En los primeros días de abril, a través de un oficio y de llamadas telefónicas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, entró en contacto con un grupo de intelectuales y periodistas de alto perfil mediático.
Figuras con espacios importantes en la radio, los diarios, las redes, la televisión.
Se trataba de ofrecerles, “por instrucciones del señor Presidente de México”, un servicio de protección por parte de la Guardia Nacional.
Algunos de los personajes más visibles de los medios, cuya identidad me reservo para proteger su integridad, recibieron el oficio, que cito textualmente:
“Para el Gobierno de México es una prioridad que sus habitantes vivan en condiciones de seguridad que les permitan desarrollar sus actividades profesionales y personales a plenitud.
“Hoy, como nunca, la libertad de expresión se ejerce sin cortapisas y sin censura. Cada comunicador debe saber que es una garantía constitucional que debemos respetar y defender.
“En el gobierno de México trabajamos todos los días para garantizar las condiciones de seguridad y no pueden ignorarse las voces que, con o sin fundamento, reclaman atención ante posibles contingencias y/o riesgos.
“Por ello, de manera responsable y consciente de que la opinión de todos y todas debe ser escuchada con libertad, por instrucciones del señor Presidente de México, ponemos a su disposición un servicio de protección a su persona que le permita, de requerirlo, contar con elementos de la Guardia Nacional. Aclarando que al momento no se tiene conocimiento de alguna situación que comprometa su integridad.
Dicho servicio será temporal hasta que concluya el proceso electoral”.
Tras el último párrafo, la secretaria Rodríguez se puso a las órdenes de los destinatarios en el teléfono y el correo institucional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En llamadas telefónicas posteriores, realizadas por la funcionaria o por alguno de sus más cercanos colaboradores, se recalcó a los periodistas e intelectuales contactados que el gobierno mexicano no había detectado ninguna situación que pudiera poner en riesgo su seguridad. Se les pidió, sin embargo, en caso de aceptar o rechazar la propuesta, dar respuesta al oficio.
¿Por qué?
En todos los casos que he logrado documentar hasta el momento, se buscó a periodistas e intelectuales que han mantenido una postura crítica ante el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Algunos de ellos han pasado el sexenio bajo el fuego graneado del micrófono presidencial. Las agresiones en contra de estos comenzaron desde los albores del sexenio, cuando en una de las primeras “mañaneras” se exhibió una lista de columnistas que habían escrito artículos críticos en contra de su gobierno: periodistas fifís, conservadores, corruptos, que “no se han portado bien” y “no apoyan la transformación”, diría después.
En 1,321 “mañaneras”, López Obrador a mencionado a solo cinco periodistas al menos 1,368 veces, según los datos de SPIN.
A lo largo del sexenio el presidente se ha dedicado a amedrentar y satanizar comunicadores de manera pública. Ha llegado a amenazarlos: “Si ustedes se pasan, ¿pues ya saben, no?”; ha llegado a pedir públicamente a los dueños de los medios que se deshagan de sus columnistas; ha llegado a decir que tiene en su poder una lista negra de los periodistas críticos. No solo eso, en febrero de 2023 pidió investigar dónde viven los periodistas “que más influyen” en la opinión pública: “Es cosa nada más de indagar un poco, dónde viven estos intelectuales orgánicos, periodistas famosos… A ver, agarren a 10 de los famosos y nada más vayan a ver dónde viven y ya me traen aquí la información para ponerla aquí, me ayudan a eso”.
Tras un sexenio de diatribas y descalificaciones cotidianas; tras un sexenio de dar a conocer sus sueldos, y en algunos casos los domicilios de los periodistas; tras un sexenio de amenazas, intimidaciones y hostigamientos; tras un sexenio de abuso cotidiano del poder político, un sexenio en el que al menos medio centenar de periodistas han sido asesinados, en el que el atentado contra Ciro Gómez Leyva sigue sospechosamente impune, y en el que se ha creado un clima general de hostilidad contra la prensa (una agresión contra medios y periodistas cada 16 horas), el presidente humanista, “de manera responsable y consciente”, pone a disposición de sus víctimas un servicio de protección “hasta que concluya el proceso electoral”.
¿Por qué? ¿Qué están esperando o por qué se están curando en salud?
Queda claro que la secretaria de Seguridad pidió respuesta a su oficio, por escrito, para tener con qué cubrirse en caso de que la protección fuera rechazada y algo sucediera más tarde: nosotros, “de manera responsable y consciente”, ofrecimos protección y no la quisieron.
Todos saben dónde está el principal agresor de la prensa. A él es a quien deberían, de manera responsable y consciente, enviarle un oficio.
Un último punto: no a todos los periodistas de alto perfil que han sido críticos del gobierno se les ofreció protección. ¿Qué criterio siguió la secretaria?
