Mientras el presidente López Obrador se reía en la “mañanera” al informar del secuestro de 16 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad de Chiapas, privados de la libertad en Ocozocoautla el martes 27 de junio, mil elementos estatales y federales iniciaban en la zona un desesperado operativo de búsqueda.
El presidente de México afirmó que el secuestro era producto de una confrontación entre grupos criminales, y luego amenazó a los secuestradores: “Mejor que los liberen, si no los voy a acusar con sus papás y sus abuelos”. Fiel a su costumbre, en medio de grandes sonrisas, López Obrador abandonó el tema y se entregó a hablar de sí mismo y del muñeco parlante que le dedicaron.
El martes pasado, el camión que transportaba a 33 empleados de la Secretaría fue interceptado por varios vehículos repletos de hombres armados. Los secuestradores liberaron en el lugar a un grupo de 17 mujeres; más tarde hicieron circular un video que mostraba a los empleados cabizbajos, pero con vida (“nos encontramos muy bien”), y en el que uno de los cautivos era obligado a leer un papel colocado en el suelo, que contenía las exigencias que los secuestradores hacían al gobernador morenista Rutilio Escandón: las renuncias del subsecretario de Seguridad Pública, Francisco Orantes; del director de la Policía Estatal Preventiva, Roberto Yahir Hernández Terán, y del director de la Policía Estatal Fronteriza, Marco Antonio Burguete Ramos.
Esa noche, el cuartel regional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Tapachula fue atacado con un explosivo que dañó al menos tres patrullas.
En un video subido a redes más tarde, en el que los trabajadores aparecían de rodillas, sometidos, con la cabeza baja, otro de los empleados se dirigió a los funcionarios señalados: “Que le digan a su jefe El Pulseras que entreguen a la persona que tienen secuestrada, ella no tiene nada que ver, al igual que nosotros y no tenemos que pagar justos por pecadores”.
“¡Por favor!¡Por favor!”, clamaban los empleados, en una imagen dramática.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, no son nuevas las denuncias de la colusión criminal entre funcionarios del gobierno de Rutilio Escandón, en concreto de la Secretaría de Seguridad y de la fiscalía, y el Cártel de Sinaloa.
Chiapas atraviesa un momento crítico. El Cártel Jalisco se ha apoderado de las regiones rurales y el Cártel de Sinaloa de las zonas urbanas. La confrontación entre ambos grupos arreció a consecuencia de dos hechos: la ejecución en julio de 2021 de Ramón Gilberto Rivera Maravilla, El Junior, operador en el estado del Cártel de Sinaloa, y la detención en Tuxtla Gutiérrez, en marzo de 2022, de un operador del mismo cártel enviado desde Chihuahua a vigilar las operaciones: Antonio “N”, alias el 300 o El Bin Laden.
Según fuentes de inteligencia, Juan Manuel Valdovinos Mendoza, conocido como El Señor de los Caballos, esperaba heredar el liderazgo –hay constancia de su presencia en Jiquipilas desde hace varias décadas.
Pero los jefes de Sinaloa no confiaron en él.
Valdovinos hizo una primera alianza con el Cártel Jalisco y más tarde con Los Zetas. Hizo tratos para recibir el apoyo de Los Huistas, el grupo criminal que concentra en bodegas de Guatemala la droga enviada por narcotraficantes ecuatorianos, peruanos y colombianos, y por cuya cabeza el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.
Hace dos meses las calles de San Cristóbal de las Casas, la segunda ciudad turística con mayor narcomenudeo después de Cancún, dieron cuenta del estado en que se encuentra Chiapas. Se desató una oleada de balaceras, quema de vehículos y bloqueo de calles, que reveló el nivel de control que alcanzaron los grupos criminales.
Ahí tiene su bastión el llamado Cártel Chamula –el primer cártel indígena de México–, cuya existencia fue admitida hace dos años por el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja.
Otro detonante de violencia lo constituye la presencia de Los Mara Salvatrucha, cuya presencia ha sido ubicada en un mapa criminal elaborado por AC Consultores en los municipios de Palenque, Arriaga, Mapastepec, Tapachula, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa y Frontera Hidalgo.
Según ese mismo mapa, grupos delictivos armados hasta los dientes se extienden a lo largo de 61% de la superficie del estado. A todo esto, se agrega la presencia de paramilitares en el área rural, y los altos índices de adicción al crystal y las metanfetaminas en las comunidades indígenas.
Rutilio Escandón no solo carece de una estrategia para hacer frente a esta bomba de tiempo: como se ha dicho, hay denuncias constantes del involucramiento de sus policías con los grupos criminales.
Chiapas es un territorio más que se ha perdido.