En agosto pasado, mientras los medios revelaban que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acumulaba más personas desaparecidas que en cualquier otro sexenio, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, fue forzada a renunciar.
La instrucción fue dada por el presidente de la República, de acuerdo con fuentes de la Segob así como de la fiscalía de la CDMX consultadas por el columnista. El encargado de llevar el mensaje fue el subsecretario Alejandro Encinas. Quintana fue obligada a presentar su renuncia “con carácter de irrevocable”. En la carta respectiva, Quintana hizo alusión al “contexto actual”.
López Obrador le dio la vuelta al asunto cuando le preguntaron en la “mañanera” a qué se refería la excomisionada con “el contexto actual”: “Puede ser por el censo (que él había ordenado realizar a los llamados Servidores de la Nación) o que la búsqueda se está llevando a cabo por todos lados”, dijo.
Ocultó lo central: le molestaba la idea de pasar a la historia como el presidente con mayor número de desapariciones registradas. El objetivo inicial de su cólera fue la excomisionada, a la que llegó a acusar de ser una infiltrada de la OEA y de operar al servicio de “los conservadores” a fin de desprestigiar a su gobierno.
Pero su cólera no se detuvo ahí. El siguiente paso fue el desmantelamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, uno de los grandes logros de la transición democrática mexicana.
Tras la salida de Ernestina Godoy de la fiscalía capitalina, altos funcionarios revelaron que Claudia Sheinbaum y su dócil fiscal le exigieron a Quintana la entrega del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas --que durante su gestión se había elaborado. Presionaban, además, para que a las clasificaciones “desaparecida”, “no localizada” y “localizada”, contempladas por la ley, se agregara la de “ausente”. De acuerdo con las fuentes consultadas, “querían subclasificar para restarle magnitud al problema y no empañar con el tema de las desapariciones la campaña de la candidata del presidente”.
La intención era manipular el registro para evitar, entre otras cosas, que la ciudad gobernada por Sheinbaum figurara entre las que cuentan con los niveles mayores de desaparición. De hecho, la dependencia dirigida por Godoy se esmeró en no reportar de manera completa la cifra de desaparecidos antes de la llegada de Sheinbaum al gobierno.
Quintana, cuentan en Gobernación, se encontró así entre dos fuegos.
El Registro Nacional se había convertido en una piedra en el zapato de la 4T: López Obrador había mostrado su inconformidad ante el conteo que hablaba de más de 112 mil desapariciones y había instruido a la Secretaría del Bienestar para que los “Servidores de la Nación” hicieran su propio censo “casa por casa”. El presidente pidió además a los gobernadores de Morena que entregaran las bases de datos que tuvieran a su alcance y ordenaran a las fiscalías actualizar sus propios registros.
“Nos llama la atención que tengamos más desaparecidos en el gobierno nuestro que en todo el tiempo de los anteriores gobiernos. ¡Imagínense, nos comparaban y teníamos más desaparecidos que en la época de la guerra de Calderón!”, clamó López Obrador.
En su primera aparición pública tras la renuncia, Quintana consideró adecuado actualizar el registro a fin de tener la mejor información posible. Pero advirtió que la verdadera intención era “reducir la cifra de personas desaparecidas, principalmente en este gobierno”, y señaló el riesgo de que la supuesta actualización no se estuviera llevando a cabo por autoridades especializadas. El tiempo le daría la razón.
El gobierno le echó encima a la excomisionada a uno de los organismos que ha logrado tener bajo servicio: la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En una Recomendación totalmente irregular, dirigida a una persona y no a una institución, la CNDH acusó a Quintana de supuestas omisiones y negligencias en la elaboración del registro, lo que, se lee en el documento, “afectó el derecho de una persona a ser buscada”.
Para lavar su imagen, el gobierno de AMLO anunció finalmente la localización de 16 mil personas (sobre una base de 112 mil). Los medios revelaron, sin embargo, que los familiares de algunos de los “localizados” seguían sin saber de estos.
La nueva comisionada, Teresa Guadalupe Reyes, que llevó a cargos directivos a personajes sin experiencia, entre ellos a un antiguo compañero de la preparatoria de la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, reconoció que ninguna de las 16 mil personas que el gobierno dice haber localizado están con sus familiares.
La semana pasada, en medio de frases demoledoras, colectivos de madres buscadoras denunciaron el despido masivo de funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda, la institución que se atrevió a revelar la tragedia humanitaria que se vive en México.
“Usted está ocupando una silla que nosotros no queremos… ¡No la reconocemos! Tampoco vamos a reconocer al personal que usted contrate a modo y exigimos que el personal de campo que nosotros conocemos y que sí se sale a partir la madre, que sí nos ha dado resultados para la búsqueda de nuestras gentes, que han pasado hambres y sed al lado de nosotros, que a veces han tenido que salir corriendo cuando nos balacean (sean reinstalados)”.
Todo esto, porque, tras la salida de Quintana, lo que vino no fue un enroque de funcionarios, sino un brutal recorte en áreas estratégicas para la búsqueda e identificación de personas, según revelan en Segob. La CNB es otra de las cosas que aniquila el gobierno de AMLO. Ese gobierno está desmantelando la Comisión y afectando, paradójicamente, el derecho de las personas a ser buscadas.
De paso, se embolsa el remanente de un presupuesto de más de mil millones de pesos… ¿Justicia para los desaparecidos y sus familiares? No, mejor dinero para la campaña y cifras que pongan feliz al presidente de México, mientras sigue adelante la gran tragedia humanitaria.
