarde, comunitarios que patrullaban La Presa fueron sorprendidos por sicarios del Cártel Jalisco que llegaban desde Colima y traían al menos un vehículo de los llamados “monstruos”. También La Presa se volvió un infierno: ocho policías comunitarios fueron abatidos. Diversas versiones señalan que también los comunitarios han sido infiltrados por grupos delictivos.
Desde febrero pasado, la violencia en toda esa región ha ido escalando de manera alarmante. El primer día del mes se dio la incursión de 50 sicarios al municipio de Aquila, así como un enfrentamiento que duró varias horas. Trece días más tarde Guardias Nacionales fueron emboscados por sicarios del CJNG. Los pobladores registraron por medio de videos las explosiones provocadas por un dron.
En marzo, según los reportes, casi un centenar de hombres armados quisieron tomar Coahuayana. Después de un rudo enfrentamiento con las autodefensas tuvieron que replegarse. Cinco comunitarios resultaron intoxicados a causa de explosivos químicos lanzados por los sicarios del CJNG desde un artefacto conocido como “lanzapapas”.
Tras el ataque, el grupo se lanzó sobre Zapotán, Palos Marías y El Órgano. En las dos primeras poblaciones comenzó el éxodo de habitantes. La última quedó secuestrada e incomunicada.
La población de Coayahuana se movilizó para bloquear la carretera federal y exigir la intervención de las autoridades, a fin de detener la quema de casas, y el saqueo de tierras, negocios, ganado.
A este municipio han llegado en los últimos meses más de mil 500 personas desplazadas de las localidades vecinas.
En mayo, junio y julio continuaron sin tregua los ataques, sobre todo con drones explosivos. En la comunidad nahua de Santa María Ostula, 50 sicarios rodearon la población y desde los cerros cercanos lanzaron drones que dañaron la escuela, una cancha y varias casas. La gente tuvo que pasar la noche en medio de los tiros y de las explosiones.
Aunque se pidió ayuda a la base militar de Coalcomán, donde se halla el 65 Batallón de Infantería, el auxilio no llegó sino hasta el día siguiente, en que un centenar de soldados y guardias nacionales tocaron base en el poblado, “pero no hicieron nada por detener la embestida del Cártel Jalisco” y se retiraron después de dos horas.
“¿Dónde quedó mi derecho a vivir dignamente?”, escribió una mujer desplazada en una cartulina. Los testimonios recogidos por defensores de derechos humanos refieren “la inacción” y el abandono del gobierno federal, del gobierno estatal, del Ejército mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil.
Van 15 años de tortura. Ahora, miles se han ido porque en todo ese tiempo, nadie volteó a verlos.