Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 manifestaron su desaliento al salir del larguísimo informe que, sobre el caso, se presentó el sábado pasado en el Palacio Nacional, con la presencia del presidente de la República.
Según el señor Emiliano Navarrete , padre del normalista José Ángel Navarrete , fue “solamente un recuento de lo que se ha informado en las reuniones de la Comisión Ayotzinapa”.
El presidente dijo que muerta la “verdad histórica” tendremos la “verdad auténtica” . El subsecretario Alejandro Encinas , comisionado del caso, dijo que, con los nuevos hallazgos de la investigación, que demuestra que los 43 nunca estuvieron juntos, la “verdad histórica” ha colapsado. El fiscal del caso Iguala, Omar Gómez Trejo señaló, entre otras cosas, que se han girado órdenes de aprehensión contra varios militares por su probable participación en los hechos, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz , acusó al gobierno anterior de mentir, encubrir y realizar falsas diligencias, y al antiguo encargado de la investigación, Tomás Zerón , de robarse mil millones de pesos: su supuesto pago por encubrir la verdad.
Ninguno de los funcionarios aportó pruebas. De hecho, en el informe escasearon los datos y, de manera sintomática, no se permitieron preguntas de los reporteros.
Lo extraño de la “verdad auténtica” dada a conocer el sábado, es que está enteramente basada en información “vieja”, que obra en el expediente del caso desde 2014 y que de manera contundente fue presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe de 2016 —y sobre todo en su recomendación de fines de 2018, tras una investigación de más de cuatro años.
Desde 2018 la CNDH indicó que los estudiantes fueron separados y planteó al menos dos rutas de desaparición en las que habrían participado policías de Iguala , Cocula y Huitzuco , así como elementos federales.
El fiscal Gómez anunció como novedad la búsqueda de los estudiantes en Carrizalillo y otros lugares de la región. La CNDH había señalado ya a Carrizalillo (apartado 10) como uno de los diez lugares de posible destino de los normalistas . Por otra parte, el “descubrimiento” de las irregularidades cometidas por la exagente del ministerio público Blanca Alicia Bernal Castilla, a la que se acusa de haber encubierto delitos cometidos por Tomás Zerón , el antiguo encargado de la investigación, estuvieron desde siempre agregadas al expediente y fueron denunciadas en los apartados 20, 31 y 34 de la Recomendación.
El fiscal Gómez mencionó dos veces que un resto óseo “sembrado” por la PGR permitió la identificación del alumno Alexander Mora Venancio. La identificación, sin embargo, se llevó a cabo gracias al hallazgo de DOS restos óseos: uno se halló en la famosa bolsa del río San Juan , cuya autenticidad el Equipo Argentino de Antropología Forense puso en duda de inmediato, pero otro resto se encontró incrustado en una de las paredes del río San Juan (lo que echa por tierra la versión de la “siembra” en la bolsa).
La CNDH demostró que en dicha bolsa se halló también un resto óseo de otro alumno, Jhoshivani Guerrero de la Cruz , de quien apareció un segundo resto en el basurero de Cocula . Para la Comisión, esto “sin lugar a dudas liga la bolsa con el basurero” y confirma la coincidencia entre los elementos “físicos, químicos y biológicos”, encontrados tanto en la bolsa como en el basurero.
El análisis del resto de Jhoshivani hallado en el basurero, realizado en la Universidad de Innsbruck , fue ocultado de manera dolosa por todos lo que se oponen a conocer la “verdad a secas” de lo acontecido, hasta que la CNDH lo dio a conocer en su informe.
El fiscal Trejo insiste en que el resto óseo de Alexander Mora Venancio es el único indicio material que sustenta la quema de los alumnos en el basurero. Pero no es así. Basta con revisar la recomendación de 2018 para constatarlo.
En cambio, los promotores de la nueva “verdad auténtica” no dedicaron un solo segundo a los 114 restos óseos hallados en el basurero, que desde 2018 fueron propuestos para su análisis genético en Innsbruck, y que serían cruciales para determinar de una vez por todas si corresponden o no a un grupo de normalistas. ¿Por qué la negativa a enviarlos y por qué el silencio alrededor de estos?
Uno de los miembros del GIEI , Francisco Cox , señaló que la versión de la incineración de los normalistas en el basurero no es verosímil porque quienes la dieron fueron torturados. Olvidó mencionar que de los ocho sicarios que narraron de la quema en el basurero, solo en dos casos el Protocolo de Estambul confirmó actos de tortura, por lo que las declaraciones de los otros seis, congruentes y coincidentes entre sí, son totalmente válidas.
Cox olvidó mencionar, también, que en dos de esas declaraciones estuvieron presentes sus compañeras del GIEI, Ángela Buitrago y Claudia Paz . En estas, los hermanos Sotelo Salinas relataron cómo el destino final de un alto número de alumnos había sido el basurero.
Los padres de los alumnos tienen razón. No parece haber nada nuevo para ellos. Las novedades sobre Tomás Zerón, las órdenes de aprehensiones contra militares presuntamente involucrados (la CNDH había detallado su actuación aquella noche), el hallazgo de los restos de otro alumno (realizado desde 2014) en la barranca de “La Carnicería” , a 800 metros de distancia del basurero, no cambian de manera esencial la narrativa de los hechos. Aún más: no hay nueva narrativa de los hechos.
Un toque más de rareza lo aporta el que los funcionarios de la “verdad auténtica” se duelan de la liberación de inculpados… que fueron detenidos por razones de la “verdad histórica” que rechazan.
Hasta el momento, los voceros de la nueva verdad no han podido desmontar el relato central de esa noche.
Muy pronto veremos que, a falta de hechos, ofrecerán cabezas.
