El 17 de agosto de 2019, la pequeña Alcira González, de dos años de edad, murió al caer desde el primer piso de la exclusiva Plaza Antara, ubicada en Polanco, en la Ciudad de México.
Aquel sábado los familiares de Alcira habían ido a misa a una iglesia cercana. Más tarde se dirigieron a la plaza a hacer compras y comer en familia.
En el primer piso, cerca del área gastronómica, en contra del Reglamento de Construcciones de la capital, se encontraba un espacio abierto, que carecía de protección y señalización.
Alcira cayó y, según el abogado de la familia, quedó prensada entre las vigas de dos cristales publicitarios que se hallaban en la planta baja. En medio de una espantosa desesperación, sus padres, Óscar González y María del Rocío Gómez, corrieron a rescatarla.
Según el abogado de la familia, personal de seguridad impidió la ruptura de los cristales del anuncio, alegando que iban a causar daños en propiedad privada.
Aquella tarde trágica se fueron encimando horror tras horror. Cuando finalmente convencieron a los guardias, relata el abogado Yisroel Cimet, “llegó una persona de la plaza que no estaba capacitada para atender a la pequeña”. Transcurrieron minutos vitales en tanto llegaba una ambulancia que carecía del equipo necesario, y transcurrieron otros minutos vitales hasta que una segunda ambulancia arribó a la plaza.
Se decidió trasladar a Alcira al hospital más cercano, el Hospital Español, situado en Ejército Nacional. El señor González viajaba con su hija en la ambulancia. Al llegar, personal del hospital condicionó la atención de la niña al pago por adelantado de cien mil pesos.
El padre de Alcira tuvo que esperar a que llegara el resto de la familia para completar un anticipo de 40 mil pesos y lograr que la menor fuera admitida en Urgencias.
Era tarde. Los signos vitales de la niña no eran buenos. Debían someterla a una operación de cráneo. “Con todo, les volvieron a decir que para atenderla requerían de un anticipo de cien mil”, cuenta Cimet.
El abuelo de Alcira firmó un pagaré en blanco. Ese mismo día, Alcira murió.
Pasó un año. El primero.
La familia realizó un homenaje en el lugar de la tragedia y acudieron algunos medios de comunicación. El mismo personal de seguridad que había impedido que los cristales publicitarios fueran “dañados” ahora se acercó con el argumento de que en la plaza no se podía grabar. Era de los males el menor.
Se había iniciado un procedimiento para exigir castigo a los responsables, así como la reparación del daño, el cierre de la plaza y el otorgamiento de medidas cautelares, “a fin de evitar la repetición de lo sucedido”.
Están a punto de cumplirse dos años de la muerte de Alcira y la familia sigue prácticamente como al principio. El representante legal de la aseguradora contratada por la plaza ha evitado presentarse “en más de tres ocasiones” a declarar y aportar información sobre el homicidio de la niña.
Aunque la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación, continúa el desahogo de pruebas, el deslinde de responsabilidades y una promesa de justicia que aún no sucede.
Por el contrario, afirma Yisroel Cimet, el representante legal de la aseguradora ha interpuesto amparos “a fin de no presentarse ante el ministerio público y colaborar con las investigaciones”. A casi dos años, nadie, absolutamente nadie, ha tenido contacto con la familia González, ni con su representación legal.
“Le rogamos su apoyo para la difusión de este suceso”, me pide el abogado de la familia, “porque hasta ahora nos hemos topado con un muro: un muro que debió estar aquel día en el primer piso de la Plaza Antara, y no obstaculizando la llegada de la justicia”.