El 11 de julio de 2021, José Luis Beltrán Araiza, agente del ministerio público de la unidad especializada de combate al secuestro de la fiscalía de Colima, solicitó a Telcel, con carácter de urgente y confidencial, el registro de comunicaciones de diez números telefónicos.
En esa solicitud figuraban, entre otros, los números de telefonía móvil de Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez en la Ciudad de México, el del entonces líder del Senado, el morenista Ricardo Monreal, y el del diputado panista Jorge Romero, entre otros.
El ministerio público pidió informes sobre todo tipo de comunicación realizado por esos números: por transmisión de voz, por buzón vocal, por conferencia y por datos. Quería conocer, a consecuencia de una supuesta investigación por privación ilegal de la libertad, la fecha, la hora y la duración de cada una de las comunicaciones realizadas desde esos números a partir del 7 abril de ese año.
Beltrán solicitaba información de los reenvíos, las transferencias de llamadas, los servicios de mensajería o multimedia empleados, así como la localización de las antenas en las que estas comunicaciones habían “rebotado”.
Más tarde se alegó que “una mujer” había entregado a la fiscalía algunos de estos números, con el argumento de que servirían para esclarecer la privación ilegal de la libertad de una menor.
Unas semanas más tarde, el 3 de agosto de 2021, desde la fiscalía general de justicia de la CDMX, el coordinador de investigación de delitos de alto impacto, César Oliveros Aparicio solicitó el detalle de llamadas de dos números, el primero de los cuales era el de Santiago Taboada. Con motivo “del perfeccionamiento legal” de una carpeta abierta por secuestro, se pidió también nombre y domicilio de los propietarios de estos números, así como el registro de todas las llamadas y conexiones a internet realizados desde el 1º de febrero de 2021 hasta la fecha de contestación del oficio.
El 22 de octubre de ese año, otro funcionario de la fiscalía capitalina, Alejandro Ignacio Santamaría, fiscal de investigación del delito de secuestro, volvió a solicitar información del número de Taboada, así como de otros tres teléfonos más. Esta vez se pidió el detalle de comunicaciones efectuadas desde el 1º de octubre de 2020.
El 27 de noviembre, el fiscal de investigación del delito de secuestro de la CDMX, Alejandro Ignacio Santamaría, volvió a solicitar a Telcel el detalle de llamadas y registros, desde el 27 de agosto de ese año, de cuatro números telefónicos. En esa nueva tanda figuraba otra vez el número del alcalde de Benito Juárez, y se agregaba el de la diputada local del Partido Verde, Alessandra Rojo de la Vega.
En enero de 2022 Peniley Ramírez dio a conocer que cinco alcaldes opositores eran investigados por la unidad de inteligencia patrimonial y económica de la CDMX, de acuerdo con copias de las solicitudes que habían llegado a los bancos, y que ella tenía en su poder. Tanto el titular de la unidad, Daniel Quintero, como el juez Agustín Moreno Gaspar, habían solicitado a la Comisión Nacional Bancaria toda la información sobre las cuentas de Taboada.
El panista, que desde octubre de 2021 había anunciado su deseo de contender por la jefatura de gobierno de la capital, le preguntó a Claudia Sheinbaum en una reunión de alcaldes si existía alguna carpeta de investigación en su contra. Sheinbaum lo negó.
Un año más tarde, su gobierno lo seguía negando: el 6 de febrero de 2023, por ejemplo, el vocero Ulises Lara negó en entrevista con Manuel López San Martín que dicha investigación existiera.
Sin embargo, en tres mensajes recibidos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, Santiago Taboada había sido advertido por un funcionario de la fiscalía de que sus comunicaciones eran objeto de vigilancia y había varias carpetas abiertas en su contra. “Cuídese”, le escribió. Según Peniley Ramírez, uno de los mensajes indicaba que a Taboada le estaban inventando delitos.
El gobierno de la ciudad y la fiscalía capitalina siguieron negando la investigación. Pero los oficios enviados a Telcel, debido a los cuales esta compañía se vio obligada por ley a entregar la información requerida, revelan que la investigación seguía adelante todavía el 20 de junio de 2022, casi un año después de que las primeras solicitudes fueran giradas: en esa fecha, el fiscal de investigación de asuntos relevantes, José Antonio Onofre Polvo, volvió a incluir el teléfono de Taboada en un oficio, a través de la cual pidió todos sus registros desde el 1º de julio de 2021.
El panista promovió acciones legales para tener acceso a las supuestas carpetas: un juez de amparo solicitó información a la fiscalía, a los jueces de la ciudad, y a Telcel. Esta compañía admitió que había entregado la documentación solicitada. Taboada pudo averiguar que estaba involucrado en 14 investigaciones por secuestro y en dos por desaparición forzada.
Según el explosivo reportaje publicado la semana pasada por The New York Times, la actividad telefónica de más de una decena de políticos y funcionarios fue monitoreada por la fiscalía general de justicia de la CDMX, al menos durante 2021.
La fiscal Ernestina Godoy negó “categóricamente” que la dependencia a su cargo hubiera vigilado a las personas mencionadas en el reportaje y acusó que los documentos consultados por The New York Times eran falsos. Lanzó incluso un comunicado en el que se negó que la fiscalía hubiera solicitado a Telcel escuchas telefónicas o geolocalizaciones.
De manera significativa, unos minutos más tarde el encargado de la comunicación corporativa de Grupo Carso y América Móvil, Renato Flores Cartas, escribió en su cuenta de X, “en relación con la información dada a conocer por el NYT (…) los operadores están obligados, con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a proporcionar información a las Fiscalías”.
Telcel, pues, confirma que entregó la información a que hace referencia el reportaje. Y dicha información no puede ser entregada a un particular, sino solo a la autoridad competente.
Mala señal si ni Claudia Sheinbaum ni Ernestina Godoy estuvieron al tanto del espionaje. Pésima señal si sí estuvieron.
En todo caso, en los 14 expedientes judiciales consultados por los reporteros del diario estadounidense, figuran decenas de números telefónicos que durante más de un año fueron vigilados.
El reportaje del NYT es solo el anuncio del alud que a las autoridades capitalinas les podría caer encima.
