Imaginen un gobierno que es al mismo tiempo la autoridad electoral. Tienen razón. No es necesario imaginarlo. Ya lo tuvimos y el resultado fue atroz. En 1988, el hoy intocable Manuel Bartlett, representante de aquella dualidad aberrante, encabezó el fraude que retrasó 30 años la llegada al poder de un partido de izquierda.
La historia de México en los años que siguieron fue la de la lenta construcción de un andamiaje democrático que impidiera que un fraude como aquel volviera a ocurrir. En 2018, gracias a ese andamiaje, Andrés Manuel López Obrador pudo convertirse al fin en presidente de México.
En vez de asegurar, sin embargo, las garantías que en su campaña presidencial tuvo como opositor (recibió dinero público, prerrogativas, fundó un partido y gozó de más tiempo en los medios que ningún otro candidato), AMLO dedicó el primer año de su gobierno a poner al INE bajo asedio.
Ha quedado claro que esto forma parte de un esquema. El presidente quiere quitar todo lo que le incomoda. En este año, la 4T se ha dedicado a cooptar y minar todo mecanismo encargado de auscultar al poder. Hoy tiene a la CNDH en la bolsa y ha arrollado a la CRE, al Inai, el Inegi, la Cofetel y la Cofece.
El ataque al INE comenzó desde los primeros días del gobierno, por la multa que se impuso a Morena tras el manejo irregular del fideicomiso “Por los demás”. Pero se ha agudizado en los últimos tiempos: lo están bombardeando desde varios frentes, y se vienen meses críticos.
Morena ha presentado más de 30 iniciativas de reforma, a fin de modificar los mecanismos de operación del INE. Una de las más significativas, presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, pretende desaparecer los Organismos Públicos Electorales, OPLE, encargados de arbitrar las elecciones del próximo año, en el que estarán en juego 15 gubernaturas, a fin de sustituirlos por consejos locales designados desde la Cámara de Diputados: es decir, consejos designados desde Morena.
La idea es borrar toda huella de autonomía, para que todo sea manejado desde el partido en el poder.
Otra de las propuestas lesivas a la autonomía del organismo pretende acortar la presidencia de Lorenzo Córdova, a quien redes sociales y plumas afines al gobierno atacan un día sí y otro también.
Desde marzo pasado, Morena promovió el nombramiento como contralor del INE de Jesús George Zamora (miembro del grupo político de Higinio Martínez, Horacio Duarte y del propio diputado Gutiérrez Luna). George Zamora lleva diez meses amenazando a la Junta General Ejecutiva y al Consejo General con auditorías encaminadas a probar supuestos “daños patrimoniales”.
Hace unos días el contralor anunció que acababa de abrirse una investigación de oficio contra la Junta General Ejecutiva: en los pasillos del INE se esparció el rumor de que varios funcionarios podrían ser llevados a prisión preventiva bajo cargos de corrupción.
Para aumentar la presión, se afirmó también que el contralor había firmado un convenio de colaboración con Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, para “lograr un organismo electoral austero, honesto y fiscalizable”, pese a que dicha Secretaría carece de atribuciones legales para intervenir en un organismo autónomo.
En tres meses terminará el periodo de cuatro consejeros electorales que habían mostrado su independencia. Los nuevos nombramientos solo pasarán por la Cámara de Diputados, donde Morena tiene garantizada una votación calificada. Con esos cuatro consejeros, sumados a dos que ya tiene, el partido del presidente podrá apoderarse de comisiones fundamentales para garantizar el equilibrio democrático.
Morena vigilará de ese modo los actos de campaña. Morena fiscalizará los gastos de campaña. Morena multará las irregularidades que juzgue que se han cometido. Morena dirá cuándo sí y cuándo no podrá el presidente dar sus “mañaneras” en el proceso electoral que viene.
Como en 1988.
Como en aquel México del que muchos quisimos salir, y al que muy fácilmente podríamos volver si no emprendemos hoy la defensa del INE.
