Norma Mendoza López fue la primera mujer mexicana que se sometió al Protocolo de Estambul, la guía internacional que certifica actos de tortura, así como sus consecuencias.
En noviembre de 2011, Mendoza López fue acusada falsamente por militares de realizar labores de halconeo. Se envió al Cedes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que entonces se hallaba controlado por los Zetas.
En ese lugar, la recién llegada comenzó a ser “interrogada” por los integrantes del grupo criminal, quienes buscaron hacerla confesar que trabajaba para sus rivales del Cártel del Golfo.
Relató que Los Zetas utilizaban una tabla con cinco agujeros y un mango de más de un metro de largo; la “tableaban” con ese objeto en tandas de 15 golpes en la espalda, los glúteos, las piernas.
La tortura se ejecutó varias veces al día durante una semana. La mujer quemada con cigarrillos. Los Zetas le arrancaron las uñas e hicieron que una persona obesa brincara sobre su estómago.
La torturaron hasta que la dieron por muerta y salió rumbo a la morgue con hemorragias internas, el hígado hecho pedazos, la vesícula reventada y varias costillas fracturadas.
En 1997, un teniente del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) desertó del Ejército y arrastró consigo a un grupo de soldados de élite, entre fusileros paracaidistas, y miembros tanto del 70 Batallón de Infantería como del 15 Regimiento de Caballería Motorizada, que habían sido entrenados por el ejército de Estados Unidos.
Todos ellos terminaron por conformar el círculo de seguridad de Osiel Cárdenas Guillén, el líder del Cártel del Golfo.
Los Zetas iban a convertirse en la peor pesadilla que tal vez se ha vivido en México durante los años de la violencia desbordada: el camino de Los Zetas fue la propagación del terror mediante la más absoluta falta de respeto por la vida y por el cuerpo humano.
Una vez que tomaron control de Tamaulipas, y luego de su célebre ruptura con el Cártel del Golfo, el grupo inició la colonización de México, a través de las diversas rutas de tráfico. Los Zetas inauguraron en el país la era de las decapitaciones, los desmembramientos, los colgados bajo los puentes y los cuerpos disueltos en ácido.
Fueron ellos los que iniciaron la orgía de sangre, los modos de castigo del crimen organizado que hoy presenciamos atónitos. Como ha escrito Marcela Turati en el libro San Fernando: última parada, “arrasaron vidas humanas, con pueblos enteros, con formas de vida”.
Con los años fueron emergiendo detalles de la infame lista de actos de tortura que cometieron contra sus enemigos y de los actos de tortura que formaron parte de sus diabólicos rituales de iniciación.
Fueron militares quienes cambiaron el panorama criminal de México. ¿Cómo explicar las atrocidades que cometieron al frente del cártel más sanguinario que ha existido en México?
Carlos Loret de Mola acaba de dar a conocer en Latinus un reportaje –bajado más tarde de Facebook y YouTube– sobre los actos de tortura, humillación y violencia sicológica a que hoy en día son sometidos los alumnos de las instituciones militares del país.
A través de videos grabados por los mismos cadetes, se exhibió la constante de violencia, tortura y malos tratos que forman parte de la vida cotidiana durante los años de iniciación militar.
Entre esas torturas sobresale El Mortero, en donde las víctimas son obligadas a sostener con la cabeza el peso de su propio cuerpo, mientras se les golpea en las piernas y los glúteos con tubos y tablas.
Aparece también El Vampiro, variante en la que los militares son colgados de cabeza con el rostro tapado con cintas adhesivas (la misma imagen que durante años hemos visto en los cadáveres que los criminales cuelgan de los puentes), y en la que se derrama talco en la cabeza de las víctimas, a fin de dificultar su respiración.
“Todos en los planteles saben que (estas formas de tortura) se practican”, afirman los testimonios recogidos por Julio Astorga y Monserrat Peralta, autores del reportaje.
La gravedad de los videos publicados estriba en que revelan que en las academias militares de México la tortura es parte de la formación y educación de los cadetes. Exhiben que, desde el origen, en los actuales responsables de la seguridad pública no hay empatía por el dolor, ni existe respeto por los derechos humanos.
En 2014, cuando el Ejército llevaba casi una década en las calles, Amnistía Internacional había documentado 2,403 denuncias de tortura que involucraban a militares mexicanos. En su Informe Mundial 2023, Human Rights Watch concluyó que estas tácticas siguen siendo empleadas de manera habitual: que según la más reciente encuesta realizada en personas encarceladas, la mitad de los detenidos en las prisiones de México sufrieron torturas a manos de sus captores: policías y militares.
Human Rights Watch refiere que las denuncias sobre el uso de la tortura por parte del Ejército y la Guardia Nacional “han ido en aumento en los últimos años”, al punto de que en 2021 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió “la mayor cifra en ocho años”.
El reportaje sobre la tortura, las humillaciones y los malos tratos en las academias es de miedo. Enciende un nuevo foco sobre los riesgos que entraña el avance imparable de la militarización.
¿En qué manos está la seguridad pública?
