No tienen pavimento, no tienen drenaje, carecen de clínicas, no existe infraestructura, el alumbrado público es deficiente: colonias enteras carecen de electricidad.
En la comisaría de Miguel Alemán, la más grande de Sonora, ubicada a 65 kilómetros de Hermosillo, más de 40 mil personas viven presas del olvido y el abandono gubernamental, a merced de la marginación y la pobreza, azotados por las drogas y por el alcoholismo.
A todas las pesadillas de esta comunidad agrícola poblada por jornaleros y migrantes triquis, mixes, mixtecos, zapotecos y tarahumaras, y por gente que salió de Guerrero, Puebla y Veracruz para huir de la pobreza y de la violencia, se ha sumado el azote de los grupos del crimen organizado que han caído como una plaga sobre la gente y sobre los cultivos de uva, garbanzo, nueces, hortalizas y naranjas.
La fatalidad de esta comisaría, fundada como campo agrícola a principios de los años 60 del siglo pasado, consiste en hallarse sobre la carretera 100, una de las rutas del narcotráfico hacia la frontera norte.
Hallazgo de fosas clandestinas en los alrededores, presencia constante de grupos armados, detenciones frecuentes de vendedores de droga al menudeo y hasta el escandaloso decomiso de 12 kilos de fentanilo y de dos kilogramos de heroína en la cajuela de una pareja que había recibido la orden de llevar ese cargamento hasta Tijuana, son algunas de las noticias con las que viven día tras día pobladores y jornaleros.
A principios de año, Miguel Alemán se sacudió con un enfrentamiento entre policías ministeriales y sicarios que pretendían rescatar a un sujeto apodado El Comanche, hijo del jefe de plaza de Los Cazadores. La balacera dejó 14 muertos, todos del lado de los criminales, así como dos agentes de investigación lesionados.
Nadie advirtió entonces lo que estaba sucediendo en Miguel Alemán y se desató desde la llegada de Alfonso Durazo al gobierno del estado.
En la comisaría más grande de Sonora, el crimen organizado es el único proveedor e impone el precio de los productos básicos: frijol, arroz, azúcar, harina, aceite, sal de mesa, café soluble, detergente en polvo, etcétera.
Las tiendas que abastecen a los jornaleros se hallan por completo bajo su control.
El crimen organizado tiene al mismo tiempo el monopolio de la distribución de productos como la cerveza, el cigarro e incluso los encendedores: recientemente, un visitante intentaba comprar un encendedor no lo pudo encontrar en ningún establecimiento.
Alguien le explicó que los proveedores de la mafia no los habían surtido y que en las tiendas de la comisaría de Miguel Alemán estaba estrictamente prohibido comprarlos en Hermosillo o en cualquier otro sitio.
El crimen controla al mismo tiempo la producción en los campos agrícolas: como en otras zonas del país impone el pago de cuotas a los productores, por cada kilo cosechado.
Se conoce el caso de trabajadores que una mañana, al ir a recoger uvas, se encontraron con que dos líneas del producto ya habían sido recogidas por los narcotraficantes.
“En los últimos años el narcotráfico ha consolidado su control sobre una región clave para la agricultura del estado”, me explican.
Por un lado, el azote de la pobreza en una de las regiones más marginadas y olvidadas de México; por el otro, la bota del crimen organizado exprimiendo a la gente que, dicen en Miguel Alemán, los políticos visitan únicamente cada tres años.
Una precisión: Por un error, en la columna de ayer dedicada al Operativo Enjambre escribí que un familiar de la alcaldesa de Chimalhuacán era jefe de plaza de un grupo criminal. Esta situación se dio en realidad en el municipio de Chicoloapan. Ofrezco una disculpa a la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez, quien me hizo ver: “Hay una confusión respecto al municipio que usted quiso citar”.
La alcaldesa explica que la fiscalía mexiquense nunca ha notificado a su administración de vínculo alguno de representantes del gobierno de Chimalhuacán con algún grupo criminal.