A unos días, prácticamente a unas horas de que termine la gestión de Andrés Manuel López Obrador, el abogado Vidulfo Rosales ha informado que el Gobierno Federal localizó restos humanos en el basurero de Cocula, los cuales son analizados genéticamente para saber si pertenecen a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala hace 10 años, el 26 de septiembre de 2014.
López Obrador se va cargando la losa de su fracaso en el caso Iguala. Según Rosales, su gobierno ha realizado las mismas acciones que en el sexenio de Peña Nieto: dijo que los especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF, fueron avisados a destiempo, cuando el análisis ya se llevaba a cabo “en un procedimiento irregular cuyo objetivo es evitar que el equipo forense que apoya a los padres y madres pueda participar en la diligencia”.
“En la última etapa de este sexenio se están reeditando toda la serie de acciones irregulares que se hicieron en el sexenio pasado”.
En el basurero de Cocula, donde según la llamada “verdad histórica”, fueron incinerados los estudiantes, el EAAF y la entonces PGR recolectaron más de 63 mil fragmentos óseos hace casi una década.
El basurero fue sometido a continuas revisiones, no sólo por el EAAF, sino también por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI.
A unas horas de irse, el gobierno de AMLO localiza sorpresivamente un nuevo fragmento óseo. ¿Cuál será la explicación?
López Obrador llegó al poder enarbolando la bandera de Ayotzinapa y la noche de su triunfo se comprometió a que el caso quedaría resuelto. Luego de cuatro años en que las investigaciones se extendieron a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, y luego de seis años del sexenio de AMLO, todo parece volver a lo que se quiso destruir, al punto de partida: la llamada “verdad histórica”.
Los diez años de la desaparición de los estudiantes coinciden con el fin del sexenio obradorista para destacar su fracaso. Diez años después, de los 43 estudiantes sólo han aparecido cuatro fragmentos óseos y no ha sido posible determinar (o no se ha querido determinar oficialmente) qué fue de los alumnos de la normal rural a partir de las 11 de la noche del 26 de septiembre de 2014. No hay luz sobre el móvil.
Queda claro solamente que policías municipales entregaron a los alumnos a integrantes de Guerreros Unidos, algunos de los cuales, entre ellos los principales involucrados, fueron liberados durante el gobierno de AMLO.
López Obrador anunció que su gobierno estaba rompiendo un pacto de silencio. Hizo un ridículo monumental cuando el titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa Covaj, Alejandro Encinas, presentó 467 capturas de pantalla supuestamente procedentes de cinco teléfonos a los que misteriosamente había tenido acceso.
Las capturas involucraban en la desaparición a militares del 27 Batallón, quienes los habían llevado, según se dijo al campo militar. De acuerdo con los pantallazos presentados por Encinas, los alumnos habían sido separados, trozados a machetazos o disueltos en ácido para posteriormente ser inhumados en lugares distintos al basurero de Cocula.
Uno de los pantallazos decía que las órdenes venían “desde arriba, desde México”, y decían: “limpien todo”.
Subtenientes, coroneles, generales, capitanes, sargentos, fueron involucrados. Cómo olvidar la entrevista que Encinas le dio a The New York Times, en la que reconoció que la investigación se había hecho al vapor para cumplir con los tiempos políticos de AMLO, que la información no había podido verificarse, que casi todo lo presentado era falso.
Durante el gobierno de AMLO uno de los principales involucrados, Gildardo López Astudillo, El Gil, señalado por halcones y sicarios de Guerreros Unidos como el hombre que orquestó y dirigió la desaparición de los estudiantes (Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, declaró que la orden del Gil fue “darle piso” a los estudiantes y destruir todo lo que pudiera involucrar al grupo criminal, celulares incluidos), fue liberado y convertido en testigo protegido, bajo la clave “Juan”.
Lo llevaron a vivir en un departamento en la Condesa y lo pusieron a investigar los crímenes que él mismo había cometido. Su aportación: una serie de patrañas en las que se deslindó a sí mismo del crimen e involucró a otra de las células de Guerreros Unidos, la que comandaban Los Tilos.
Él fue el que señaló que un grupo de estudiantes fue llevado al 27 Batallón y entregado a los sicarios encargados de destazarlos. Dijo que otros fueron disueltos en ácido y tirados al drenaje.
Según Vidulfo Rosales, existe temor de que El Gil se retracte (ha cambiado su declaración varias veces) para volver a la versión del basurero, y exculpar a elementos del Ejército Mexicano.
El caso lleva diez años entrampado, no se prestó atención al informe que la anterior CNDH presentó hace seis años, y que sigue siendo la investigación más sólida y la que mejor parece haber sobrevivido al tiempo.
Diez años de buscar no queriendo encontrar. Diez años de mentiras. Diez años sin verdad ni justicia y una herencia envenenada: la que AMLO le deja a Claudia Sheinbaum… a menos que el fragmento hallado en Cocula le permita finalmente dejar, como lo prometió, resuelto el caso.
