El saqueo y la rapiña que se desataron sobre Acapulco tras el paso del huracán Otis no fueron espontáneos. Los dirigió y coordinó el crimen organizado, de acuerdo con reportes militares y fuentes confidenciales de la Asociación de Bancos de México.

Más de 20 sucursales fueron saqueadas en el puerto. En algunos casos, los cajeros automáticos fueron extraídos, o más exactamente arrancados, con cadenas que eran jaladas por camionetas. En varias sucursales, los criminales lograron llevarse la totalidad de los cajeros.

En otras, los delincuentes emplearon sopletes para intentar extraer el efectivo. Su objetivo principal, luego de romper las puertas blindadas sin que autoridad alguna hiciera acto de presencia, eran las bóvedas.

En algunos casos, lograron ingresar en estas.

Según la Asociación de Bancos de México, 30 sucursales bancarias, de 86 que existen en el estado de Guerrero, fueron víctimas de la rapiña.

Entre ellas figuran BBVA, Santander, HSBC y Citibanamex.

Las mismas organizaciones criminales, fundamentalmente el CIDA (Cártel Independiente de Acapulco) y la organización conocida como Los Rusos (dependiente del Cártel de Sinaloa), coordinaron el asalto a los almacenes y las tiendas departamentales de alta gama.

“Ellos decían dónde, cuándo, cómo. Por radio avisaban por dónde y a qué hora”, reveló una fuente de seguridad del gobierno estatal.

Desde las primeras horas posteriores a la tragedia (aunque hay una fuente que señala que los saqueos comenzaron desde las 10 de la noche del 24 de octubre, dos horas antes de la llegada de Otis),  el crimen movió a taxistas, transportistas y comerciantes ambulantes que se hallan bajo su control.

Del mismo modo dirigió el robo de combustible, que hoy es vendido en la Costera a plena de luz día a bordo de camionetas provistas con anuncios (Gasolina $$$$), donde se expende hasta en 40 pesos el litro. Medios locales han comenzado a llamar a estos vendedores “los huachicoleros del huracán”.

Al saqueo del 24 de octubre se sumaron, según los reportes, unidades de la fiscalía general del estado de Guerrero, así como elementos de la policía municipal y turística.

En un informe enviado por el Ejército se advierte que el crimen organizado ha comenzado a apoderarse ya de departamentos abandonados por sus propietarios en las exclusivas torres del Acapulco Diamante.

Al llamado del CIDA y Los Rusos se sumaron miles de habitantes que rápidamente hicieron la situación incontrolable.

El crimen organizado se apoderó ya de Acapulco, que era ya una de las ciudades más violentas del mundo, en donde solo 15 mil militares —además de tomar parte en las labores del plan DN III—, deben velar por la seguridad de 800 mil personas, y en donde fueron heridas amplias zonas en las que los cuerpos de seguridad ni siquiera se han asomado.

El 90% de la Costera y la Zona Diamante fueron arrasadas por Otis. No se han cuantificado los daños en las más de 450 colonias y más de 100 asentamientos irregulares que existen en el municipio.

Tampoco se tiene una cifra exacta de muertos y desaparecidos.

Fuentes militares aseguran que el número real se mantiene oculto como parte del control de daños ordenado desde la Presidencia de la República.

El 2 de noviembre, a través del Diario Oficial, la coordinadora de Protección Civil Laura Vázquez hizo una declaratoria de desastre natural que abarcaba  47 municipios afectados —por lluvia severa, vientos fuertes e inundaciones— en el estado.

Menos de 24 horas más tarde, sin explicación alguna, la declaratoria se redujo a solo dos: Acapulco y Coyuca de Benítez.

El presidente López Obrador minimizó primero el desastre. Más tarde, cuando cobró conciencia de su verdadera magnitud y constató la incapacidad de su gobierno y de los militares para garantizar la seguridad y llevar a cabo la reconstrucción de puentes, caminos y construcciones en más de 40 municipios, ordenó que la declaratoria fuera modificada. El fin es exactamente el mismo: tener la capacidad de imponer una narrativa como forma de controlar los daños.

Al convocar a una caravana contra la minimización de los daños que dejó el huracán y para exigir apoyo suficiente para las zonas que Otis dejó devastadas, Ramiro Solorio, dirigente de Movimiento Ciudadano en Acapulco, hizo una enumeración precisa del manejo que López Obrador ha hecho hasta hoy de la tragedia:

“No recorrió una sola colonia. No escuchó a la gente. No dimensionó el problema. Regatea recursos para la reconstrucción y privilegia obras faraónicas. No quiso etiquetar a Guerrero ningún fondo de apoyo en el Presupuesto de Egresos 2023. Intenta minimizar la tragedia. No quiere entender que hay hambruna y emergencia sanitaria”.

Al borde del hambre, de un desastre sanitario y de la violencia social, Acapulco está en manos de “los huachicoleros del huracán” y del crimen organizado que encontró en el desastre una forma de ampliar y de asegurar el control que ya tenía sobre el puerto.

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