El pasado 23 de febrero, 70 jubilados de la Cooperativa Cruz Azul, S.C.L, fueron notificados de que los actuales directivos de esta cooperativa, Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez , habían ordenado el cese de los pagos y de las prestaciones mensuales a los que tenían derecho como jubilados, y conforme a lo contemplado por las Bases Constitutivas y el Plan Múltiple de Beneficios de la Cooperativa Cruz Azul.
Según la denuncia de hechos presentada ese día en la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, desde diciembre de 2021, Velázquez y Marín, quienes se ostentan como titulares de los consejos de administración y de vigilancia, ordenaron el cese de “pensión, haber social, revaluación, créditos, cooperativa de vivienda y caja de ahorros”.
A los jubilados, casi todos de la tercera edad, se les dejó también sin servicios médicos: consultas en la Casa de Salud y a domicilio, hospitalización, traslados hospitalarios, urgencias, atención odontológica, y estudios de laboratorio y gabinete.
Por último, Velázquez Rangel y Marín Gutiérrez ordenaron “que se cancelara el envío del numerario que estaba destinado al pago de actividades lúdicas”. De la noche a la mañana, los jubilados quedaron dentro de una burbuja, en calidad de apestados. Testimonios recogidos por el columnista señalan que, tras la suspensión de los derechos citados, las personas afectadas intentaron establecer contacto con los directivos.
De acuerdo con la denuncia, a través de terceras personas se les hizo saber que el cese de sus derechos se debía a que “no habían llevado a cabo acción alguna a fin de que sus hijos, socios activos o prestadores de servicios en distintas instalaciones de la cooperativa, los más de ellos en la planta de producción de cemento ubicada en Hidalgo, apoyen públicamente y por escrito las tareas propias de la gestión administrativa y/o de vigilancia que encabezan Velázquez Rangel y Marín Gutiérrez”.
En su mayor parte, los hijos de los socios jubilados habían denunciado la administración fraudulenta de Guillermo H. Álvarez Cueva, que ocasionó severos perjuicios tanto a Cruz Azul como a los cooperativistas.
Los socios jubilados fueron intimidados, tanto para que no manifestaran su desacuerdo con la nueva administración de la cooperativa, como para que guardaran silencio sobre la suspensión de las prestaciones anteriormente descritas, hasta que sus hijos rectificaran.
Algunos de los descendientes de los afectados, según la denuncia de hechos, fueron también “conminados” a manifestar su apoyo, y más tarde amenazados por la directiva con la pérdida de sus empleos, si no expresaban una postura favorable a la nueva administración.
Los jubilados afirman que el saqueo de la cooperativa y las prácticas autoritarias llevadas a cabo por Guillermo Álvarez Cuevas y las personas que formaban parte de su círculo cercano, fueron consentidos, facilitados y tolerados, entre otras personas, por Velázquez Rangel y Martín Gutiérrez.
Hoy, estos personajes los tienen hundidos en un clima de miedo , persecución , zozobra y temor.
La denuncia presentada ante las autoridades es por el delito de extorsión: alegan que se les pretende coaccionar para que sus hijos dejen de mostrar su desacuerdo y respalden la gestión de los nuevos dirigentes. Varios de los socios fueron obligados a presentar su renuncia.
“Ante su negativa de ofrecer respaldo, sus padres dejamos de recibir las pensiones a que tenemos derecho”, explican los jubilados.
Algunas preguntas que estos tienen para los directivos: ¿Por qué están siendo retenidos los recursos y los derechos que ellos tienen adquiridos según el artículo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y el marco normativo de Cruz Azul? ¿Con qué fundamento se suspendieron estos recursos? ¿Hacia dónde se están desviando y con qué intención? ¿Cuáles son los beneficios obtenidos y quién los capitaliza?
Se lee en la denuncia que a los jubilados “en varias ocasiones se les ha solicitado la elaboración y entrega de un documento de respaldo a favor de Velázquez Rangel y Marín Gutiérrez”. Muchos de ellos, con enfermedades crónicas, cuadros clínicos complejos y situación económica precaria , han tenido que desplazarse a otros sitios en busca de atención. Hasta ahora, su denuncia solo ha encontrado silencio.
