Con el juicio y la sentencia a Genaro García Luna, el Juez Brian Cogan de la Corte Federal de Brooklyn nos ha mandado una serie de mensajes en texto y en subtexto que merecen la pena tomar en cuenta.
Nos ha dicho que debemos abrir los ojos y ver que hay servidores públicos en México con una doble vida, una pública, que los hace parecer respetables hombres de familia y otra secreta vinculada con actividades criminales. Entender que, en algunos casos, la distinción entre delincuentes y funcionarios es solamente formal; que tenemos criminales en altos niveles de responsabilidad que en lugar de perseguir a los delincuentes los protegen y utilizan su cargo con fines de enriquecimiento personal.
Al compararlo con el Chapo nos ha dicho que García Luna es un supervillano, pero no un lobo solitario inteligente; no actúo solo, sino como parte de una estructura criminal de servidores públicos articulada en diferentes niveles. El más alto es el que controla las reglas de operación, pero los restantes son piezas indispensables del engranaje que permite que el mecanismo funcione. Es decir, es un sistema no un solo hombre. Centrar la narrativa solo en García Luna difumina la cadena de responsabilidades.
Por tanto, el mensaje para nuestras instituciones de procuración y administración de justicia es que si en su Corte un jurado lo pudo encontrar culpable solamente con el testimonio de criminales convictos y confesos; con esos medios de prueba (o mejores) nuestras instituciones deberían ser capaces de identificar, perseguir, detener, acusar, juzgar y condenar a todos los servidores públicos que formaban parte de la línea de mando que obedecía a García Luna para la protección del Cártel de Sinaloa.
En esta lógica, el Juez federal del condado de Brooklyn manda un mensaje especial a la clase política y a funcionarios responsables de la seguridad en nuestro país, que no va a ver impunidad y, por eso, han cambiado las reglas para juzgar la corrupción y los vínculos con el narcotráfico; al determinar la culpabilidad solo con el testimonio de testigos, el estándar de prueba de “más allá de la duda razonable”, ha bajado a “lo que parece solo razonable” y por muy poderoso que sea un funcionario público, de ayer o de hoy, tarde o temprano enfrentará a la justicia.
Hay finalmente un mensaje para las y los mexicanos. Al dictarle una sentencia de solo 38 años y 4 meses, deja abierta la puerta a García Luna para que pueda volver a ser un hombre libre y reducir los años de prisión en la apelación y/o por medio de beneficios penitenciarios. Con ello el Juez Cogan nos está diciendo que la amenaza de la cárcel ni intimida ni castiga ni mucho menos resocializa a los criminales y como sociedad debemos ser capaces de reinventar el castigo para resignificar el sentido de la justicia.
Para casos como los de García Luna, Edgar Veytia, Tomás Yarrington, Osiel Cárdenas Guillén, Ismael “Mayito Gordo” Zambada, Dámaso López, Ismael Zambada Niebla, estos últimos en libertad por acuerdos de culpabilidad con la justicia norteamericana, debemos empezar a pensar, por ejemplo, en un juicio en ausencia con un jurado popular y un juez que condene a la pérdida de la ciudadanía que los convierta en un paria social; la prohibición de regresar al país; la demolición pública de sus bienes inmuebles; y, escribir su nombre en un antimonumento sobre Paseo de la Reforma, para que la memoria colectiva de la sociedad no olvide nunca sus nombres como símbolo de corrupción y del daño que le han hecho a nuestro país y a las y los mexicanos.
Más allá de la cárcel, como base del sistema de justicia penal, debemos encontrar fórmulas que inhiban la comisión de delitos que tengan como sustento procesos de justicia simbólica, memoria, verdad y garantías de no repetición. Quizás solo así los cientos de miles de víctimas podrán sentir que se hizo justicia.
