La presión, la persecución, el hostigamiento cayó de manera implacable sobre al menos seis senadores de oposición para obligarlos a votar en favor de la reforma judicial del presidente López Obrador.
El blanco más evidente fue el veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez. Pero hubo otros. De los que se sabe fueron tres casos en el PAN, dos en el PRI, y uno más en Movimiento Ciudadano.
Seis intentos de doblegar a los legisladores mediante el ofrecimiento de premios y castigos.
Premios y castigos para ellos, para sus familias, para sus cercanos.
Reactivación de expedientes, apertura de carpetas de investigación, revisión en las cuentas públicas, presiones de todo tipo desde las fiscalías estatales.
Y luego, de acuerdo con fuentes del Senado que conocieron los seis casos, la purificación que Morena ofrece a los suyos: cancelación de las averiguaciones, oferta incluso de gubernaturas, y cantidades millonarias.
“El método Adán Augusto”, explican. “A navajazo limpio y sin escrúpulos, y luego una generosidad en la que el cielo es el límite”, explican.
Los operadores del “regalo” con el que Morena quiere despedir al presidente López Obrador se acercaron con ofertas económicas y de altos cargos a Mayuli Latifa Martínez Simón, la senadora panista por Quintana Roo: “No tenía temas judiciales, pero le hicieron ofrecimientos para ella y para su familia”.
Martínez Simón se mantuvo firme. Hace unos días, con diputados federales, locales y senadores del PAN expresó su rechazo a la reforma, anunció mediante un comunicado que votaría en contra de esa legislación e incluso solicitó detener la discusión en el Senado para evitar violaciones a los derechos humanos y laborales que han impugnado el proceso.
Otro de los objetivos fue el senador por Aguascalientes Antonio Martín del Campo quien hace unos días negó haber recibido amenazas, pero advirtió que, “en caso de alguna eventualidad, no me pienso suicidar”.
El legislador advirtió hace unos días que, por si les llegara a ocurrir algo, “los senadores del PAN vamos a estar listos para que en esa sesión estén listos nuestros suplentes porque sabemos lo que se está jugando”.
Fuentes del Senado indican que se abrieron investigaciones en contra del exalcalde y senador reelecto, así como de su familia.
Martín del Campo anunció hace unos días su voto en contra de la reforma que el oficialismo quiere regalar a AMLO. ¿Lo confirmará?
Otro blanco de los operadores de la reforma fue Mely Romero Celis, senadora priista por Colima, quien fue candidata de la coalición opositora y arrasó en su estado con más de cien mil votos. Romero Celis, quien contendió por la gubernatura en 2021, fue la candidata de oposición con mayor fuerza electoral.
También recibió presiones y amenazas de investigaciones, denuncias y apertura de expedientes en contra de ella y de su familia. “Estaré presente en el Senado y votaré con contra de la reforma al Poder Judicial”, adelantó. “El Poder Judicial debe reformarse, pero no de esta manera, poniendo en riesgo la autonomía de los poderes”.
En el Senado se sabe, con preocupación, que hay otro legislador al que los operadores de Morena se han acercado: se trata del senador morelense Ángel García Yáñez, del PRI, al que se ha vinculado con el crimen organizado desde la década pasada, y cuya relación con Esther Yadira “N”, alias La Jefa, publirrelacionista de Guerreros Unidos, era conocida por la clase política de Morelos.
A diversos miembros de la delincuencia organizada les fueron halladas credenciales que los acreditaban como asesores del senador: documentos militares hackeados por el colectivo Guacamaya ubicaron a García Yáñez en reuniones donde jefes criminales decidieron apoyar el triunfo electoral de candidatos que contendieron en Morelos en 2021.
El expediente del senador es abultado y se le considera, además, enemigo político del exgobernador ligado a Morena, Cuauhtémoc Blanco.
Un senador más, hostigado por Morena, fue el emecista Daniel Barreda, colaborador del exalcalde de Campeche, hoy prófugo, Eliseo Fernández. A Barreda se le amenazó con investigaciones y reactivación de expedientes, y de hecho él mantuvo una postura ambigua con respecto a la reforma electoral.
Finalmente se declaró a favor de una reforma al Poder Judicial, “pero no de esta que propone Morena”, y aseguró su voto en contra.
“Desde el Senado lucharé para que Veracruz tenga el trato que merece de parte del gobierno federal. Aquí está mi mano para trabajar junto a los gobiernos Federal y Estatal por el bien de nuestro país y de nuestro estado”, había escrito el senador veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez el 29 de agosto.
La mano estaba tendida. Pero también, dicen, la de Adán Augusto López.
En su escritorio fueron colocadas averiguaciones en contra de su padre, de su madre, de su esposa, así como una orden de aprehensión en contra de su hermano.
Aunque Yunes había asegurado su voto en contra de la reforma, desde el sábado pasado dejó de tomar llamadas. Lo buscó todo mundo: Marko Cortés, Santiago Creel, la coordinadora de la bancada, Guadalupe Murguía, y también representantes de la sociedad civil.
El vacío generó tal incertidumbre que anoche, tras la publicación de una columna en la que se sostuvo que Yunes había llegado a un acuerdo con Adán Augusto López para reventar al frente opositor y vender su voto a cambio de que se diera carpetazo a las investigaciones en contra de su familia, Guadalupe Murguía lo llamó, públicamente, a definirse.
Hasta el cierre de esta columna, Yunes seguía en el limbo.
Mañana se sabrá quiénes resistieron, y quiénes se quebraron. Quiénes debían tanto, que antepusieron su interés al de la nación.
Mientras tanto, esta noche, la república depende de un voto.
