Un caso: Dan Jeremeel Fernández Morán, ejecutivo de seguros, sale de su casa en Torreón, Coahuila, para recoger a su madre en la estación de autobuses. Nadie vuelve a saber de él.
Dos semanas más tarde un militar es detenido a bordo del vehículo que Fernández Morán conducía el día de su desaparición. Dicho militar está involucrado, con otros dos elementos de inteligencia militar, en el secuestro de un empresario local.
En la procuraduría estatal se declaran incompetentes. “Usted búsquele, porque no podemos hacer nada en contra del Ejército”.
Cuando la presión de la familia obliga que el gobierno federal abra una investigación, un comando ingresa en el centro de detención y asesina a los militares involucrados en el caso.
Otro caso: En Ciudad Juárez, Chihuahua, poco antes de que se lleve a cabo su fiesta de 15 años, Rosa Angélica Marín Hernández sale a comprar una hamburguesa en compañía de su hermana, su cuñado, y un niño de 4 años. Al poco tiempo comienza a seguirlos una patrulla de la Policía Federal que llevaba la torreta encendida. Ellos no creen que la patrulla vaya tras ellos y doblan en una esquina. Su camioneta es acribillada.
A Rosa Angélica la sepultan al día siguiente con el vestido de 15 años que no pudo estrenar.
Otro caso: Una mañana irrumpen en el domicilio Severiano Treviño, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, varios integrantes de la policía estatal. Luego de golpearlo, lo visten con ropa militar, botas, casco y un chaleco con la leyenda “Cártel del Noreste”.
Otras siete personas que los estatales acaban de raptar son introducidas en el domicilio. Tienen 19, 20, 21, 39 años. Contra ninguna de ellas hay orden de aprehensión ni investigación abierta. A todas las torturan y las visten del mismo modo que a Severiano.
Sus cuerpos aparecen en una calle al lado de armas de asalto y un vehículo de blindaje artesanal, para simular un enfrentamiento.
Otro caso: Francisco Javier de la Fuente de la Rosa, licenciado en comercio exterior, sale de un hotel en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para comprar comida rápida. En la alberca del mismo lo está esperando un amigo. Horas más tarde Francisco Javier aparece “en calidad de occiso”. Militares aseguran que llevaba armas en la camioneta, que les disparó, y que ellos “repelieron” la agresión.
Otro caso: Víctor Manuel Baca Portillo es detenido por el Ejército en un puesto de hot dogs, al lado de dos amigos. Estos últimos son liberados. Víctor Manuel no. Los amigos le informan a sus padres: “No busquen a Víctor en ningún lado, está en la Sedena, nos detuvieron los militares”.
Es el 4 de octubre de 2009. Su padre, Gerardo Baca Portillo, lo busca durante siete años. En 2016, gracias a la intervención de una organización no gubernamental, los restos de Víctor Manuel son localizados en el Semefo. Los mantuvieron ahí desde que aparecieron semienterrados el 4 de octubre de 2009.
Hay libros en los que uno avanza como en un pantano. Dos periodistas profesionales y un experto en violencia, justicia transicional y derechos humanos, Paris Martínez, Daniel Moreno y Jacobo Dayán se hicieron esta pregunta: “¿Cuántas personas han sido asesinadas en México por policías y militares en los años de guerra contra el narcotráfico aun cuando nunca empuñaron un arma ni retaron a la autoridad?”.
Su averiguación, contenida en el libro “Permiso para matar. Una investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado” (Ariel, 2024), pudo detectar, a través de 191 entrevistas, así como de la revisión hemerográfica de historias ocurridas en Veracruz, Chihuahua, Guerrero, Puebla, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y la Ciudad de México, 1,854 casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, marinos, Guardia Nacional y policías estatales y federales.
Con un crimen de Estado cometido cada cinco días durante 16 años de violencia, como aseguran los autores, es imposible hablar de “casos aislados”: el libro muestra “patrones recurrentes” que a lo largo de tres sexenios se han repetido a lo largo del país: ejecuciones extrajudiciales que son presentadas como enfrentamientos; criminalización de las víctimas en el discurso oficial, y finalmente el establecimiento de un Estado de excepción en donde las autoridades pueden actuar fuera de la ley con tal de presentar supuestos resultados.
En la mayor parte de los casos analizados lo que priva es la impunidad. Algunas veces, muy pocas, son castigados los autores materiales. Pero siempre quedan impunes los altos mandos.
Aunque no se quiera ver, el libro de Martínez, Moreno y Dayán demuestra que hay permiso para matar.