Hace unos días, el periodista Salvador García Soto, compañero de páginas en este diario, reveló que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo en una reunión con directores de medios de los estados que “cerca de 50 personas que eran testigos clave para el esclarecimiento del caso Iguala, por la información relevante que tenían sobre la desaparición de los 43, han sido ejecutadas desde que las investigaciones fueron tomadas por este gobierno”.
Cerca de 50 personas son más o menos la mitad de los detenidos por el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.
Cerca de 50 personas son más o menos las que han sido liberadas porque el MP no pudo comprobar “lícitamente” su participación en los hechos, o por deficiencias diversas en el debido proceso (van 58 liberados según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH; 61, según la Fiscalía General de la República, FGR).
¿La secretaria Sánchez Cordero tendría que decir quiénes eran esos testigos, en dónde los ejecutaron, en qué se basa para sostener que fueron silenciados? ¿Tendría que explicar qué información pudieron aportar: por qué se les considera “testigos clave”?
Tal vez, pero no ocurrió así.
Entre el medio centenar de liberados figuran algunos de los personajes protagónicos de aquella noche: policías municipales, sicarios, halcones e incluso jefes de célula de la organización criminal Guerreros Unidos.
Han sido liberados, por ejemplo, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Gildardo López Astudillo, El Gil; Patricio Reyes Landa, El Pato; Agustín García Reyes, El Chereje; Salvador Reza Jacobo, El Wereke; Miguel Ángel Landa Bahena, El Duva; Gabriel León Villa, El Gabi, y Oziel Palacios Benítez, El Oso.
Salvo en el caso de El Gabi, acribillado hace poco en la central camionera de Cuernavaca —y probablemente, salvo en el caso de El Duva, cuya supuesta ejecución corre en forma de rumor en el municipio de Cocula—, no existe registro alguno de que los otros 56 liberados hayan perdido la vida.
¿A qué silenciamiento de testigos hizo referencia la secretaria? A pesar de la gravedad de la declaración, al parecer nadie se lo preguntó.
En su conferencia “mañanera” de hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador “denunció” de la existencia de “un pacto de silencio” alrededor de la desaparición de los 43 alumnos. Aquel día, el jefe del Ejecutivo invitó al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y al fiscal general, Alejandro Gertz, a incorporarse a los trabajos de la comisión especial para el caso Iguala, con el propósito de que, todos unidos, logren romper el pacto “que ha perdurado mucho tiempo” y puedan “esclarecer lo acontecido”.
Gertz dijo a continuación: “Recibí una invitación por parte del presidente de la República para reponer el procedimiento de Ayotzinapa que es reiniciar la investigación, sin tocar lo ya hecho”.
¿Qué dijo o qué quiso decir exactamente el fiscal? ¿El presidente puede invitar a eso o a alguna otra cosa a una fiscalía que se supone autónoma? ¿Es legalmente posible ignorar un expediente, así como sus evidencias?
En todo caso, si hemos de atender la narrativa oficial, ahora tenemos 50 testigos muertos, un pacto de silencio, y una “invitación” del presidente para que el fiscal autónomo reinicie la investigación, “sin tocar lo ya hecho”.
Es extraño. Sobre el caso hay tres investigaciones que describen lo que ocurrió esa noche (GIEI, PGR y CNDH), y las tres coinciden en lo fundamental —aunque difieren en sus conclusiones. Una niega que el destino final de los estudiantes haya sido el basurero; las otras dos sostienen que sí lo fue, aunque la CNDH propone una segunda ruta de desaparición: afirma que los alumnos fueron divididos en dos grupos, y que células distintas de los Guerreros Unidos se encargaron de desaparecerlos.
La CNDH ha propuesto algo muy simple para atar los cabos sueltos del caso Iguala: enviar para su estudio en Innsbruck 114 restos óseos encontrados en las inmediaciones del río San Juan. El resultado de ese análisis podría aclarar de una vez por todas lo acontecido. O tal vez podría confirmar que los estudiantes no estuvieron ahí.
¿Entonces por qué no hacerlo? ¿Está el gobierno mexicano preparando una ruta de salida: entregar las cabezas de los funcionarios que llevaron el caso e incurrieron en faltas al debido proceso, para no verse en la bochornosa situación de admitir que al menos 25 alumnos fueron incinerados en el basurero de Cocula?
@hdemauleon
demauleon@hotmail.com
