Once alcaldes de la Tierra Caliente y la región Norte de Guerrero lanzaron a principios de abril pasado un desesperado grito de auxilio. En una carta dirigida a la gobernadora Evelyn Salgado, denunciaron que el grupo criminal de Los Tlacos los había amenazado de muerte a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas.
Relataron que se hallaban aislados en sus respectivos municipios, debido a que esta organización había prohibido a alcaldes, diputados y empleados municipales de esa zona de Guerrero acercarse a Chilpancingo, “así como a cualquier otro punto donde dicho grupo delictivo tiene invadido el territorio”.
En la misiva, firmada también por dos diputados locales y uno federal, los alcaldes solicitaban una reunión urgente con la gobernadora, y proponían que esta se llevara a cabo en Apaxtla, uno de los municipios amenazados por los Tlacos.
Salgado no consideró seguro el punto de reunión y propuso que el encuentro se llevara a cabo en Ciudad Altamirano, dentro de las instalaciones del 34 Batallón de Infantería.
El 27 de abril el Ejército desplegó un amplio anillo de seguridad en la zona. Se cerraron calles y no se permitió que ningún automóvil se acercara a menos de 100 metros de distancia. Salgado llegó a bordo de un helicóptero militar.
Asistieron los alcaldes de una zona convertida en un caldero. Teloloapan, Arcelia, Ajuchitán, Tlapehuala, Cutzamala, Tlalchapa, Apaxtla, Ixcateopan, San Miguel Totolapan, Pungarabato y Ciudad Altamirano.
La reunión duró varias horas. Los alcaldes se quejaron después de la actitud distante de la gobernadora. Algunos reclamaron a gritos el abandono del gobierno estatal en momentos en que sus pueblos se desataban el miedo y la sicosis. Allá, le dijeron, nunca hubo el despliegue que hay aquí.
Uno de ellos, según las notas disponibles, la acusó de haber llegado al poder gracias a sus pactos con el crimen. La gobernadora replicó que había llegado gracias al apoyo del pueblo, y dejó caer la acusación, llena de jiribilla, de que en la Tierra Caliente la Familia Michoacana imponía el precio de los productos básicos. Luego de lanzar un comunicado que afirmaba que la reunión había tenido como objeto “coordinar esfuerzos en materia de desarrollo social y seguridad pública”, regresó a la capital a bordo del helicóptero.
Todos los presentes en esa junta “gobiernan” zonas controladas por La Familia Michoacana, el grupo criminal cuyo poderío económico y numeroso ejército de sicarios lo han convertido en un verdadero Estado paralelo que cobra rentas a prácticamente toda la población, que financia campañas políticas y cuenta con operadores en los distintos niveles de gobierno.
Algunas de esas zonas han sido cercadas por Los Tlacos, el grupo delincuencial con mayor expansión durante el gobierno de Evelyn Salgado (presente en las zonas Centro, Norte y de la Montaña), lo que ha provocado una disputa que ha arreciado en diversos rumbos del estado, provocando un reacomodo en las alianzas criminales (se ha detectado una unión entre La Familia Michoacana y Los Ardillos), y dejando a lo largo de Guerrero una estela de masacres, ejecuciones, jornadas de enfrentamientos, hallazgo de cuerpos calcinados, narcobloqueos, pueblos arrasados, ataques con drones y quema de vehículos.
El obispo Salvador Rangel denunció la protección que el gobierno de Evelyn Salgado brinda a Los Tlacos, y achacó a la relación de la gobernadora con este grupo criminal la reacción violenta de Los Ardillos y la crisis de inseguridad que se vive actualmente en Chilpancingo.
Los Tlacos iniciaron su avance criminal en la administración del priista Héctor Astudillo, de la mano del entonces secretario de Desarrollo Social Mario Moreno Arcos, emparentado con el líder de Los Tlacos, Onésimo Marquina. Según reportes de seguridad, en este sexenio los acuerdos siguieron, primero de la mano del padre de la gobernadora, Félix Salgado Macedonio, y luego de la de su jefe de oficina —quien es al mismo tiempo su pareja sentimental—, Rubén Hernández Fuentes.
De acuerdo con los reportes, los recientes secuestros y asesinatos de funcionarios de seguridad en el estado son consecuencia de esta lucha. El Sur, de Acapulco, reveló ayer que el delegado de la FGR asesinado en Chilpancingo el 12 de septiembre pasado, Fernando García Fernández, había participado en el arresto de dos importantes líderes de Los Ardillos. Fuentes estatales aseguran que dichas detenciones fueron leídas como una forma de limpiar territorio en servicio de Los Tlacos.
En todo caso, el gobierno de Guerrero sigue siendo el gran ausente en el infierno que desató.
